Las nóminas lastran a los municipios andaluces

La caída de ingresos de las Administraciones públicas, que difícilmente pueden atender los compromisos de pago que ya tienen adquiridos, y la derivada necesidad de ajuste presupuestario para equilibrar las cuentas, pone lógicamente en estado de revisión el capítulo que más recursos consume, el personal.

El problema es especialmente grave en los Ayuntamientos, para los que el pago de nóminas consume ya más de la tercera parte de sus gastos totales. En los últimos meses abundan los llamamientos de consistorios que aducen tener dificultades para pagar los salarios del personal, y tras las elecciones municipales del pasado mayo, son numerosas las corporaciones que tratan de poner en marcha planes de reducción de estos costes.

Según datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, solo en los 29 Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, las obligaciones de pago de las nóminas representaban ya en 2008 en conjunto algo más del 32% del presupuesto municipal (1.382,3 millones de euros), si bien en los pagos efectivamente realizados la proporción es aún mayor, roza el 40%, y es que mientras que el gasto corriente o el pago de inversiones puede diferirse, el abono de las nóminas no admite esperas. Las inversiones en cambio apenas suponen el 12,4% de los recursos municipales.

En el caso de las diputaciones, el gasto de personal representa el 30% del presupuesto total de las ocho (32,8% en desembolso real), que en términos absolutos son más de 508 millones de euros, aunque con una variada gama de casos entre el 18% de Córdoba y el 39% de Almería.

Según datos de la Cámara de Cuentas de Andalucía, solo en los 29 Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, las obligaciones de pago de las nóminas representaban ya en 2008 en conjunto algo más del 32% del presupuesto municipal

Hay un abanico considerable de situaciones entre los distintos municipios, desde el 16,5% de El Ejido, hasta el 50% de la Línea de la Concepción, el 48,2% de Mijas, el 44,5% de Torremolinos, o el 38% de Jerez, primer consistorio que presentó un expediente de regulación de empleo.

Pese a ser un tema acuciante para las haciendas locales, apenas salió a la luz durante la campaña para los comicios municipales del 22 de mayo. Los partidos admiten con la boca chica que es necesario acometer recortes para adecuar las plantillas municipales a las disponibilidades económicas, incluso con reducciones de plantilla si es preciso, pero difícilmente lo exteriorizan por temor a la impopularidad.

Hasta ahora los planes de ajuste se han centrado en las retribuciones de los cargos electos y de confianza. Y en donde se han planteado afecciones al conjunto de la plantilla como en Estepona o en la Diputación de Málaga, van en la línea de congelaciones salariales, eliminación de complementos y prestaciones sociales, o reducción de horas extras.

Por esta vía apuesta por ejemplo el exministro de Trabajo Manuel Pimentel, convencido de que los Ayuntamientos han sobredimensionado sus plantillas en los últimos años, y quien propone una nueva estructura en la negociación colectiva. Pimentel sostiene que normalmente un funcionario municipal tiene un salario más alto que sus equivalentes en la Administración central y autonómica, por lo que propone que los convenios tengan un ámbito provincial o autonómico.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP), Francisco Toscano, recalca que “lo último que hay que hacer es despedir a nadie en los Ayuntamientos, porque ello agravaría aún más la situación de desempleo”. Toscano, alcalde de Dos Hermanas, apuesta por “seguir otros caminos” como la amortización de plazas o las jubilaciones.

En Málaga, el secretario general de CCOO, Antonio Herrera, advierte del riesgo perverso de las generalizaciones. “Puede haber algún Ayuntamiento con exceso de plantilla, pero eso tendrá que verse caso a caso y, desde luego, no es la generalidad”. Herrera, que fue concejal por Izquierda Unida, recuerda que hay países europeos que tienen mayor porcentaje de funcionarios y en los Consistorios ya solo se cubre el 10% de las plazas que quedan vacantes. Cree que detrás del debate de la reducción de plantilla se ocultan intenciones privatizadoras “Cuando se quiere adelgazar el sector público es que se quiere engordar el privado”, dice.

El presidente de la comisión de Empleo de la FAMP, Fernando Zamora, apuesta porque cada Ayuntamiento haga su ajuste en función de sus necesidades, aunque recomienda el esfuerzo de no reducir plantilla. El alcalde de San Juan de Aznalfarache sostiene que en general “los Ayuntamientos están dimensionados para la multitud de servicios que prestan y de los que no se deben prescindir”, y remite el asunto de nuevo a la resolución de la financiación de las haciendas locales.