Aplazado el desahucio de una mujer y de su hijo discapacitado en Madrid

Unas 200 personas se concentran ante la casa de la familia El Tribunal Superior de Madrid cancela el desahucio de momento

Unas 200 personas han acudido a primera hora de la mañana a la calle Virgen del Lluc de Madrid (distrito de Ciudad Lineal, en el este de la ciudad) para intentar evitar el desahucio de una familia. La madre, identificada como M. J., esperaba al secretario judicial a las nueve y media de la mañana para ejecutar la orden de desahucio.

La mujer tiene pendiente una deuda de 200.000 euros. De 55 años y en paro, mantiene y cuida a un hijo de 25 años con una discapacidad del 77%, y a otra hija, desempleada como ella y avalista de su hipoteca. En contra de lo que ha sucedido en otras ocasiones al lugar no han acudido policías.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha informado a mediodía de que, "por motivos de orden público", se aplaza el desalojo hasta nueva orden. A pesar de que los asistentes no han visto a la comitiva judicial, desde el TSJM insisten en que han estado allí.

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A las ocho y media de la mañana, eran 50 los congregados pero hasta las diez de la mañana el goteo de simpatizantes ha sido constante. Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Madrid, el portavoz Eloi Morte ha explicado que piden una alternativa para la familia o un alquiler "social" que les permita quedarse en el piso por un 30% de sus magros ingresos. 

"Casa en dación, una solución", coreaban las más de 200 que han respondido a la tercera convocatoria de la plataforma de Madrid para intentar frenar un desahucio.

A las diez, decenas de personas seguían esperando al secretario judicial. Entre los asistentes había al menos dos personas cuyos desalojos han sido frenados, Anwar Khalil, de Tetuán, que fue el primero que pidió ayuda para frenar su desahucio en la capital y Luis, un anciano de 70 años de Parla.

El caso de M. J. llegó a la plataforma de afectados de la mano de su hija mayor, licenciada universitaria y en paro. La joven, que tiene 24 años, acudió a la primera asamblea de afectados a contar el caso de su madre, desempleada y en una situación especialmente complicada puesto que tiene a su cargo al hijo discapacitado.

Los problemas de esta familia madrileña empezaron hace 18 años, cuando M. J. hipotecó su vivienda para ayudar a su expareja a saldar una serie de deudas. En 2002, terminada ya esa relación e incapaz de asumir a solas las cuotas, la mujer acude a una reunificadora de deudas, que a su vez contacta con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que le concede un nuevo préstamo de 157.000 euros. Hoy, la entidad financiera -sumando los gastos y los intereses- le reclama 200.000 euros de deuda, una cantidad lejos de las posibilidades de M. J., que ingresa 520 euros por tener un hijo discapacitado a su cargo y otros 168 euros por la Ley de Dependencia.

La familia ha solicitado una alternativa al Instituto de la Vivienda de Madrid, que debido a las listas de espera les ha aconsejado que mientras se resuelve su caso acudan a un albergue. "La CAM, que recibirá 2.800 millones de euros en ayudas a través del FROB, no hizo un estudio en profundidad de las posibilidades de esta familia", dice Eloi Morte. "Es un claro ejemplo de hipoteca basura. La entidad negoció con una financiera, tasó un piso modesto en 239.086 euros y ahora reclama una cantidad muy por encima de sus posibilidades".

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