Cataluña tilda de "estafa" del PP y el PSOE la no renovación del Constitucional

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha tildado hoy de "estafa" y de "espectáculo" la actitud que mantienen el PSOE y el PP, en referencia a la renovación de los magistrados con el mandato caducado del Tribunal Constitucional (TC). Homs, que ha insistido en que lo que expresaba era la opinión del Ejecutivo catalán, ha reaccionado así al anuncio de renuncia de sus cargos -rechazada por Pascual Sala- del vicepresidente del TC, Eugeni Gay, y los magistrados Javier Delgado y Elisa Pérez Vera. Y lo ha hecho después de que el presidente del Congreso, José Bono, haya dado un ultimátum a los dos grandes partidos para que pacten la renovación antes del 30 de junio.

"No se cansan de darnos lecciones de qué es constitucional y qué no, y bajo este amparo nos regatean todo aquello que afecta a los intereses de Cataluña", ha denunciado Homs, que ha acusado al PSOE y al PP de "silbar" por "intereses puramente partidarios" cuando "toca hacer aquello que la Constitución establece". "Como Govern hacemos un juicio muy severo de esta actitud tan partidista y tan cínica" del PSOE y PP, que "contribuyen netamente al desprestigio más absoluto de esta institución", ha achacado Homs.

Según Homs, "el trapicheo partidario sobre cálculos de composiciones del TC" que están protagonizando estos partidos "es más que lamentable" y "es profundamente demoledor para un sistema institucional y un estado de derecho y democrático". "Esto es una estafa", ha concluido el portavoz tras reconocer que como gobierno se sienten "engañados y estafados".

No es la primera vez que desde los partidos catalanes se critican algunos hechos relacionados con el alto tribunal. Ya ocurrió con el recurso del Estatuto de Cataluña, presentado por el PP, sobre el que ya decidió un Constitucional que albergaba miembros que habían finalizado su mandato. Así lo recuerda el vicepresidente Eugeni Gay, que ayer presentó su dimisión, y que en su carta a Pascual Sala recordaba: "Los representantes procesales de de la Generalitat y el Parlament denunciaron la situación (...) En aquellos trámites tuvimos ocasión de pronunciarnos jurídicamente -aunque mi convencimiento moral estuvo siempre, como así lo manifesté, de acuerdo con lo que solicitaban las partes- de la única manera que podíamos y debíamos hacerlo (...)".

De este modo Gay reconoce su acuerdo "moral" con esas quejas expresadas desde Cataluña, pero recuerda que el Tribunal estaba legitimado para dictar sentencia aunque alguno de sus miembros ya no debían haber pertenecido al mismo.

Por la mañana, la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha manifestado la voluntad de su partido de renovar el Tribunal Constitucional (TC) "cuanto antes", dentro del plazo que termina el 30 de junio que ha impuesto a modo de ultimátum José Bono, presidente del Congreso. Asegura que así se lo ha hecho saber al Gobierno, con quien mantuvo una conversación ayer. El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que el PSOE ha tenido siempre esa voluntad: "Por lo que al Gobierno respecta, la renovación del TC se tendría que haber producido en tiempo y forma. Ojalá se hubiera producido así, pero dos no pactan si uno no quiere".

"Estamos dispuestos a cumplir la parte que nos corresponde", ha insistido Sáenz de Santamaría, que ha exigido, sin embargo, que el acuerdo se logre "sin vetos ni bloqueos por ambas partes", en referencia a su candidato Enrique López, rechazado por el Senado y los socialistas, y causa de la paralización de las negociaciones. La portavoz popular insinuó días atrás que es posible que su organización incluya en su programa electoral que se alarguen los mandatos de los magistrados para hacerlos incluso vitalicios, para que no sean "un reflejo tan inmediato de las mayorías parlamentarias concretas de cada momento".

