Hacienda frena las transferencias a las comunidades con déficit

La herramienta que ha puesto en marcha el Gobierno para penalizar a las comunidades autónomas con las cuentas maltrechas empieza a dar frutos. Hacienda está frenando proyectos de desarrollo rural, innovación y bibliotecas, entre otras materias, en Administraciones cuyo déficit es excesivo, según confirman las diversas fuentes gubernamentales consultadas. Esas decisiones han tenido ya un primer impacto en el gasto estatal. El capítulo que recoge las transferencias por convenios firmados con las comunidades suma 370 millones de euros hasta mayo, lo que supone una caída interanual del 35%, según los últimos datos de ejecución presupuestaria.

Las cuentas autonómicas se han convertido en el principal elemento de incertidumbre en la senda de austeridad emprendida por las Administraciones públicas en los dos últimos años. Tras los incumplimientos de 2010, el Ministerio de Economía decidió habilitar un nuevo instrumento de disuasión del gasto que pasó casi inadvertido en el momento de aprobarse. Los Presupuestos de 2011 incluyeron una disposición por la cual este ministerio debe autorizar cualquier convenio nuevo (o la renovación de uno anterior) suscrito con comunidades “que hubieran incumplido su objetivo de estabilidad para los años 2009, 2010 y 2011”. Hasta entonces, el único instrumento gubernamental para reconducir las cuentas autonómicas era el veto al endeudamiento a largo plazo.

En la práctica, el criterio para poner nombre a estas comunidades es la existencia o no del plan de reequilibrio que se les exige cuando rebasan el déficit autorizado. Así lo expresó la vicepresidenta económica, Elena Salgado, en el Consejo de Ministros de hace dos semanas. “Será en el segundo semestre cuando verdaderamente se ponga en marcha este instrumento”, añadió entonces Salgado, lo que indica que el bloqueo de fondos puede resultar incluso más intenso que esa caída del 35% al final del ejercicio. Además del coto al gasto autonómico, el retroceso refleja la menor disponibilidad presupuestaria del Estado, fruto de las políticas de ajuste.

Con esa vara de medir, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana deberían tener el grifo cerrado, pues aún no han logrado convencer al Gobierno de cómo van a reconducir sus números rojos. Pero la redacción del texto legal da pie a que Hacienda tenga en cuenta otras consideraciones para permitir o paralizar proyectos. Los convenios suelen implicar la financiación de proyectos a partes iguales entre el Estado y las comunidades. Al bloquearlos, Hacienda evita que la comunidad gaste ese dinero y al mismo tiempo la priva de la inyección estatal que habría recibido si hubiera cumplido las reglas.

Con el criterio de Salgado, seis regiones tienen cerrado el grifo

Con respaldo legal o sin él, cualquier medida que implique tratar de forma diferente a las comunidades enciende los ánimos de estas Administraciones (y en ocasiones también de los ministerios que tienen que cerrar la puerta a proyectos ya maduros). El malestar es especialmente palpable en el Ministerio de Medio Ambiente, uno de los que más transferencias autonómicas maneja y el que aplica con más rigor el mandato de Economía. Este ministerio ha dado orden por escrito de paralizar los proyectos que impliquen trasvase de fondos a las comunidades, a excepción de Madrid, La Rioja, Galicia, Canarias, Extremadura y País Vasco.

La lista de incumplidoras no es fija: se reduce a medida que las comunidades van recibiendo luz verde a sus planes de reequilibrio. De hecho, Medio Ambiente se dispone a firmar convenios de desarrollo rural con Galicia, La Rioja, Navarra, Madrid, Aragón y Extremadura, según explican fuentes de ese departamento, por importe de unos 200 millones. Pero las comunidades excluidas acogen mal la negativa, sobre todo Asturias, una de las más activas en la oposición al bloqueo.

La medida incomoda a los ministerios que tienen que aplicarla

La aplicación es diferente en las políticas de innovación. El Ministerio de Ciencia tenía firmados convenios con nueve comunidades por importe de 817 millones y de momento ha decidido no ampliarlos al resto, ante las dudas de que puedan estar afectadas por las restricciones, según explica un portavoz. Así, se quedan fuera Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Murcia, Galicia y Asturias, aunque algunas de ellas cumplen perfectamente los requisitos del déficit.

En Cultura, el ministerio ha bloqueado partidas para bibliotecas en Administraciones con déficit excesivo. El caso más emblemático es el de Cataluña, la comunidad que más batalla con el Ejecutivo por el control de las cuentas y una de las que más desequilibrios registraron al cierre de 2010. La Administración central dejará de aportar 1,7 millones este año, aunque la Generalitat tiene intención de abonar su parte.

La aplicación más laxa de la norma corresponde a Educación. El ministerio se ha limitado a eximir a las comunidades de aportar su cuota en los programas de financiación de escuelas infantiles, desarrollo tecnológico y refuerzo educativo, entre otras partidas. El Estado aporta 510 millones que las regiones recibirán independientemente de sus cuentas y a los que podrán añadir una parte de su 50% correspondiente, la totalidad o nada.