Derechos de la mujer
Tribuna
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Ser mujer como factor de riesgo en Bolivia

Un maremoto constante de casos de violencia de género embiste al país latinoamericano. La violencia sexual suma cada día 28 casos; más de uno a la hora. Frente a esta realidad, las mujeres levantan diques de contención

Tres mujeres sostienen carteles durante una protesta contra el feminicidio el 1 de noviembre de 2020.
Tres mujeres sostienen carteles durante una protesta contra el feminicidio el 1 de noviembre de 2020.DAVID MERCADO (Reuters)

Ya había conocido antes a Isabel Rey, proveniente de una comunidad afrodescendiente situada en el municipio boliviano de Coroico, pero no fue hasta aquella conversación en que la vi apretar los dientes por primera vez cuando entendí la gravedad de la situación “En mi niñez, conviví con la violencia. Mi padre era muy agresivo y, por este motivo, lucho ahora contra ella. Ser mujer es un factor muy peligroso, no sabemos cuándo vamos a sufrir violencia y tenemos miedo. Yo tengo miedo”.

Rey, como otros cientos de ciudadanas en Bolivia, pertenece a una red estatal de promotoras comunitarias que, hartas de poner la otra mejilla al sufrir agresiones y oír diariamente en sus radios y televisiones los casos de feminicidios, han decidido levantarse para erradicar estas situaciones.

Las promotoras comunitarias son una figura legal recogida en la Constitución de Bolivia cuya finalidad es la de constituir una red de apoyo y protección a mujeres que viven cualquier situación de violencia. Es una red necesaria dada la desconfianza hacia las autoridades.

Su existencia podría ser paradójica, al entender a las promotoras como un grupo que toma la justicia por su propia mano. Pero, lejos de lo anterior, se trata de una red que llega donde la justicia no lo hace para empoderar, acompañar en todos los procesos de denuncia y dar ese apoyo emocional tan necesario cuando la mujer se siente vulnerable. Desde Alianza por la Solidaridad – ActionAid hemos visto cómo este recurso legal es más necesario que nunca y, por este motivo, formamos a voluntarias como promotoras comunitarias para que se encarguen de prevenir, controlar y denunciar la violencia. Así, ellas se convierten en un apoyo para otras y difunden las leyes en las comunidades.

Por exponer algunos datos, desde el inicio del año hasta el 5 de junio del 2022, se han registrado más de 4.300 casos de violencia sexual en Bolivia: 28 por día, más de uno por hora; más de 1.000 son violaciones a menores. Números que, lejos de disminuir, continúan aumentando y suponen un incremento del 30% respecto al año anterior, según la Coordinadora de la Mujer y la Fiscalía General del Estado de Bolivia.

En Bolivia, el problema de la violencia no es solo de las mujeres, ni de las autoridades, ni de los hombres. El problema es estructural y afecta a todas y todos

Se trata esta de una situación insoportable para los casi seis millones de féminas que viven en el país andino y para quienes trabajamos con esta temática. Los números subieron este año en comparación con el anterior, pero todas las personas queremos pensar que no aumenta la violencia de género; lo hacen las que denuncian.

Recuerdo las palabras de mi compañera Carolina Aliaga, técnica de proyectos en nuestra organización. En una conversación, me subrayaba cómo la violencia no solo era una herida en el brazo o un moratón, sino que además les quitaba derechos, las asesinaba, les negaba la participación y las dejaba fuera de la toma de decisiones. Todas tienen derecho a vivir una vida libre de violencias de ningún tipo.

Una normativa desconocida

A pesar de que las leyes en Bolivia tienen todo un mecanismo de respuesta a la violencia de género, la falta de conocimiento por parte de la población general; la naturalización del delito, la escasa formación y la incapacidad de respuesta de las autoridades, unidas a unos pobres presupuestos y la ausencia de estructuras, forman una gran brecha entre los avances normativos y su adecuada implementación.

Todo esto en un país en el que no ayuda ni la orografía, ni una población distribuida de forma dispersa. De hecho, el avance en las normativas sobre violencia de género aún no ha hecho mella en la sociedad, tal y como me llegó a señalar Alicia Caranavi, directora de Centro de Desarrollo Integral de la Mujer Aymara. “Muchas no tienen recursos ni para ir a denunciar. Desde muchas comunidades, hacerlo puede suponer tres o cuatro horas de caminata cargadas con sus bebés hasta el centro policial más cercano. En un gran número de ocasiones, los hombres no les dejan salir de la comunidad. Es entonces cuando ellas tienen que aguantar y sufrir todo lo que el hombre quiera, incluso violencia sexual”. Un panorama desolador para aquellas que intentan escapar de las manos de quienes les atrapan.

Un trabajo colectivo

En las comunidades, las normas se desconocen y la violencia está naturalizada. La normalidad es que las mujeres sufran gritos, insultos, puñetazos y patadas. Ellas creen que han nacido para sufrir y justifican así el daño que reciben. La mayoría de las veces, ni las autoridades dan credibilidad cuando las víctimas denuncian y las culpan a ellas por haber cometido algún error. En Bolivia no escasean los titulares en periódicos en que los feminicidios se justifican por infidelidades u otros motivos.

Solo en Coroico existen 112 comunidades disgregadas por su territorio. Como indica la propia policía, en esta localidad de menos de 20.000 habitantes constan denuncias de agresiones sexuales a mujeres o niños una o dos veces al mes e, incluso, semanalmente. Una realidad que no es más que la punta del iceberg y que se visibiliza gracias a las denuncias, pero que lamentablemente, en muchas ocasiones, quedan sin denunciar porque en las comunidades no hay presencia ni del Servicio Legal Integral Municipal ni de la policía.

Aunque las diferentes autoridades tratan de llevar las normativas hasta las comunidades alejadas, es cierto que las distancias dificultan la posibilidad de denunciar. Además, muchas veces, las mismas autoridades responsabilizan al alcohol o a la propia víctima. Por dar un ejemplo, el propio jefe de la Unidad del Servicio Legal Integral Municipal de Coroico me decía que les llegan muchas denuncias y se inician procesos, pero, al tiempo, la víctima firma el desistimiento del trámite. “¿Qué ha pasado más tarde? Ha vuelto a haber conflictos en la pareja y el marido ha intentado apuñalarla en el pecho”, contaba.

En Bolivia, el problema de la violencia no es solo de ellas, las víctimas; ni de las autoridades, ni de los hombres. El problema es estructural y afecta a todas y todos. Según datos recogidos del Centro de Desarrollo de Información y Desarrollo de la Mujer, el 64% de los casos de muertes de ellas corresponden a feminicidios, siete de cada diez mujeres sufren algún tipo de violencia en sus hogares y, en un 75% de los casos, tiende a ser repetitiva. Por este motivo, vamos a continuar en pie de armas para que el género no sea un factor de riesgo, erradicar esta pandemia que recorre la columna vertebral del país andino y conseguir que cualquier mujer viva una vida libre de violencias.

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