Cuando Petro despertó, la crisis humanitaria todavía estaba allí
La grave situación humanitaria en Colombia, derivada del largo conflicto armado, es evidente desde hace décadas. Aunque la firma del Acuerdo de paz con las FARC en el año 2016 supuso la mejora de los indicadores en buena parte del país, en algunos territorios la situación ha empeorado
![FARC Colombia](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/YV3ZUV74AJA75LJ6KVIQ5GZPVQ.jpg?auth=f9d70d2ac9d939eb980653674d16f18742bb094cdefa7896acccc9a5ba1ea9ac&width=414)
Aún no han transcurrido los habituales cien días de cortesía para valorar el desempeño de cualquier cargo, pero en estos más de dos meses pasados desde la toma de posesión como presidente de Colombia de Gustavo Petro, el pasado 7 de agosto, algunas cuestiones están cambiando y otras, no tanto. La propuesta de “Paz total” lanzada al inicio de su mandato, el alegato en la lucha contra las drogas presentado solemnemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto a la decidida toma de posición frente al cambio climático, están marcando algunas de las posiciones públicas del nuevo presidente.
Sin embargo, las consecuencias de la violencia, el narcotráfico o la crisis ambiental, en términos de desplazamiento forzado, violencia, desprotección de derechos, hambre y sufrimiento humano —impactos humanitarios—, en el interior del país, han debido esperar para ser mencionadas por el presidente hasta el pasado 26 de septiembre en el acto de reapertura de la frontera con Venezuela, cuando declaró: “El que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado, y con otro desastre humanitario a este lado”. Avance positivo y reconocimiento de una crisis humanitaria a ambos países que, en ocasiones, no se quiere aceptar o se intenta manipular. Como en el cuento de Monterroso, la crisis todavía estaba allí. El hecho de que una buena parte de los medios de comunicación recogiera la primera parte de la frase, la situación humanitaria en Venezuela, pero no la segunda, la crisis en Colombia, es algo que ha sido muy común durante todos estos años. Ya se sabe, la paja en el ojo ajeno.
La existencia y continuidad de una grave situación humanitaria en el país, derivada del largo conflicto armado, es evidente desde hace décadas y, aunque la firma del Acuerdo de paz con las FARC en el año 2016 supuso la mejora de los indicadores en buena parte del territorio, en algunos lugares la situación ha empeorado y las afectaciones causadas por los llamados GANE (Grupos armados no estatales) se ha incrementado.
El último informe de tendencias humanitarias e impacto humanitario publicado en el mes de julio muestra esta realidad. “El primer semestre de 2022 ha representado un reto para la provisión de asistencia humanitaria, con más de 100.000 personas afectadas por el desplazamiento masivo y el confinamiento”. Además, a pesar de que las víctimas de desplazamiento masivo solamente se incrementaron un 2,7% comparando el primer semestre de 2022 con el mismo período de 2021, estas quintuplican las cifras observadas en ese mismo período del 2017, los primeros seis meses de implementación del acuerdo con las FARC.
![Fuente: Monitor de OCHA](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/7FSGRYNUTJDE7GXSGUHZW4EETQ.png?auth=f772225cebd3f469563ac7e960e11807a3f09b0605771e0dba9e542d82eb326c&width=414)
Una tendencia similar se puede observar en el caso de las víctimas de masacres, las cuales, aunque hayan disminuido 27,4% entre el primer semestre de 2021 y el primer semestre de 2022, duplican las cifras registradas por OCHA para los primeros seis meses de 2018.
![Fuente: Monitor de OCHA.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/H4WAVJBWOVG7NJEYISL3REQHGY.png?auth=a78cb400d19be5a4c8624a31d6c355a104a4efde496fef589dfa4ef9d19c2ea2&width=414)
Estas tendencias corresponden principalmente a la expansión y consolidación de los grupos armados no estatales hacia zonas anteriormente controladas por las FARC y a la disputa entre ellos por el control territorial y de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. Por ejemplo, el ELN ya tiene presencia en 14% de los municipios del país y el grupo disidente liderado por Gentil Duarte, antes de su muerte, en el 10%. A esto se suman varios grupos más pequeños y con presencia mucho más concentrada a nivel local, pero que también ejercen control territorial y generan afectaciones de carácter humanitario.
Junto a estos datos, los testimonios que dan las organizaciones humanitarias tanto nacionales como internacionales sobre el terreno no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de la situación humanitaria en algunas regiones. Desde el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) hemos tenido la oportunidad de realizar la evaluación en tiempo real del programa MIRE II (Mecanismo Interagencial para Respuesta de Emergencia) del que forman parte el Consejo Noruego de Refugiados (NRC), Médicos del Mundo (MDM), Acción contra el Hambre (ACH), Alianza por la Solidaridad (ApS) y ACAPS, y que es financiado por la DG ECHO de la Comisión Europea. Hemos comprobado los efectos en las comunidades de regiones como Chocó, Cauca, Norte de Santander, Nariño, entre otras, y la pertinencia de la acción humanitaria independiente y basada en principios.
