El TSJM admite a trámite el recurso del PSOE contra la medalla concedida por Ayuso a Milei

La sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso promovido por el PSOE contra la decisión de Isabel Díaz Ayuso de conceder el 21 junio al presidente de Argentina, Javier Milei, la medalla internacional de la región, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Los socialistas, liderados por Juan Lobato, su líder en la Comunidad de Madrid, consideran que la distinción fue otorgada “en fraude de ley”, ya que el decreto que la oficializa habría sido “dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento y los requisitos legalmente establecidos”. Aunque no se citan en el recurso, esos incumplimientos afectarían tanto a la ley de acción exterior estatal como a la propia normativa que regula el galardón, y que exige que el viaje del galardonado tenga carácter oficial, según dos fuentes consultadas. Contra la resolución de admitir el recurso a trámite, dictada el 11 de septiembre, cabía interponer recurso de reposición, pero el ejecutivo autonómico ha decidido no hacerlo.

“Procede admitir a trámite el recurso y requerir (...) a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo”, se lee en el decreto judicial, que da al Gobierno regional un plazo de 20 días para enviar la documentación que acompaña a la concesión de la medalla a Milei.

Esto dice Lobato tras la admisión del recurso: “Hay una razón jurídica y otra política. La justicia por su camino, y la política por el otro”. “Esa medalla no representa el sentir de la mayoría madrileños ni favorece los intereses de los madrileños”, prosigue el líder de los socialistas madrileños, para concluir: “Está claro que la señora Ayuso se va a pensar mucho volver a verse con Milei en el futuro. Es consciente que en ese juego pierde España y pierde Madrid”.

El recurso del PSOE se centra en el decreto que oficializa la concesión de la medalla a Milei, y que fue publicado en el boletín regional el mismo 21 de junio en el que se celebró la ceremonia correspondiente en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño. En él, los socialistas argumentan que la distinción responde “única y exclusivamente a la cercanía política del distinguido con la Presidenta de la Comunidad de Madrid y proponente de la distinción”, lo que convierte la cita institucional, a su juicio, “en una actuación de propaganda política partidista”, infringiendo así, “el principio de neutralidad y objetividad de las Administraciones Públicas, recogido en el artículo 103 de la Constitución Española”.

Por ello, los socialistas reclaman “su declaración de nulidad radical de pleno derecho al haber sido dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento y requisitos legalmente establecidos, con las consecuencias jurídicas que de ello deriven”. Y explican: “Interponemos el presente recurso para velar por la legalidad de las instituciones y frente a la utilización partidista y ventajosa de las Instituciones Públicas en contra de los valores y principios constitucionales, así como de nuestros propios intereses como partido político”.

El documento está firmado por Mercedes González, que lo rubricó en julio, antes de ser nombrada directora de la Guardia Civil; y tres representantes socialistas en la Asamblea, lo que refleja el papel jugado por Lobato en el pulso jurídico que ahora empieza.

Discusión diplomática

Todo ocurre así. Desde el mismo anuncio de la cita entre Ayuso y Milei, surge la doble discusión sobre si la decisión de la presidenta regional incumple la ley de acción exterior estatal; y sobre si Milei estaba, o no, de viaje oficial en Madrid, requisito indispensable para la concesión de la medalla internacional de la región, según la ley que la regula.

“Sin duda se trata de una visita privada. No hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora de esa visita”, afirmó, categóricamente, José Manuel Albares, ministro de Exteriores. Sin embargo, caben otras interpretaciones.

“Se puede acudir a los usos y costumbres del derecho internacional público”, contrapuso Bernardo Navazo, politólogo e ingeniero aeronáutico español especializado en política e industria de defensa y relaciones internacionales. “Si Milei ha comunicado su visita, y el Gobierno de España le ha permitido aterrizar en la base militar de Torrejón, le ha puesto escolta, ha permitido que los suyos porten armas... está reconociendo, de facto, la visita como oficial”.