Cospedal mete la tijera en los organismos públicos de Castilla-La Mancha

La presidenta electa de Castilla-La Mancha,  María Dolores de Cospedal, ha anunciado esta mañana que suprimirá cargos e instituciones, tal y como se esperaba, en la primera sesión de su debate de investidura. Firmemente decidida a librar una “lucha sin cuartel contra el paro masivo y la rampante precariedad laboral”, Cospedal ha centrado su discurso en explicar las medidas del plan de “austeridad y eficacia” que tiene previsto implantar en la comunidad en cuanto tome posesión del cargo.

Cospedal ha anunciado que privatizará la radiotelevisión de Castilla-La Mancha, aunque esta decisión corresponde al Congreso, porque habría que modificar una ley nacional, y que terminará con las instituciones del Defensor del Pueblo, el Consejo de la Competencia y el Consejo Económico y Social. La secretaria general de los populares ha puesto en cuarentena la existencia de la Sindicatura de Cuentas (una de las instituciones de las que más se fiaba el anterior Gobierno del socialista José María Barreda), hasta que se estudie su viabilidad. El ahorro que Cospedal obtendría acabando con estos organismos sería de seis millones de euros, el 0,07% del presupuesto de Castilla-La Mancha, según han indicado fuentes socialistas.

La dirigente popular ha justificado la supresión de estos organismos institucionales en que es una exigencia de la “simplificación” que, a su juicio, demandan los “excesos” del Estado de las autonomías. La presidenta in pectore de Castilla-La Mancha ha explicado su particular visión del Estado autonómico y ha demandado un equilibrio entre la descentralización y el papel de las instituciones del Estado. “Descentralización no significa multiplicar todo por 17”, ha concluido Cospedal entre los aplausos de su bancada.

En un discurso cuyas líneas maestras se han centrado en presentar medidas para frenar el paro y el déficit y en reivindicar la necesidad de alcanzar la estabilidad presupuestaria, la dirigente del PP ha anticipado que su Gobierno establecerá un techo de gasto y endeudamiento que será fijado anualmente por las Cortes de Castilla-Las Mancha. Otra de las novedades de cara a mejorar la transparencia de las cuentas públicas que ha anunciado Cospedal es la creación de una oficina de control preuspuestario que supervisará ella misma y que se encargará de examinar la distribución del gasto y de los contratos de la Junta. En su obsesión por conocer la situación económica que hereda del anterior Gobierno, también ha asegurado que su Ejecutivo verificará la situación real de las finanzas y la tesorería.

Los recortes incardinados en el plan de reequilibrio fiscal y financiero de Cospedal no solo afectan a los organismos institucionales sino también a los altos cargos de la Administración. Según ha anunciado la dirigente popular, en esta nueva legislatura solo habrá un delegado de la Junta por provincia, (con lo que se reducirán de 35 a 5); y se suprimirán el 60% de altos cargos, 22 direcciones genearles y 30 delegaciones provinciales, y la mitad de los puestos de libre designación.

En su primer discurso del debate de investidura, Cospedal no ha olvidado su puesto en la dirección general del partido y ha instado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que celebre la Conferencia de Presidentes y el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tampoco ha eludido cargar las tintas sobre la “incapacidad económica” del Ejecutivo de la nación y ha indicado que para la “completa recuperación de Castilla-La Mancha” será necesario que “España deje atrás el calvario al que le somete un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias”.

Cospedal anuncia que se podrá elegir libremente médico y hospital

Cospedal, que se ha centrado sobre todo en hablar de recortes, apenas ha explicado las medidas estrella, como la reducción de impuestos, que el PP había prometido durante la campaña electoral. Si entonces apenas se enunciaban, hoy la próxima presidenta de Castilla-La Mancha ha avisado de que estas bajadas deberán esperar hasta la segunda mitad de la legislatura, porque la prioridad ahora está en “el saneamiento de las cuentas públicas”. En esta misma línea, Cospedal ha avisado de que el desarrollo en infraestructuras también se supeditará a la mejora de los problemas financieros, aunque ha advertido que proyectos estrellas como la autovía Granada-Toledo-Ciudad Real estará “a la mitad” al final de esta legislatura.

Tampoco ha querido ahondar Cospedal en su primer discurso en temas controvertidos en el seno de su propip partido y que deberá afrontar en su próximo mandato. La futura prsidenta ha pasado de puntillas en el tema del agua y únicamente ha aludidio a "la necesidad de realizar infraestructuras hidráulicas que garanticen el agua en toda Castilla-La Mancha y en eñ resto de España", pero no ha hecho mención al trasvase Tajo-Segura que defiende en Murcia su colega Ramón Luis Valcárcel. No se ha referido siquiera a la reforma de la Ley Electoral, una medida que sí han abordado el presidente de Valencia, Francisco Camps, y la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, y cuya modificación ha demandado el futuro presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García Tizón.

La próxima presidenta ha anunciado también algunas medidas relativas a servicios básicos, en especial la educación y la sanidad, que seguirán los pasos de las políticas implantadas en la Comunidad de Madrid, por Esperanza Aguirre: educación bilingüe en todos los niveles, así como evaluación externa y pruebas de nivel al fin de cada ciclo educativo; y libre elección de médico y hospital.

Al final de su discurso Cospedal ha mostrado su “plena disposición al diálogo y al entendimiento”. Tras casi una hora en el estrado, la próxima presidenta de Castilla-La Mancha ha sido aplaudida por sus diputados, en contraste con el sereno silencio que había en los escaños socialistas. A la espera de que mañana Barreda le de la réplica, esta mañana el portavoz del PSOE en las Cortes, José Luis Martínez Guijarro, ya ha avisado de que la dirigente popular ha ocultado muchos de los otros recortes en servicios públicos que tiene previsto.