Confusión en torno a la acción humanitaria
Las cuestiones humanitarias han sido desde hace décadas objeto de cierta confusión en Colombia y, lamentablemente, lo siguen siendo en la actualidad. Si durante los gobiernos de Álvaro Uribe se negaba la existencia de un conflicto y de la crisis humanitaria, pero se permitía el trabajo de organizaciones humanitarias internacionales (¿para qué, si no, había crisis?), el presidente Juan Manuel Santos siguió tolerando el accionar humanitario internacional, fortaleció los dispositivos del Gobierno colombiano en la materia con la aprobación de la Ley 1448 de Víctimas y mejoró la relación con la comunidad internacional.
Pero apenas se incorporaron las preocupaciones humanitarias durante las conversaciones de paz con las FARC y, una vez firmado el Acuerdo de paz, se planteó una visión entre optimista e interesada respecto a que la crisis humanitaria había concluido, la presencia humanitaria internacional debía ir finalizando y que todos los esfuerzos se debían centrar en la construcción de la paz y el desarrollo. Lo lamentable de este planteamiento, que los hechos han demostrado que era erróneo, es que contó con el apoyo de ciertos sectores de la comunidad internacional, con Naciones Unidas a la cabeza, que intentaron, incluso, el cierre de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), redujeron al mínimo el trabajo de algunas agencias humanitarias en el país y se negaron a que la realidad humanitaria sobre el terreno les hiciera ver los riesgos a los que se enfrentaba la paz.
La anodina presidencia de Iván Duque profundizó en esta corta visión, con la agravante de que quiso instrumentalizar la situación humanitaria de Venezuela, negando la propia crisis interna, con actuaciones como las del puente internacional Simón Bolivar en Cúcuta, en febrero de 2019, tan sectarias e incumplidoras de los principios humanitarios que, hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se vio obligado a cuestionarlas. En aquella ocasión, el actual presidente Gustavo Petro emitió un tuit diciendo: “Duque está pervirtiendo el término humanitario en una operación de jugador de dados tratando de subir su popularidad”.
Duque está pervirtiendo el termino humanitario en un operación de jugador de dados tratando de subir su popularidad. Puede terminar de muñeco de felpa en una guerra real
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 24, 2019
https://t.co/xPZ0tzUfDX
Ahora, con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, tras el periodo de silencio al que nos referíamos al inicio, parece haber algunos esfuerzos de posicionar las cuestiones humanitarias en el debate público que, a nuestro juicio, están aumentando la confusión. Uno de estos esfuerzos ha sido la denominada Cumbre Humanitaria, impulsada por el expresidente Ernesto Samper a través de la organización Vivamos Humanos y la Coordinadora Humanitaria.
En los dos encuentros llevados a cabo hasta ahora, la Cumbre ha reunido a organizaciones sociales de varias zonas afectadas por el conflicto, a miembros de alto nivel del gobierno y sus aliados políticos, y a algunos actores de la comunidad internacional. El resultado de estos espacios ha sido materializar un llamamiento colectivo de estos sectores sociales, más bien de carácter político, para que el gobierno de Gustavo Petro avance en su propuesta de “paz total” y a que se convoque un cese al fuego de carácter multilateral en todo el territorio.
Colombia tiene la oportunidad histórica de avanzar en la resolución de su situación humanitaria, pero solo si la aborda con seriedad
Algunas de las propuestas de estos foros y, más aún, las declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, arrojan muchas dudas y preocupaciones. Su planteamiento de que “las organizaciones en los territorios serán los verificadores de las acciones humanitarias de los grupos armados durante los diálogos”, aparte de confusa, puede suponer aumentar el riesgo que ya tienen estas organizaciones con los actores armados. Más aún, su afirmación de que el proceso se hará a través de una “línea de atención humanitaria, abierta 24 horas y anclada a sus procesos sociales, en la que las organizaciones contribuirán a cotejar la información y facilitar la verificación de los compromisos de los armados en materia de vida, libertad y distensión” supone, a nuestro juicio, un error que puede ocasionar aún más daño en algunas comunidades.
Preocupantes también, y poco informadas, resultan sus alusiones a que se “ampliará el concepto de lo humanitario más allá del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”. “¿Quiénes son esos grupos armados? Los que son reconocidos en el DIH y los que no tienen ideología política, pero tienen control social, organización, estatutos internos y capacidad de afectar bienes públicos y sociales”, dijo. Y explicó que la discusión va más allá de “si son sujetos con ideología política o no y si son signatarios o no del DIH”. Errores importantes ya que, el DIH no dice nada sobre las motivaciones ideológicas de los contendientes y mucho menos sobre si son signatarios o no del DIH, ya que, obviamente, los grupos armados no estatales no pueden serlo.
El cambio de gobierno en Colombia ha abierto unas grandes expectativas de mejora en la situación del país y, como no, en la crisis humanitaria. El mero reconocimiento de su existencia ya es un avance. Pero las cuestiones humanitarias deben abordarse con rigor, con protagonismo de las organizaciones del sector, aplicando los aprendizajes de épocas anteriores, respetando su valores y marcos normativos y tratando de no ser manipuladas por las agendas políticas. Legítimas, sin duda, pero que tratan de instrumentalizar lo humanitario o lo diluyen como un ingrediente más de otras agendas. Colombia tiene la oportunidad histórica de avanzar en la resolución de la situación humanitaria, pero solo si la aborda con seriedad. De lo contrario, en el siguiente despertar del presidente, la crisis, lamentablemente, seguirá allí.
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