La información oficial no es secreto de Estado

¿Cuáles fueron las partidas de gasto más significativas de las comunidades autónomas en 2010? ¿A cuánto asciende la deuda global de las Consejerías de Educación en España? ¿Cuál es el número de militares que han resultado heridos en los últimos cinco años? Quizá la respuesta a estas preguntas les parezca información privilegiada. No debería serlo. Al menos si se atiende a la práctica internacional en materia de transparencia administrativa y a las recomendaciones del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos.

El hecho de que un periodista o un investigador consigan (a veces) este tipo de datos no es una prueba suficiente de la buena fe del sistema, porque derecho a saber implica que cualquier ciudadano pueda radiografiar las actividades de los organismos públicos con relativa facilidad.

Lo defiende el Movimiento 15-M (y cierta dosis de sentido común) en casi todas sus iniciativas. “Desde el tema de la transparencia en relación con los partidos políticos hasta la corrupción”, apunta José Luis Blanco, del grupo de propuestas de Democracia Real Ya. “De todas formas”, admite, “lo más importante es abrir el debate en la sociedad para que la gente se conciencie a este respecto. De hecho, es lo único que podemos hacer”. Una cuestión que los indignados empiezan a plantearse seriamente respecto al derecho a la información de los ciudadanos es la auditoría independiente de la deuda de las instituciones y de las Administraciones. “Para intentar saber qué ha pasado realmente en España, por qué hemos llegado hasta esta situación y qué se puede hacer”, agrega Blanco.

Hay un inconveniente sustancial: España todavía no tiene una ley de transparencia, lo que supone una anomalía en Europa. El martes el pleno del Congreso de los Diputados retomó la iniciativa e instó al Gobierno a presentar la norma, que lleva años gestándose, antes de agosto. Y ayer confirmaban desde el Ministerio de Presidencia la voluntad de hacerlo. Pero es llamativo, según juristas y expertos, que los partidos y los grupos parlamentarios, de IU al PP, pasando por el PSOE, aboguen por esta ley y que, sin embargo, aún no se haya aprobado.

La opacidad repercute en la calidad democrática  Carlos Martínez Gorriarán

Cuestión de prioridades en tiempos de crisis y de falta recursos y personal, aunque, como recuerda Manuel Sánchez de Diego Fernández de la Riva, docente de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, "lo urgente no debe hacernos olvidar lo importante”. Y en el capítulo de las cosas relevantes muchos ciudadanos demandan precisamente mayor transparencia administrativa.

“Antes que nada, hay que aprobar una ley sobre el derecho a la información”, razona Sánchez de Diego. “Existe una norma sobre la reutilización de la información pública”, que se queda corta y que “equivale a empezar la casa por el tejado”. De todas formas, reconoce que en los últimos años se han dado pasos significativos, gracias también al “voluntarismo” de muchos funcionarios.

El Gobierno promete que presentará la ley de transparencia antes de agosto

Es cierto, a este propósito, que la sociedad española ha cambiado sus costumbres y con estas ha revisado su escala de valores. Las filtraciones de Wikileaks, las redes sociales, la cultura de los buscadores y un acceso más horizontal a la información no son solo una prerrogativa del Movimiento 15-M sino afectan ya a la rutina de la gran mayoría de familias.

Tanto es así que cada vez hay más iniciativas de “hackers cívicos” que intentan reunir documentos de interés público y que, desde luego, no constituyen ningún secreto de Estado. ¿Ejemplos? La Coalición Pro Acceso recogió algunos en la llamada campaña por las 100 preguntas: un “experimento” a veces desalentador para medir la transparencia de las instituciones. Esto es, nadie logró averiguar, a través de los cauces tradicionales, el organigrama completo de la Dirección General de Políticas de Desarrollo, el presupuesto total del Patronato Olímpico de la candidatura Madrid 2016 o el presupuesto de la Presidencia española de la Unión Europea. La respuesta siempre fue la misma: “silencio administrativo”.

En este contexto, la propuesta de los presidentes de la Cámara y del Senado de publicar el patrimonio, aprobada ayer por el pleno del Congreso, y acotar las compatibilidades de los diputados va de la mano del sentido común y coincide con una demanda social. Así como los avances de la Cámara Baja para garantizar el acceso a la información, según recuerda Francesc Vallès, parlamentario del grupo socialista y presidente de la Comisión del Estatuto del diputado. El Congreso, por ejemplo, pone a disposición de los usuarios de su página web los correos electrónicos de los parlamentarios, lo que no ocurre en todos los países. Una filosofía que, según asegura Vallès a propósito de la compatibilidad de cargos, debería constituir la hoja de ruta al ser “la mejor fórmula para despejar las dudas y para que no haya problemas”.

