Andalucía obliga a señalar y proteger los enclaves de la represión franquista

España y Andalucía están en capilla electoral, pero el Gobierno autónomo “no está pensando en las elecciones, sino en desarrollar su agenda”, ha dicho hoy la consejera de la Presidencia, Mar Moreno. Y así, en el amplio paquete de decisiones que hoy ha adoptado el Consejo de Gobierno figura el decreto por el que se crea la figura de los lugares de la memoria histórica, es decir, aquellos enclaves de la Guerra Civil y de la dictadura franquista donde ocurrieron asesinatos o vejaciones en contra de la libertad. El decreto obligará a los Ayuntamientos a señalar y preservar estos enclaves.

La intención de la Consejería de Gobernación, una vez que ya tiene cobertura jurídica, es que antes de fin de año algunos de estos lugares estén ya señalizados. El consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, eludió especificar cuáles serán los primeros, aunque a lo largo del mes de agosto —probablemente durante el acto del 75 aniversario del fusilamiento de Blas Infante— indique algunos sitios.

Gobernación tiene ya identificados, entre otros sitios, la tapia-paredón del cementerio de Granada. En este lugar, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva cuatro años colocando el 20 de julio una placa en homenaje a los 4.000 fusilados durante la Guerra Civil. Los mismos años que lleva el gobierno local del PP retirándola.

La consideración de un emplazamiento como Lugar de Memoria Histórica obligará a la administración pública titular del mismo a garantizar su identificación, señalización, preservación y, en el caso de que el lugar experimente alguna transformación de importancia, a mantener una huella o registro permanente que sirva para recordar los hechos relacionados con el sitio.

Asimismo, Menacho ha destacado que cuando la propiedad sea privada, la Junta de Andalucía fomentará la firma de acuerdos con las personas y entidades titulares para alcanzar los mismos fines.

La declaración, que corresponde al Consejo de Gobierno, conllevará un informe exhaustivo con documentación sobre el lugar, su evolución histórica y la narración de los hechos que motivan su reconocimiento con los datos sobre las personas e instituciones que se vieron involucradas.

De acuerdo con el decreto regulador aprobado hoy, el inicio del procedimiento de declaración es competencia del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, dependiente de la Consejería de Gobernación y Justicia. Este proceso se prolongará durante un periodo total de seis meses desde su inicio hasta su resolución.

Un grupo de siete expertos estudiará la propuesta y emitirá un informe de carácter vinculante basado en motivos históricos y científicos.