Los concejales de PP y PSOE se sienten desprotegidos por las medidas de Bildu

Los concejales amenazados del PSE y el PP están perplejos ante la decisión de varios alcaldes de Bildu de dejarles “totalmente desprotegidos” en los Ayuntamientos donde ha comenzado a gobernar la coalición independentista. Aquellos esperaban encontrarse con la retirada de la bandera española o las pancartas en contra de ETA que todavía son visibles en las casas consistoriales, algo que aún no ha ocurrido. Lo que no habían imaginado, según explica Estanis Amutxastegi, exregidor socialista en Andoain (Guipúzcoa), es que “la primera orden de la alcaldesa [Ana Carrere] iba a consistir en prohibir la entrada de los escoltas a los edificios municipales”.

El alcalde de San Sebastián, Juan Carlos Izagirre, también de Bildu, afirmó ayer que este Consistorio estudiará si mantiene o suprime las medidas de seguridad. “Está en la agenda, pendiente de discusión”, se limitó a decir.

Un portavoz de Bildu negó ayer a este diario que exista una instrucción generalizada para suprimir la seguridad en todos los Ayuntamientos que están en manos de Bildu. Los de Andoain, Lasarte-Oria y Mondragón ya han retirado los arcos de detección de metales y los escáneres, según fuentes municipales, y no renovarán el contrato a los vigilantes privados.

El ministro recuerda que la competencia sobre seguridad es exclusiva del Estado

Amutxastegi, que se negó a firmar la orden de la alcaldesa Carrere impidiendo la entrada a los escoltas, aseguró que seguirá yendo al Ayuntamiento acompañado de sus guardaespaldas.

A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, los dispositivos de seguridad del Consistorio donostiarra no estaban ayer en funcionamiento. Fuentes municipales recordaron que durante el mandato de Odón Elorza los escoltas tenían restringido el acceso a la casa consistorial y “se quedaban fuera”.

La decisión de estos Ayuntamientos coincide con la decisión del Ministerio y el Departamento vasco de Interior de reducir de dos a uno el número de guardaespaldas asignados a cada cargo público del PSE y el PP en el País Vasco. Esta medida se justifica, según las autoridades, por la nueva situación creada desde que ETA declaró un alto el fuego en enero pasado. Tanto el PP como asociaciones de escoltas han protestado por esta determinación de Interior.

El consejero vasco Rodolfo Ares remitió una carta a la alcaldesa de Andoain en la que, tras expresar su “total disconformidad” con las medidas adoptadas, le recuerda asimismo la obligación legal del Consistorio de velar por la seguridad de todas las personas. En su misiva, cita la larga secuela de atentados y de víctimas mortales que el terrorismo ha ocasionado en Andoain —la del periodista José Luis López de Lacalle y del jefe de la Policía municipal Joseba Pagazaurtundua—, así como las amenazas e insultos que durante los últimos días han recibido concejales del PP y del PSE.

Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se mostró ayer contundente ante la decisión de algunos Ayuntamientos gobernados por Bildu de eliminar medidas de seguridad. “Quiero recordar a la gente de Bildu que ha entrado en los Ayuntamientos que los Gobiernos estamos sometidos a las leyes, que las leyes hay que cumplirlas y que si las leyes no se cumplen, los jueces se encargarán de que se cumplan”, dijo en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El ministro del Interior dio a entender que el Ejecutivo tiene los mecanismos suficientes para que las leyes se cumplan en todos los Ayuntamientos y para garantizar la seguridad de todos los concejales. El artículo 1 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado otorga las competencias sobre seguridad en exclusiva al Estado, en ningún caso a los Ayuntamientos.

El vicepresidente Rubalcaba se empeñó en agotar todas las posibilidades y aseguró también: “Tenemos mecanismos para garantizar la seguridad de las personas en todo momento, pero si no las tenemos les puedo asegurar que tardaré una semana en traer una ley al Consejo de Ministros”. Se refería, entre otras cosas, a que si los Ayuntamientos improvisaban un reglamento ad hoc, lo recurriría para anularlos.