Las buenas intenciones de la clase política, sin embargo, no son suficientes. Lo detalla Helen Darbishire, directora ejecutiva de la organización Access Info Europe y miembro de la Coalición Pro Acceso. “La situación es mala, muy mala”, comenta. “España es uno de los pocos países de Europa que aún no tiene una ley de acceso a la información”. “Las cosas no van bien”, insiste Darbishire, “porque incluso el borrador de la ley al que hemos tenido acceso no obliga a facilitar toda la información y los plazos propuestos para determinados documentos no son satisfactorios (lo razonable serían unos 15 días)”.

Suecia legisló sobre el acceso a la información en el siglo XVIII

Los expertos recuerdan que en Europa Suecia y Noruega son los modelos que cuentan con la legislación más avanzada al respecto. De hecho, Suecia aprobó la primera ley de transparencia en 1766. Pero el acceso a la información está hoy reconocido también por los Gobiernos de Bulgaria, Serbia, Perú, México, Nigeria o Mongolia.

La experiencia de Carlos Martínez Gorriarán, miembro del Consejo de Dirección y responsable de Acción Política de Unión Progreso y Democracia (UPyD), confirma esta tendencia. “La opacidad es la norma en lugar de ser la excepción”, relata. Su opinión coincide con la de la mayoría de expertos en derecho administrativo: “La cuestión es que la falta de transparencia repercute en la calidad de la democracia, porque facilita la corrupción, la economía sumergida y también constituye un apoyo indirecto al fraude fiscal”.

A veces la misma Administración tiene problemas con las cifras

En las Administraciones locales la situación es a veces incluso peor. Martínez Gorriarán asegura que es “casi imposible”, por ejemplo, acceder a cierta información de los Ayuntamientos que, se supone, debería ser pública. “Preguntar es visto más como una agresión a la Administración que como un derecho”, prosigue. También estas afirmaciones chocan con el apoyo sin fisuras que, al menos sobre papel, transmiten todas las formaciones políticas en torno a una idea más o menos vaga de derecho a la información.

Tal vez porque la recomendación moral de abogar por la transparencia es tan obvia que la convierte en un derecho olvidado. Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, utiliza la palabra “desprecio” para describir esta actitud. “La Constitución de 1978 ya tuvo el acierto de incluir el derecho de acceso a la información, pero siempre ha sido despreciado”, al menos hasta ahora. ¿Por qué? La explicación de Fernández es dura aunque cobra sentido cuando se compara la historia reciente de España con la evolución de otros países europeos. En su opinión, se ha llegado a este punto “debido a la relativa falta de arraigo democrático”. Hoy en día, argumenta, “la transparencia es un signo representativo de la democracia de un Estado”. Y en este contexto, “el Gobierno central tiene su responsabilidad en los últimos lustros, pero también la tienen las Comunidades Autónomas, porque cuentan con las competencias suficientes para poder hacer algo al respecto”.

En cualquier caso, además de la aprobación ley a la que está llamado el Ejecutivo, según Fernández es fundamental que se establezcan medidas de control para su aplicación. “Este es el típico ejemplo en que solo la ley no basta. Se necesitan unas políticas públicas para garantizar que se cumpla”. Una de las razones radica en la organización misma Administración, que a veces tiene dificultad a la hora de buscar información y documentos que le pertenecen.

“Para que funcionen bien los archivos es fundamental trabajar el capítulo de la documentación”, prosigue Fernández. Cuando se redactó la Ley de la Memoria Histórica, por ejemplo, los políticos se dieron cuenta de que uno de los problemas de su aplicación era precisamente la ubicación de la documentación y de los archivos básicos para el desarrollo de la ley.

Precisamente con este objetivo, para que las Administraciones y sus webs se acerquen a los ciudadanos, trabajan organizaciones como la de Carlos de la Fuente, responsable de Open Data de la Fundación CTIC de Gijón. También su pulso de la situación avala la tendencia general. “En el capítulo de la transparencia lo que se está haciendo en este momento es muy tímido. Todas las iniciativas en este sentido son jóvenes y recientes y se está empezando por lo que tiene menos trascendencia política”, cuenta. Estamos hablando de “publicación de los mapas con las direcciones de las farmacias u otros tipos de servicios parecidos”. Iniciativas insuficientes porque aún nos encontramos muy lejos de “explicar qué se hace con el dinero público en determinadas partidas de gasto”. Y saber dónde, en definitiva, acabarán los impuestos de los ciudadanos.