El Gobierno impulsa leyes para cambiar tras más de un siglo el proceso penal

El Consejo de Ministros ha dado esta mañana el primer paso para aprobar el nuevo procedimiento penal y asegurar la protección de las garantías constitucionales. Para eso, estudiará dos anteproyectos de ley que se tramitarían en paralelo: la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y una Ley Orgánica de Desarrollo de los Derechos Fundamentales Vinculados al Proceso Penal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El primero prevé, por ejemplo, que la instrucción recaiga sobre los fiscales y crea la figura del juez de garantías, sustituyendo la ley, que con modificaciones parciales, está en vigor desde el siglo XIX. El segundo supone garantizar en una sola ley orgánica derechos fundamentales que, en algunos casos estaban en la Constitución o en principios genéricos y dispersos. Por ejemplo, las intervenciones telefónicas, la interceptación de comunicaciones de abogados con sus clientes, las pruebas de ADN, el derecho a la doble instancia penal o los registros en domicilios, entre otros.

Además, en este momento, la parcheada Ley de Enjuiciamiento ha acumulado en sus reformas parciales apartados con carácter de ley orgánica y ahora se agrupan por primera vez en una ley específica, que requiere mayoría absoluta para su aprobación. El anteproyecto de la ley orgánica tiene 15 artículos y la de Enjuiciamiento 800. La aprobación hoy en Consejo de Ministros es solo un primer paso de una larga tramitación que incluye la petición de informes no vinculantes al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y, por primera vez, el Colegio de Abogados. De hecho, es poco probable que la norma pueda salir de las Cortes en esta legislatura, incluso aunque las elecciones fueran en marzo. En el Ministerio de Justicia, que dirige Francisco Caamaño, sostienen que si logran el consenso político necesario sí podría aprobarse antes de final de año.

En todo caso, es la primera vez en la historia constitucional que un Gobierno llega a estudiar un anteproyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, que siempre ha estado en la agenda de los sucesivos Ejecutivos, pero nunca se ha concluido un texto completo. Ahora, durante los últimos años, se ha concluido uno que busca agilizar la Justicia, por ejemplo, implantando el principio de oportunidad o liberando de la investigación a muchos jueces que pasarían a ejercer funciones de garantes del proceso. El principio de oportunidad puede aplicarse por razones de utilidad, para favorecer la reparación a la víctima o para la rehabilitación del delincuente, frente al de legalidad que obliga a iniciar y finalizar el procedimiento penal en todo caso.

El papel de los fiscales es lo que, precisamente, ha frenado en otros momentos la elaboración de la ley, porque no había consenso sobre la posibilidad de que asuman la investigación. Justicia alega que la ley establece la inamovilidad de los fiscales una vez que inician la investigación, todas sus decisiones las garantiza el juez, la decisión de sentar en el banquillo ya no estará en manos del juez que instruye y se prevé la posibilidad de crear equipos de fiscales para investigar causas complejas.