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Planeta Futuro
Tribuna
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No hay democracia sin igualdad de género

Además de condenar con firmeza que una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual, debemos cuestionarnos sobre qué estamos normalizando como sociedad para que esto suceda

Velorio de Michell Dayana González
Familiares y amigos asisten al velorio de Michell Dayana González, una menor de 14 años que fue asesinada en Cali (Colombia).Ernesto Guzmán (EFE)

La violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los abusos a los derechos fundamentales más extendidos y persistentes a nivel global que, en cierta medida, deriva de lo que consideramos como normal en nuestras sociedades. Además de condenar con firmeza que una de cada tres mujeres en el mundo sufra de violencia física o sexual, debemos cuestionarnos sobre qué estamos normalizando como sociedad para que esto suceda.

Ante esta pregunta, el Índice de Normas Sociales de Género publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela que el 90% de la población tiene al menos un prejuicio contra las mujeres, que va desde creer que los hombres son mejores líderes empresariales y que tienen más derecho que las mujeres a ocupar un empleo, hasta la convicción de que está bien que un hombre golpee a su pareja. La violencia de género no es un fenómeno que surge de la nada y su prevención y erradicación también pasa por que cada uno de nosotros sea consciente de sus propios sesgos.

Desde ONU Mujeres y PNUD trabajamos para reducir la discriminación de género y transformar las actitudes sexistas mediante el fomento de normas sociales y roles de género positivos. Esto requiere empoderar a las niñas y las mujeres, y también trabajar con toda la sociedad para desterrar los estereotipos que fomentan masculinidades violentas. Para conseguirlo, aplicamos las ciencias del comportamiento para involucrar a los hombres y comprometerlos en la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas con campañas de sensibilización más eficaces y que se adapten a la realidad de cada país de la región. Las normas sociales que limitan los derechos de las mujeres también perjudican a la sociedad en su conjunto; limitan la expansión del desarrollo humano y aumentan las brechas de desigualdad.

No es casualidad que la dificultad para lograr avances en las normas sociales de género tenga lugar en medio de una crisis de desarrollo humano. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) global perdió valor en 2020 por primera vez en la historia y lo mismo ocurrió al año siguiente. A su vez, para América Latina y el Caribe, el PNUD estimó, a partir de su propuesta de Índice de Pobreza Multidimensional con foco en mujeres, que el 27,4% de ellas en 10 países de la región vive en condiciones de pobreza multidimensional.

El impacto de la pobreza en las mujeres varía por su ubicación en el territorio: en los 16 países analizados, el 19% de aquellas que viven en zonas urbanas son pobres multidimensionales, mientras que un 58% viven en zonas rurales. Las mujeres más pobres son las que enfrentan mayores desigualdades, participan menos en el mercado laboral y experimentan una mayor pobreza de tiempo producida por el exceso de trabajo no remunerado de cuidados.

Estas brechas de desigualdad, además de ser una barrera para el desarrollo humano, son una amenaza para la democracia. América Latina y el Caribe, la tercera región más democrática del mundo y la única región emergente que aspira a llegar al desarrollo a través de la democracia y el respeto a los derechos humanos, no lo logrará si continúa siendo la región más violenta y peligrosa para las mujeres.

En la construcción de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, el acceso universal a la Justicia es indispensable para erradicar la violencia de género y la impunidad

El informe de Latinobarómetro 2023 señala un claro retroceso democrático en América Latina: el porcentaje de su población que ve la democracia como la forma preferida de gobierno cayó del 60% en 2000 al 48% en 2023. Las mujeres permanecen subrepresentadas en la toma de decisiones y son las más insatisfechas con la democracia, con un 70%. Al mismo tiempo, según los últimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de la región, en 2022, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio: 4.004 de América Latina y 46 del Caribe.

Esta es una clara señal de que a pesar de los avances en varios países de la región en la aprobación de marcos legales específicos e integrales y el establecimiento de fiscalías especializadas y protocolos para responder a la violencia de género, los derechos fundamentales de las mujeres siguen sin traducirse en logros tangibles. Sin una gobernanza efectiva e instituciones sólidas que garanticen a las mujeres y niñas el pleno goce de sus derechos, incluyendo el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación, será imposible recobrar la confianza en la democracia en la región.

En la construcción de sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, el acceso universal a la Justicia es indispensable para erradicar la violencia de género y la impunidad. Las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia no encuentran el suficiente amparo en el sistema de justicia, y cuando tienen el coraje de denunciar, muchas veces son revictimizadas hasta que desisten de su denuncia, de la búsqueda de ayuda y protección por parte de las instituciones públicas. A su vez, estas mujeres tienen una triple carga laboral: afrontan tareas de cuidado, trabajo doméstico y sus empleos remunerados, que suelen ser precarios, informales y de bajos ingresos.

En el caso de experimentar violencia, suele existir desconfianza por parte de las mujeres respecto a la celeridad y eficacia de la respuesta judicial ante su situación

Además, gran parte del impulso al proceso judicial recae sobre la denunciante, quien debe, no solo presentarse en numerosas ocasiones ante el juzgado, sino también asumir los costos económicos de traslado, las dificultades para organizarse con las responsabilidades del hogar, y el temor a las represalias por parte del agresor o de miembros de sus comunidades.

A esto deben sumarse, tanto el posible desconocimiento que muchas mujeres puedan tener sobre los procedimientos judiciales o extrajudiciales, como también las dificultades para acceder a servicios gratuitos o el desconocimiento de su existencia. También pesan la escasa o nula información pública sobre los servicios especializados. Por ejemplo, en el caso de experimentar violencia, suele existir desconfianza por parte de las mujeres respecto a la celeridad y eficacia de la respuesta judicial ante su situación y, también, suelen enfrentar prácticas de revictimización como verse obligadas a contar los hechos en varias ocasiones o que su testimonio sea puesto en entredicho.

Desde PNUD y ONU Mujeres llamamos a construir sociedades más justas para las mujeres. Todas las personas y sociedades pueden avanzar, ya sea a través de la educación, la movilización social, la adopción de medidas legales y políticas, la abogacía por mayores presupuestos para prevenir la violencia, la promoción de diálogos y búsqueda de consensos. Para derribar sesgos y abrir paso a sociedades más pacíficas, seguras, justas, inclusivas e igualitarias como requisito para no dejar a nadie atrás en la senda hacia el desarrollo sostenible.

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