Un implicado en el 'caso ERE' dice que actuó con la conformidad de la Inspección

El exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, implicado en el caso de los fraudes a través de expedientes de regulación de empleo (ERE), ha recurrido su situación judicial responsabilizando a la Inspección de Trabajo y a la dirección y al comité de empresa de Mercasevilla, el mercado mayorista de la capital andaluza donde surgió el caso. Según afirma en su recurso a la juez de Instrucción 6, Mercedes Alaya, y la Audiencia de Sevilla, él no ha cometido “ni siquiera una irregularidad administrativa”.

Rivas figura entre la quincena de personas imputadas por los ERE irregulares subvencionados por la Junta. De todos ellos, destacan el exconsejero de Trabajo Antonio Fernández y el ex director general de Trabajo Javier Guerrero. La investigación de la Junta ha detectado a 72 intrusos, personas que no tenían derecho a las ayudas recibidas por empresas en las que, en ocasiones, ni siquiera trabajaron. También se han descubierto 111 irregularidades administrativas.

Uno de los intrusos que le imputa la juez a Rivas es su cuñado José Antonio M.S. El recurso del exdelegado, adelantado por Efe, afirma que la investigación policial y la documentación vinculada al caso no le relacionan con estos hechos, así como que nunca autorizó expediente alguno “en el que se incluyera a falsos trabajadores".

Sostiene la defensa que los conocidos como intrusos fueron incluidos en los ERE por las empresas intermediarias, las que se encargaban de pagar las ayudas vinculadas a pólizas de seguros. En esta fase, Rivas "no tiene nada que ver y es ajeno", sostiene el recurso.

Añade la defensa de Rivas que su cuñado fue incluido con “la expresa conformidad de empresa y trabajadores”.

En cuanto al ERE de Mercasevilla de 2007, Rivas afirma que lo respaldó de “buena fe” porque venía respaldado por la “inspectora de trabajo”.

Personación de CSIF

Por otra parte, la juez Mercedes Alaya ha admitido la personación en el caso del sindicato CSIF de Andalucía, que se querelló contra todos los posibles imputados por prevaricación, cohecho, estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, tráfico de influencias y fraude en subvenciones y contrataciones administrativas.

La juez también advierte de que la querella se hace extensible apersonas e instituciones que, “durante la investigación de los hechos pudieran resultar implicados".

Otro rechazo a investigar

Finalmente, el Parlamento andaluz ha rechazado de nuevo, con los votos del PSOE y la oposición de PP e IU, la creación de una comisión de investigación sobre los ERE ya abonados.

El diputado del PSOE Ángel Gallego ha afirmado que el Gobierno colabora ya en todo con la justicia y que el PP intenta “utilizar” de forma “torticera” los mecanismos de control parlamentario.

La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Esperanza Oña, ha justificado la propuesta de su partido en que quiere que se conozca la "política delictiva" de los últimos años. Oña ha afirmado que la actitud del PSOE sólo se entiende como “sospechoso encubrimiento”.

José Antonio Castro, de IU, ha argumentado el apoyo a la iniciativa del PP en que se trata de un acto de "coherencia" con la petición de transparencia que demandan los ciudadanos.