La Generalitat admite que no tiene garantías de que pueda controlar El Prat

El consejero de Territorio de la Generalitat catalana, Lluís Recoder, ha admitido que no tiene garantías por parte del Gobierno de que las instituciones catalanas puedan ejercer un control efectivo sobre la gestión del aeropuerto de El Prat después de su privatización. El Ejecutivo y la Generalitat cerraron ayer un acuerdo por el que las instituciones catalanas tendrán mayoría en el consejo rector del aeropuerto, pero éste no podrá decidir a a quién se otorga la concesión y, según ha reconocido Recoder, tampoco hay garantías de que pueda derogar la concesión en caso de incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria. “Esperamos poderlo hacer, pero no tenemos garantías por escrito”, ha dicho Recoder en declaraciones a los periodistas.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido hoy que la comisión bilateral Gobierno-Generalitat celebrada ayer no dio todos los frutos deseables en materia de gestión de los aeropuertos catalanes, pero ha asegurado que se dio un paso adelante. Mas se ha defendido así de las acusaciones de Esquerra Republicana de Cataluña, que le ha reprochado no haber defendido la exigencia del Parlamento catalán para que la Generaltat sea “determinante” en la gestión de El Prat.

El presidente catalán se ha autoexculpado recordando que la decisión de privatizar totalmente la gestión de El Prat corresponde al Gobierno central y que, una vez asumido esto, la Generalitat ha intentado conseguir un papel relevante en el consejo de control que velará por el cumplimiento del contrato de concesión si bien no tendrá ni voz ni voto a la hora de decidir qué empresa gestiona las instalaciones aeroportuarias.

Mas ha asegurado que el Gobierno va “en la buena línea”. “Una vez aceptada la privatización nos quedan dos cosas: vigilar la concesión y renovarla cuando esta termine”, ha dicho.

La diputada Anna Simó le ha reprochado que el modelo de gestión de los aeropuertos “no cambia”, puesto que seguirá siendo “subsidiario” y la Generalitat no tendrá el control directo de ninguno de los aeropuertos que actualmente gestiona AENA, ya que este ente continuará teniendo el 51% del control de los aeropuertos. De hecho, el Ejecutivo catalán renunció ayer a gestionar los aeródromos de Girona, Reus y Sabadell para no tener que cargar con el déficit que arrastran.

Simó ha lamentado que el gobierno catalán se conforme con tener solo un “papel vigilante” de la concesión y critica a Mas que haya dado marcha atrás en su reivindicación de tener una posición determinante en la gestión de estas infraestructuras y en el ámbito de toma de decisiones de aspectos como las tarifas, los slots o el modelo de futuro de El Prat “para convertirlo en un aeropuerto de primera línea y un hub internacional”, ha añadido la diputada republicana.

Por su parte, el secretario general de ICV Joan Herrera ha defendido un modelo de gestión pública de los aeropuertos y ha calificado de “perversa” la opción aceptada por Mas, ya que las administraciones catalanas “cederán a los intereses de la concesionaria”, ya que tendrán una representación minoritaria (4 de 9 miembros) en el consejo de control.

Más allá de la política aeroportuaria la sesión de control al Gobierno catalán en el Parlament, la última antes de vacaciones, ha servido para ver las muestras de acercamiento del PP, y en menor medida del PSC, al Ejecutivo de Artur Mas. La presidenta del PP catalán ha puesto en valor su colaboración en la aprobación de los presupuestos para este año y le ha pedido a Mas que cuente con el PP para hacer un pacto para el fomento del empleo. El jefe de filas del PSC, Joaquim Nadal, ha mantenido un tono conciliador con Mas tras anunciar que colaborará para que la ley ómnibusde simplificación administrativa salga adelante. Nadal, sin embargo, ha reprochado los constantes “globos sonda” que lanza el Gobierno nacionalista, el último el anuncio y posterior desmentido de rebaja salarial a los funcionarios.