"Los partidos están obligados a consensuar nombres, no a imponerlos"

El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, y los magistrados Elisa Pérez Vega y Javier Delgado dimitieron el 13 de junio en un gesto sin precedentes en la historia de ese organismo porque habían transcurrido seis meses desde que expirara su mandato y no se les había renovado. El más contundente fue Gay, quien en su carta de renuncia decía que el tribunal estaba “secuestrado”, denunciaba que eso supone un flagrante incumplimiento de la Constitución y arremetía contra la incapacidad de PSOE y PP en ponerse de acuerdo para cubrir esas plazas y otra vacante desde hace más de tres años por el fallecimiento del magistrado Roberto García Calvo.

Pregunta. Las tres dimisiones no fueron aceptadas por el presidente, Pascual Sala, y dos semanas después todo sigue igual. ¿Sirvió para algo el gesto?

Respuesta. La Constitución no es un texto sagrado, pero sí de obligado cumplimiento. El único tribunal predeterminado por la Constitución es el Tribunal Constitucional y la predeterminación del juez es fundamental para la independencia del poder judicial y para el conocimiento de los ciudadanos de quién y qué órgano le va a juzgar. Los plazos legales del mandato de los magistrados también están absolutamente predeterminados. Imagínese que el presidente del Gobierno decidiera posponer las elecciones una vez acabada la legislatura por las razones que fueran. ¡No se lo podría creer nadie! Pues nadie debe creerse que esto debe ser posible con el Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que ha ocurrido y se ha de enmendar.

P. La crisis del Constitucional se arrastra desde hace años, pero quizás esas dimisiones la han hecho más evidente.

Digo que el tribunal está secuestrado porque no funciona como debiera"

R. Lamentablemente, no es la primera vez que el Tribunal Constitucional ha visto cómo no se renovaba en tiempo y no es la primera vez que desde la presidencia se denuncia la situación. Yo hablé de secuestro no porque el tribunal no siga siendo tribunal —del mismo modo que una persona que está secuestrada no deja de ser persona—, sino porque no está funcionando como debiera. El tribunal lo componen 12 magistrados, no 11, y llevamos más de tres años siendo 11. Supongo que cada uno de nosotros debe de tener alguna importancia, y si no la tiene, da la sensación de que el sistema de la institución es muy débil. Y esa es la sensación que podemos tener mis compañeros y yo que hemos presentado la renuncia. Una de las cosas más dolorosas es que la ausencia de García Calvo haya obtenido el silencio absoluto de la institución que le nombró, el Congreso, y que no se haya renovado en este tiempo.

P. PSOE y PP mostraron propósito de enmienda tras las dimisiones, pero no se ha concretado. ¿Está justificado el bloqueo por el veto a algunos nombres?

R. Yo tengo un gran respeto por todos los magistrados de los que se ha hablado. La obligación de los partidos para dar cumplimiento a la ley es la de consensuar nombres, no imponerlos. La democracia se basa en el consenso y el derecho, como la política; es el arte de las cosas buenas y justas.

Mi renuncia no tiene nada que ver con las críticas de la sentencia de Bildu"

P. ¿Está pidiendo al PP que sea más flexible?

R. Sí, pero también lo pido encarecidamente al PSOE. Una cosa puede ser el querer imponer y otra el empecinarse en no aceptar. Por tanto, hay que consensuar y eso es el Parlamento. Afortunadamente, la Constitución les obliga a ponerse de acuerdo, porque ese tercio de los magistrados ha de ser nombrado por una mayoría de tres quintos.

P. ¿Cree, por tanto, que esta vez va en serio y que no se demorará el pacto hasta después de las elecciones generales?

R. Confío en que después de la renuncia no solo haya buenas palabras sino que se traduzcan en hechos. Hemos pasado una temporada realmente complicada. Se dice que el Tribunal Constitucional está absolutamente politizado, pero lo que diría es que al Constitucional se le politiza. Yo no he recibido ninguna presión política directa, pero los medios de comunicación están diciendo constantemente qué es lo que debemos hacer, unos en un sentido y otros en otro. Muchas veces, cuando vamos a poner la sentencia, ya ha sentenciado la opinión pública.

P. ¿Ha tenido que ver algo en su renuncia y la de Elisa Pérez Vega las feroces críticas que han recibido por votar a favor de la legalización de Bildu?

R. De ninguna manera. Lo niego rotunda y categóricamente. Además, yo había presentado la renuncia el 9 de noviembre, mucho antes de la sentencia y lo veníamos repitiendo hacía meses. En mi caso, además, me oían decir constantemente que tenía la sensación de estar en un tribunal secuestrado y no en un tribunal predeterminado.

P. No le parece que visto el resultado de las elecciones municipales la sentencia de Bildu adquiere todavía más importancia.

R. La imposición no es propia de los Estados democráticos. Me opongo a cualquier idea que pretenda sustituir a los partidos políticos, eso ya se ha experimentado a lo largo de la historia y yo me opongo a los partidos populistas y demagógicos. Nunca se puede hacer demagogia sobre la exclusión de otros, algo que lamentablemente por primera vez ha ocurrido en estas elecciones. Jamás en democracia se puede hacer uso de la exclusión del diferente.

P. ¿Qué piensa del uso que se transmite a veces de la instrumentalización del Constitucional con fines partidistas?

R. Este tribunal no puede ser nunca una última cámara, es el máximo intérprete de la Constitución. El Constitucional ha venido a ser el constituyente prorrogado, el que ha ido permitiendo el desarrollo del Estado de bienestar, autonómico y de las libertades. Pero lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es pactar, hacer componendas. Cada uno tiene una responsabilidad como juez, responde a su conciencia jurídica y se permite la expresión del voto disidente a través de votos particulares. Nuestras sentencias obligan a todos los poderes públicos, son de obligado cumplimiento. Por eso me sorprende oír decir a algunos políticos que acatan una sentencia pero no la respetan. Acatar una sentencia no tiene ningún valor, porque no se puede hacer otra cosa. Se puede estar de acuerdo o no y se puede y se debe discrepar de las sentencias porque la crítica sana y fundamentada es enriquecedora.

P. A veces parece que la composición del tribunal ya predetermina el sentido de la sentencia.

R. Esa sensación se puede transmitir cuando no se es estricto con el cumplimiento de la ley y la Constitución. Yo puedo asegurarle que los magistrados del Tribunal Constitucional, a pesar de la impresión que se pueda dar, actuamos con absoluta libertad de criterio. Ojalá pudieran escucharse los debates que tenemos. Como decía nuestro presidente, los magistrados no somos personas carentes de ideología ni máquinas a las que se les pone un problema matemático para que den la solución. El desarrollo del Derecho no puede estar hecho para encorsetar a los ciudadanos, sino para hacer hombres libres.

P. ¿Debe modificarse la Constitución?

R. Creo que no, porque permite las aspiraciones y el encaje de la pluralidad de todos los pueblos de España. Llega muy, muy lejos, y es muy flexible, por lo que podría seguir avanzando en derechos sociales, económicos o culturales.