Una llamada del Constitucional a la "responsabilidad política"

Pocas veces ha suscitado mayor unanimidad entre la clase judicial la decisión, a priori tan controvertida, de renunciar a sus cargos que ayer adoptaron tres magistrados del Tribunal Constitucional por haber caducado su mandato hace ocho meses.

Las asociaciones de jueces españolas están de acuerdo en que la petición de los magistrados Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado Barrio evidenció el bloqueo que la institución está padeciendo en su renovación. Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente coinciden en que su actitud supone un llamamiento a los partidos políticos para que asuman su responsabilidad y cumplan con su obligación constitucional de renovar a los miembros del alto tribunal.

La responsabilidad de PSOE y el PP en la situación que se vive en el seno del Constitucional es clara y evidente para las cuatro asociaciones. Para Javier Varona, portavoz del Foro Jurídico Independiente, “lo penoso es que la renovación esté estancada porque los partidos estén divididos en ver qué candidato es más afín ideológicamente y no por quién reúne más méritos para ocupar el cargo”. José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia, recalca que ambos partidos están demostrando que “adolecen de una falta de lealtad institucional y democrática”. Marcelino Sexmero, de la Asociación judial Francisco de Vitoria, recuerda que no es la primera vez que dos partidos paralizan la renovación de otros organismos. “Ya pasó con el Consejo General del Poder Judicial antes, y ahora con el Defensor del Pueblo”. Sexmero censura la “falta de responsabilidad de los partidos”, que “está poniendo en juego las instituciones del Estado”.

Pablo Llanera, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, también censura que los partidos no hayan "conciliado los nombres" para sustituir a los miembros del alto tribunal. Sin embargo, considera que la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la que se permite que el límite máximo de nueve años en el cargo pueda ampliarse en caso de no renovación del cargo, ha amparado la actual "situación de adormecimiento" que se vive en el Parlamento.

Lo penoso es que la renovación esté estancada porque los partidos estén divididos en ver qué candidato es más afín ideológicamente y no por quién reúne más méritos para ocupar el cargo” Javier Varona, Foro Judicial Independiente

Llanera cree que una de los mecanismos para terminar con las críticas de "polarización política" del organismo sería el de promover la magistratura vitalicia, algo que ya apuntó la semana pasada la dirigente del PP, Soraya Sánez de Santamaría. El portavoz explica que esto no supondría que una persona mantuviera su cargo a perpetuidad, sino que después de finalizar su mandato no pudiera ejercer ningún cargo público o privado para despejar sospechas de haber sido nombrado por su afinidad política. Desde Jueces para la Democracia y la Asociación Francisco de Vitoria creen que la solución no pasa por cambiar la ley, lo que implicaría una reforma constitucional. "Todo se resolvería si los partidos observaran las buenas prácticas éticas y políticas", afirma Ramírez.

Las asociaciones de jueces no son las únicas que reclaman a los partidos que asuman su responsabilidad de Estado. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, también les ha exigido que se pongan de acuerdo en la renovación del alto tribunal, si bien no ha querido cargar las tintas exclusivamente en las formaciones políticas. En declaraciones a la cadena Cope, De Rosa también ha culpabilizado al presidente del Constitucional, Pascual Sala, de la situación que se vive en el seno del órgano. “El Tribunal está viviendo un momento convulso y la responsabilidad de enderezar la situación corresponde a su presidente”, ha afirmado.

Una exigencia que tanto Martín como Sexmero y Varona consideran que Sala ha afrontado en esta crisis, al rechazar las renuncias de los tres magistrados. “El presidente ha hecho un ejercicio de responsabilidad, debía garantizar el buen funcionamiento del Tribunal. De aceptar la marcha el órgano habría quedado al borde del quórum, una baja, una recusación y no podría funcionar”, explica Sexmero. El Constitucional se compone de 12 miembros. Actualmente solo está formado por 11 magistrados, tras el fallecimiento de Roberto García-Calvo en 2008, cuya vacante aún no ha sido cubierta. Si Sala hubiera aceptado la renuncia de Gay, Delgado Barrio y Pérez solo hubieran quedado ocho, lo que representa dos tercios de sus miembros, el mínimo de quórum exigido para las decisiones adoptadas en pleno o en salas.

Bono ha dado un plazo de 15 días a los partidos políticos para que presenten a sus candidatos

Varona, aunque comprende la decisión del presidente del Tribunal Constitucional, cree que ha privado de la posibilidad de asistir al “tour de force que la institución hubiera lanzado al Parlamento”, que se hubiera sentido obligado a adoptar la decisión de renovar al organismo.

Un órdago que las Cortes parecen hacer aceptado. El presidente del Congreso ha dado un plazo de 15 días a los partidos políticos para que presenten a sus candidatos, para resolver un problema que lleva enquistado desde hace tres años. Habrá que ver si esta vez los diputados mudan sus intereses partidistas por los intereses de Estado.