Funcionarios sin sueldo hasta nuevo aviso

Moratalla se convierte en uno de los primeros municipios en no pagar a sus empleados La FEMP asegura que su caso es insólito en toda España

Aspirantes a funcionarios de la Xunta de Galicia, en Pontevedra, en 2009
Aspirantes a funcionarios de la Xunta de Galicia, en Pontevedra, en 2009Andrés Fraga

José (nombre figurado) tiene 30 años. Hace seis, ingresó en la plantilla de la Policía Local de Moratalla (Murcia, 8.500 habitantes). La estabilidad de un trabajo de 1.500 euros netos al mes le animó encerrarse e hincar los codos. Superó el reto. Aprobó la oposición y consiguió un empleo que, pensaba, era para toda la vida. Se casó y compró una casa. “Todo iba bien hasta abril”, relata preocupado. Entonces, dejó de cobrar.

Veinte de sus compañeros de la comisaría, y otros 30 funcionarios quedaron en la misma situación. Se habían convertido en los primeros 50 trabajadores públicos de España sin nómina. Adiós al sueño del funcionario vitalicio. “Es un caso insólito, no tenemos constancia de nada parecido en el país”, reconocen desde de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que agrupa al 90% de los más de 8.100 consistorios españoles.

Moratalla adeuda 6.000 euros a cada uno de sus policías que, por ley, deben acudir al trabajo cada día, aunque no vean un euro a fin de mes. Sus nóminas figuran entre los 520.000 euros pendientes de pago que el Ayuntamiento guarda en los cajones. En su misma situación se encuentran los trabajadores de la guardería (nueve empleados), del centro de día (siete), de la escuela de música (10), y del servicio de recogida de basura (10). En total, 120 trabajadores, 50 de ellos funcionarios.

“No paso hambre porque me ayuda mi familia”, admite José, que afronta una hipoteca. La situación financiera del municipio, atenazado por una deuda de 28 millones de euros y descubiertos bancarios de 251.000, le conducen al pesimismo. Jose confía en que el actual alcalde Antonio García, que recaló en la alcaldía el 22-M con mayoría absoluta, solucione la situación. "Es la persona más capacitada que tenemos en el pueblo", dice.

Cándida Marín, de 41 años, recibió en abril su última nómina de 1.400 euros como directora del centro de día del municipio, donde acuden diariamente una veintena de ancianos. “Esto se veía venir”, denuncia. “Cada historia es un drama”. Marín, que también es delegada local del sindicato Comisiones Obreras critica que el plan de recortes aprobado recientemente por el alcalde popular —que incluye subidas del agua del 30% y duplicar las tasas de la escuela infantil de 60 a 120 euros al mes— no se ceba en gastos superfluos, “como los festejos municipales”. Asegura que la corporación no echó mano de la tijera en sus fiestas patronales, conocidas por los encierros. “Hace 15 días tuvimos aquí 80 vacas para los corredores, ¿por qué no suprimen eso?”. La deuda de las fiestas suma 700.000 euros, según Marín.

“Moratalla es un caso aislado, aunque el 40% de los Ayuntamientos atraviesa una situación grave, de asfixia financiera”, afirma Pedro Arahuete, alcalde de Segovia (PSOE) y presidente de la comisión de Hacienda de la FEMP. Admite el político que el panorama “tiende a empeorar” y anima a adoptar una solución de urgencia. El objetivo, garantizar el cobro de las nóminas y evitar casos como el de la ciudad murciana. Las plantillas de los Ayuntamientos tienen 556.568 funcionarios y concentran el 20% de los trabajadores públicos de todas las administraciones (2.680.219).

Amparo Llorente, quiosquera de 41 años, no es funcionaria, aunque sufre los azotes de la sequía financiera de Moratalla, que lleva dos años sin pagarle los periódicos. Le deben 2.000 euros y, por eso, dejó de suministrar la prensa al consistorio hace un mes. “Me han ido engañando, al principio me lo creía, pero ya no aguanto más”, zanja contundente. Sus facturas se amontonan con las del resto de proveedores, la mayoría pequeñas empresas locales, que suman nueve millones.

Llorente, que también preside la asociación local de comerciantes, se desplaza cada día al camping La Puerta, a ocho kilómetros del centro urbano, en la ribera del río Alharabe. Allí, en pleno paraje natural, intenta compensar la caída de ventas de su negocio de periódicos. No le queda más remedio que buscarse la vida. “En Moratalla no hay nada que hacer, hemos retrocedido 30 años”, asegura. “Hasta la época en que la gente viajaba a la vendimia a Francia para huir de la miseria”.

Sobre la firma

Joaquín Gil

Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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