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EDITORIAL

Salida de emergencia

Las autonomías del PP aceptan el recurso al ICO, pero avivan el conflicto político de cara al público

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles ratificó las extrañas formas de hacer política que tiene el Partido Popular (PP). Durante la sesión parlamentaria matinal, el presidente del partido, Mariano Rajoy, había exigido que se aplazara a 10 años la devolución del exceso de dinero (nada menos que 18.736 millones en total) que han recibido las autonomías por error en el cálculo de los ingresos fiscales, que el Gobierno adelantara los fondos de competitividad y convergencia, y que las comunidades pudieran emitir deuda con el aval del Estado. Pero en el Consejo, donde es necesario presentar pruebas y argumentos, los presidentes autonómicos del PP bajaron el diapasón del conflicto. Es más, ratificaron dos principios importantes: el compromiso de moderar el déficit autonómico en el 1,3% del PIB y una regla que limite el gasto público de las comunidades en función del ciclo económico.

Y, con las reticencias de rigor, aprobaron el plan de Economía de acceder a créditos del ICO destinados a cubrir la deuda con sus proveedores. La solución no es perfecta, pero sirve para salir del paso. Apenas repercute en las obligaciones de las autonomías, pero contribuirá a aliviar la situación de las empresas suministradoras.

Pero, una vez terminado el Consejo, el PP volvió a llevar el debate político sobre las finanzas autonómicas adonde más le gusta, que es al estruendo mediático. El presidente gallego, Núñez Feijóo, adelantado de las reivindicaciones del PP, insistió en que la estabilidad es imposible si no se cumplen las exigencias de los Gobiernos populares. Está latente la amenaza de un colapso dirigido del sistema autonómico. Esto es política (tal como la entiende el PP), no un debate sobre cómo se mejora la gestión pública. El PP amontona inconvenientes (devolución de transferencias, a la que ya se ha negado el Gobierno, o peticiones financieras imposibles) para acorralar un poco más al Ejecutivo y encharcar el terreno de juego al candidato Rubalcaba.

El problema es que al equipo económico del Gobierno le asisten esta vez buenas razones. Lo que pretenden Rajoy y su corte autonómica es hacer responsable al Ejecutivo del desequilibrio de las cuentas de las comunidades y trasladar el peso del ajuste autonómico a la Hacienda pública. Pero, como explicó la vicepresidenta Salgado, las autonomías dispondrán de un margen adicional de gasto en 2012, mientras que el Gobierno tendrá que seguir ajustando sus cuentas. No hay razón objetiva para temer un colapso ni para demorar las devoluciones desde los cinco años actuales a 10. Si Hacienda aceptara la prórroga a un decenio, el PP y su abrumador peso autonómico reclamarían 15 o 20 años.

El estribillo del presidente del PP es que, puesto que el Gobierno se equivocó al calcular los ingresos, debe ahora resolver el problema. Rajoy no aprecia responsabilidades políticas en el desaguisado autonómico. Pero resulta que los dirigentes autonómicos se han aplicado durante decenios a una política de gasto próxima al despilfarro (baste citar las obras faraónicas en Galicia o en Valencia) fiados a una provisión de ingresos inagotables originados por la prosperidad económica basada en la burbuja inmobiliaria.

Es hora de aceptar los hechos. A las autonomías les espera un duro ajuste por delante y el TC ha dictaminado que el Gobierno tiene competencias en el control del gasto autonómico. Sobre ambos principios, el PP tendrá que decidir si quiere colaborar en la tarea de garantizar la solvencia de la deuda o si pretende seguir con la maniobra indigna de gritar que el Estado de las autonomías se hunde. Si se decide por lo primero, basta con que guarde silencio durante algunos meses y los Gobiernos autónomos que controla presenten a discusión en septiembre la regla de gasto para sus Administraciones.