Cataluña renuncia a los aeropuertos secundarios de Girona, Reus y Sabadell

El Gobierno y la Generalitat de Cataluña acordaron en la tarde de ayer que las instituciones catalanas tengan mayoría en el consejo rector que debe trazar las grandes líneas estratégicas del aeropuerto de Barcelona-El Prat. Cinco de los nueve miembros de ese consejo serán de la Generalitat, Ayuntamientos o de la sociedad civil catalana, mientras que AENA aportará los otros cuatro consejeros. Este es uno de los principales acuerdos de la reunión que mantuvieron la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. En la misma reunión, el Gobierno catalán ha explicitado que por ahora renuncia a la gestión de los aeropuertos secundarios de Girona, Reus y Sabadell por razones económicas.

El presidente de la parte catalana de la comisión, Josep Antoni Duran Lleida, fue el que compareció para informar sobre los resultados de la cita. Y aseguró que la reunión había concluido con una “satisfacción moderada” por parte de la Generalitat y destacó el acuerdo sobre El Prat. Aunque Convergència i Unió siempre había reclamado una participación determinante de las Administraciones catalanas, la decisión de privatizar el aeródromo por parte del Gobierno ha obligado a rebajar las expectativas. Ahora la Generalitat se conforma con que AENA esté en posición minoritaria en el consejo rector del aeropuerto. Falta ver qué competencias acabará teniendo este organismo. De entrada no tendrá ni voz ni voto para decidir a qué empresa se otorga la gestión de El Prat, ya que se creará al mismo tiempo que entren los nuevos gestores del aeropuerto.

Pero la principal renuncia del Gobierno catalán es la referente a los aeropuertos secundarios. CiU siempre había exigido la gestión plena de los mismos, pero ahora no quiere hacerse cargo de unos aeropuertos deficitarios en un momento en que las cuentas de las autonomías están siendo examinadas con lupa. El acuerdo alcanzado satisface por ahora a Gobierno y a Generalitat. Estos aeropuertos se mantendrán dentro de AENA y se estudiará la forma de darles una “gestión individualizada”, dijo Duran Lleida. El objetivo es que, al igual que El Prat, estos aeropuertos tengan también un consejo rector en el que las Administraciones catalanas sean mayoritarias.

El vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, valoró estos acuerdos como positivos y destacó que el Gobierno mantiene así su compromiso para desarrollar el Estatuto de Cataluña. Además de los acuerdos sobre los aeropuertos, la reunión permitió avanzar en nuevas competencias para la Generalitat, como ampliar su potestad para expedir permisos de trabajo y asumir la titularidad de los edificios que hasta ahora eran propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social en Cataluña. La Generalitat los cifra en cerca de 120, y en su mayoría son hospitales y ambulatorios.

Tras el anuncio de la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, de frenar la asunción de nuevas competencias en Justicia por falta de financiación, Chaves quiso mostrar su respeto por esa decisión y dejó claro que las autonomías tienen en ese aspecto la última palabra. Eso sí, Chaves subrayó que “sería la primera vez que ocurre que una comunidad devuelve una competencia al Estado”. Josep Antoni Duran Lleida, sin embargo, aclaró que Cataluña no seguirá el mismo camino y afirmó que mantendrá sus peticiones para asumir más competencias en el futuro.