El Ejecutivo se niega a la devolución de competencias que plantea el PP

Las dificultades de las comunidades autónomas para lograr cumplir con el objetivo del déficit les ha obligado a plantearse medidas y soluciones que, en algunos casos, han reabierto el debate sobre el sistema autonómico. Algunas comunidades gobernadas por el PP, están considerando desprenderse de aquellas competencias que les generan mayor gasto. En Murcia, su presidente Ramón Luis Valcárcel, alertó ayer de que si la comunidad no recibía la financiación suficiente no dudaría en renunciar a gestionar sanidad y educación.

Recientemente Murcia y Castilla-La Mancha, gobernada por la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, también han decidido no asumir la competencia en Justicia. La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, avisó durante una conferencia en el campus de FAES de que se estaba planteando renunciar a la transferencia en Justicia porque había quintuplicado la inversión en esa materia sin haber observado mejoría en la gestión.

El Ejecutivo entiende que tras la postura de las comunidades del PP de renunciar a la gestión de las competencias que no le son rentables, subyace una actitud de ese partido contraria al Estado de las Autonomías. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en una entrevista concedida a EL PAÍS, declaró que los populares "nunca han creído en el título octavo de la Constitución y por tanto se sienten incapaces en muchos casos de gestionarlo y de asumir sus responsabilidades".

El Ejecutivo entiende que tras la postura de las comunidades del PP subyace la actitud de ese partido contraria al Estado de las Autonomías

Desde el Gobierno alegan que la solución para acabar con los problemas económicos de las comunidades no pasa por deshacerse de aquellas competencias que merman sus arcas. Por el contrario les exhortan a que se hagan cargo las competencias que les han sido transferidas y que vienen recogidas en sus respectivos Estatutos. Caamaño precisó que "las comunidades que tienen la competencias ya transferidas tienen que cumplir con su responsabilidad", devolverlas implicaría una "reforma de la Constitución y los estatutos".

El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, ha censurado el planteamiento del principal partido de la oposición, que para el presidente del PSOE responde a la "tendencia renacionalizadora" de los populares "que nunca han creído en el éxito del Estado autonómico". La última en pronunciarse ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, Elena Salgado, que en la cadena SER ha afirmado que el plan del PP "niega la esencia del Estado de las autonomías".

Chaves, ya avisó de que "las competencias, una vez transferidas, no se pueden devolver". El dirigente socialista indicó que las transferencias se negocian y se "autorizan porque así lo establece la Constitución española". En la misma línea se manifestó el ministro de Justicia que en la entrevista a este diario se mostraba tajante al explicar que el Gobierno de España aboga por el cumplimiento de la Carta Magna y los Estatutos de Autonomía, que recogen las competencias asumidas por las comunidades. “Cuando uno los redacta, la Constitución permite asumir las competencias que uno quiere. Si se ha asumido las competencias de Justicia la responsabilidad del Gobierno regional es ejercerla. No se puede ser autonomista para las maduras y no para las duras".

Las comunidades que tienen la competencias ya transferidas tienen que cumplir con su responsabilidad" Francisco Caamaño

La ministra de Sanidad, Leire Pajín, ha emplazado al PP a que aclare si tiene una posición diferente al Estado de las Autonomías "que hemos construido entre todos". Pajín ha sido muy tajante con las declaraciones de Valcárcel en las que dejó la puerta abierta a la devolución de las competencias de sanidad y educación: "Asegurar eso, incluso amagar, supone renunciar al modelo constitucional", ha asegurado.

Caamaño también ha sido muy crítico con la posibilidad de que Madrid se deshaga de la competencia en materia de Justicia." No pueden devolvérnosla. Se ha hecho un proceso de transferencia negociado, se ha valorado cuánto es económicamente, después de largas discusiones, y largos debates", explicó a EL PAÍS. El ministro sí se mostró más comprensivo sobre los motivos que ha aducido Aguirre para valorar esa opción, la falta de eficacia pese al dinero invertido. "Desde el año 2004 y hasta ahora el conjunto de los poderes públicos españoles han incrementado la inversión en justicia en más del 50%. Hemos mejorado algo la eficiencia, pero no en los ritmos deseables". Explicó que el sistema español no funciona pese a que "España invierte hoy más en justicia por habitante que Francia, Reino Unido e Italia". Caamaño concluyó que salvo que se modifiquen leyes, como la de Enjuiciamiento Criminal, "con dinero no se soluciona" el problema de la gestión en Justicia, sino que "hay que ir a cambios profundos".

El PP, sin embargo, se muestra muy compresivo con el anuncio de devolver las competencias. El consejero de Hacienda y Administración Pública de Valencia, José Manuel Vela, consideró "de sentido común" plantear la renuncia a sanidad y educación "si ese ámbito competencial no está financiado correctamente". Su homólogo en Madrid, Percival Manglano, recordó que su presidenta ya se había planteado deshacerse de Justicia.