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Rajoy concreta su plan anticrisis con 90 medidas pero ninguna impopular

El PP propone bajadas de impuestos y recuperar la deducción por vivienda

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AFP

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo al menos dos intentos por centrar el cruce con Mariano Rajoy en un asunto clave: el hecho de que la crisis económica sea en buena parte atribuible a lo que el PSOE llama el ladrillazo, esto es los excesos del sector de la construcción. Rajoy no entró a ese debate, pero el líder del PP, fuera del Congreso, ha dicho en varios discursos públicos ante empresarios que él cree en la construcción como un sector con futuro, igual que el turismo, que pueden tirar del crecimiento del país. Esa idea de Rajoy se trasladó ayer en parte a las 15 resoluciones que el PP presenta para que se voten hoy en el último día del debate sobre el estado de la nación y que desarrollan un total de 87 pequeñas medias anticrisis y tres proyectos de ley.

Una de esas medidas, centradas casi todas en bajadas de impuestos, es la de recuperar la deducción por compra de vivienda. Zapatero la eliminó —solo se mantiene para rentas inferiores a 24.000 euros y para los que ya tenían comprada su vivienda— porque la mayoría de los expertos coincide en que esa deducción tuvo un efecto negativo a la hora de hinchar la burbuja inmobiliaria. Rajoy la defendió frente a los empresarios del Círculo de Economía en Sitges hace tres semanas, como algo “tradicional en nuestro país” a recuperar.

Zapatero había acusado a Rajoy de no hacer propuestas, de no tener alternativa. El PP trató de desmentir ayer esa idea presentando a través de su portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, una larga batería de medidas (87), la mayoría concentradas en bajadas de impuestos. Una “alternativa completa” de medidas frente a la crisis, pero ninguna de ellas puede considerarse como impopular y por tanto con coste político, pese a que es probable que la situación económica le obligue a tomarlas.

Mientras, el PSOE y los demás grupos también presentaron sus iniciativas. Los socialistas redactaron propuestas muy genéricas, pensadas probablemente para poder concitar el apoyo de otros grupos y así evitar hoy ser derrotados en algunas votaciones, algo siempre difícil de asumir para el partido del Gobierno. El PSOE concentra sus propuestas en la necesidad de incentivar un cambio en el modelo productivo precisamente para abandonar el ladrillo y hace varios guiños a la izquierda y al movimiento del 15-M, sobre todo al proponer un impuesto sobre las transacciones financieras, y una reforma, ya anunciada por Zapatero, para aumentar el límite de inembargabilidad cuando el embargo de la casa no acaba con la deuda hipotecaria en caso de impago.

Aún sin citarlo, el PP también hace guiños al 15-M al detallar propuestas sobre la necesidad de eliminar las cláusulas suelo —aunque baje el euríbor, la hipoteca no cae por debajo de un mínimo— y la necesidad de aclarar las condiciones de cada hipoteca y crear un sistema de mediación en caso de conflicto para que los ciudadanos puedan defenderse de abusos de los bancos. Éstas son algunas de las resoluciones más significativas del PP, que componen lo que podría ser una parte de su futuro programa de gobierno, aunque en la campaña de las últimas municipales y autonómicas también prometieron reducciones de impuestos que sus barones están posponiendo ahora al llegar a los gobiernos por la mala situación de las finanzas públicas:

  • Vivienda: restablecer la deducción por adquisición de vivienda habitual en el IRPF.
  • Turismo: aplicar un tipo superreducido del IVA del 4% a los servicios de hostelería, acampamiento y balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, así como al transporte de personas y de sus equipajes.
  • Pymes: aplicar un tipo impositivo del 20% en el Impuesto sobre Sociedades a las empresas con cifra de negocios inferior a cinco millones de euros, de forma permanente, eliminando las limitaciones de plantilla, de creación de empleo y de base imponible existentes en la actualidad.
  • Bonificación de contratos: crear una nueva deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades por importe de 3.000 euros por la contratación del primer trabajador de una empresa de nueva creación que no tenga la condición de socio de la entidad. El disfrute de esta deducción requerirá que el trabajador sea contratado por tiempo indefinido y su permanencia en la empresa sea, como mínimo, de dos años.
  • Investigación: establecer incentivos fiscales adicionales a la I+D+i a través del incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades desde el 12% actual al 20% para las actividades de innovación.
  • Formación: crear una nueva deducción en el IRPF por importe del 20% de los gastos efectuados en concepto de formación para los profesionales autónomos.
  • Emprendedores: Fomentar la actividad de los “Business Angels” y el apoyo a las nuevas iniciativas empresariales, creando una deducción en el IRPF del 10% de las cantidades desembolsadas por personas físicas en concepto de participación en capital de empresas de reducida dimensión, que sería reembolsable en función de la rentabilidad del proyecto.
  • Empleo joven: establecer una bonificación del 100% en las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año a la contratación de menores de 30 años, mujeres y parados de larga duración mayores de 45 años.
  • Ahorro en la administración: reducción, al menos, de un 25% del número de altos cargos y un 50% del personal eventual al servicio de la Administración del Estado. La reducción de los gastos corrientes de la Administración General del Estado en un 10%.
  • Menos costes laborales: reducir hasta en un 20% las cotizaciones por contingencias profesionales de la Seguridad Social, para incentivar la creación de empleo, mediante la rebaja de los costes salariales.
  • Empleo: abordar una reforma del mercado laboral, que ponga el acento en la estabilidad en el empleo y la flexibilidad en el seno de la empresa, adaptando la negociación colectiva de manera que se priorice el convenio de empresa, con plena garantía de la unidad del mercado laboral.
  • Paro: aumentar el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo, hasta el 100% para jóvenes menores de 35 años, cuando el importe se destine a la creación de una empresa o a la mejora de su formación.
  • Jóvenes parados: establecer créditos blandos o microcréditos para el desarrollo de actividades empresariales entre los jóvenes a través del ICO. Permitir que los fondos aportados a una cuenta ahorro-vivienda se puedan destinar alternativamente a la creación de una empresa o a la formación del titular de la misma.
  • Familia e inclusión social: aprobar un nuevo Plan de Inclusión Social para el periodo 2011-2013 que contenga objetivos reales y medidas eficaces para combatir la pobreza. Restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años.
  • Dependencia: garantizar la financiación del 50% del gasto realizado, en función de la prestación o servicio, por parte de la Administración General del Estado. Simplificar el proceso de acceso a las prestaciones y servicios de atención a las personas dependientes. Regular la cobertura privada a la dependencia y su tratamiento fiscal.

El BBVA ve “populismo”

Tanto el Gobierno como el PP han hecho guiños durante el debate sobre el estado de la nación para aliviar la situación de los que no pueden pagar su hipoteca.

El consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, advirtió ayer al Gobierno de que responder a las “presiones populistas” está bien, pero siempre y cuando no se estropee un mercado hipotecario como el español, que es “referencia internacional”. Caño señaló asimismo que es “fundamental” que cualquier iniciativa proteja la seguridad jurídica, porque sin ella aumentaría la desconfianza, lo que repercutiría sobre los costes de las hipotecas.

Por otra parte, el juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona ha llevado al Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial para que se pronuncie sobre la legalidad de los controvertidos swaps o permutas financieras, un acuerdo o seguro financiero que protege a los consumidores en caso una fuerte subida del Euríbor, pero que los perjudica en caso de que esté bajo mínimos, como ha sucedido en los últimos años.