Eduardo Madina, que hoy ha ejercido de portavoz del Grupo Socialista en ausencia de José Antonio Alonso, que se recupera de un problema de salud, se ha mostrado descreído con las afirmaciones de Sáenz de Santamaría y ha recordado que "a nadie se le escapa en este país que la propuesta de renovación es del Gobierno y el veto viene del PP", que, según ha insistido se ha producido "durante meses y más meses". Madina, secretario general del Grupo Socialista, ha asegurado que su grupo todavía no ha tenido contacto con el PP sobre este tema.

Un día después de la situación creada tras la renuncia de los magistrados Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez -rechazada por el presidente del TC- PP y PSOE se aprestan a retomar las negociaciones por séptima vez desde 2008, cuando el fallecimiento de un magistrado exigió un acuerdo -que nunca se produjo- para cubrir su vacante. El mandato de los tres magistrados que trataron de abandonar su puesto ayer cumplió en noviembre de 2010.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, había acusado al PP (unas horas antes de la comparecencia de Sáenz de Santamaría), durante un desayuno informativo, de utilizar "la estrategia del: o lo que yo quiero o la nada" en las conversaciones para elegir a los cuatro magistrados que corresponden al Congreso. El responsable de Justicia ha alertado sobre las "duras críticas" que han recibido no solo las resoluciones del tribunal, sino el "propio nervio de la institución". Sáenz de Santamaría también ha querido dejar clara la voluntad de su partido de contribuir a "trabajar en mecanismos para prestigiar a la institución" y ha coincidido en que "la situación exige ese acuerdo".

Caamaño ha advertido, según declaraciones recogidas por Europa Press, de que "a quien daña de verdad no es al Gobierno, sino a España y a la democracia", y ha manifestado que los socialistas siempre se han mostrado abiertos al consenso y que la "imposición" es lo que la Constitución no quiere. La portavoz del PP ha exigido, sin embargo, que las negociaciones no sean "asimétricas o desequilibradas".

Acusaciones cruzadas

Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, ha insinuado en una entrevista en Antena 3 que el Partido Popular bloquea las designaciones -también en otros órganos, como el Tribunal de Cuentas- a la espera de ganar las próximas elecciones y tener una posición de mayor fuerza que le permita imponer a sus candidatos. "Es un argumento de partido que puedo comprender, pero que no es institucionalmente aceptable", ha añadido el ministro, que prevé que el acuerdo no va a ser fácil. Jáuregui, como todos los que han comentado el tema desde el PSOE, sitúa las dificultades en la insistencia del PP en defender la candidatura de Enrique López, anterior portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de quien el Senado dijo que no cumplía los requisitos para ser elegido.

"Asistimos a un deterioro de este y de otros ámbitos del que es responsable el PSOE", ha acusado Sáenz de Santamaría segundos antes de declarar: "Yo no voy a añadir leña al fuego", en relación a las críticas vertidas por Caamaño y Jáuregui.

"No vamos a responder a las declaraciones absolutamente descabelladas de los ministros", ha insistido la portavoz popular, que sí ha querido aclarar al ministro de Presidencia que se equivoca cuando dice que el PP espera a ganar las elecciones para cerrar los acuerdos imponiendo su voluntad. "Todo el mundo sabe que la renovación del TC requiere mayoría reforzada de 3/5, lo cual implica un acuerdo de PP y PSOE", ha enmendado Sáenz de Santamaría a Jáuregui.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, reconoció ayer que su partido "no ha sido capaz de dialogar" con el Gobierno para renovar el Constitucional y que este "no ha querido" hacerlo con el principal partido de la oposición.

Fuentes socialistas han contado a Efe que el juez de la Audiencia Nacional Enrique López está siendo utilizado por el PP para obstaculizar la renovación del alto tribunal, que podría llevarse a cabo de manera inmediata "si el verdadero partido de la oposición tuviera verdadero interés". En definitiva, estas fuentes opinan que el PP no veta una propuesta concreta, sino el proceso de renovación en general.