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Bolivianas contra la violencia machista

Nueve mujeres cada mes son víctimas de feminicidio en un país que no alcanza un cuarto de la población de España

Mural contra la violencia machista en el barrio de Sopocachi de La Paz, Bolivia
Mural contra la violencia machista en el barrio de Sopocachi de La Paz, Bolivia

María Antonia Mamani acudió por primera vez al Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza cuando quiso denunciar a su pareja por maltrato. La derivaron allí desde la oficina de la Defensoría del Pueblo de El Alto, un suburbio de La Paz que, creciendo de manera caótica y acelerada, se ha convertido en la segunda ciudad más grande de Bolivia. Tres años después, Mamani acude dos veces por semana a un centro de salud de la ciudad para informar a las mujeres en las salas de espera de cómo detectar situaciones de violencia machista y luchar contra ellas.

Antes de convertirse en agente comunitaria, María Antonia, de 30 años, pasó talleres de autoestima, formación legal y puesta en común de su experiencia, un requisito indispensable para que desde Las Gregorias, como llaman al centro, se siga un caso. “Para que una mujer salga del círculo de la violencia hay que empoderarla”, reivindica la directora de esta ONG, Tania Sánchez.

Las Gregorias desarrollan su labor en el que se considera uno de los países con más violencia machista de América Latina. Cada año más de cien hombres cometen feminicidio en Bolivia, con diez millones de habitantes. Es la cifra que puede estimarse mediante conteos de organizaciones de mujeres y periódicos locales, así como de una comunicación reciente de la Fiscalía General, que reportó 94 casos en lo que va de año, ya que no hay estadísticas oficiales históricas y sistematizadas.

El Observatorio Manuela del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) contabilizó 270 feminicidios desde marzo de 2013 hasta octubre de 2015. Las cifras corresponden a los primeros treinta meses de vigencia de la ley 348, una norma integral “para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia” que tipifica el delito de feminicidio en nueve supuestos -la mayoría fuera de la relación de pareja- y le da la máxima condena penal posible: treinta años sin derecho a indulto. Nueve mujeres cada mes son víctimas de feminicidio en un país que no alcanza un cuarto de la población de España.

Para empezar a desarrollar labores comunitarias a través del Centro Gregoria Apaza, las usuarias pueden completar un ciclo formativo de 32 sesiones. “Ahí se tratan más temas: equidad, autoestima, derechos sexuales, derechos humanos, divorcio, mediación familiar”, enumera Mamani. Entre las mujeres graduadas como promotoras comunitarias se turnan para cubrir horarios de tres horas por la mañana y por la tarde en cada uno de los centros de salud. Cada una debería hacer un turno por semana, pero Mamani hace dos porque no son suficientes compañeras.

Tras las charlas públicas, se suelen acercar dos o tres mujeres. A menudo, dice Mamani, van preguntando por otra. “Pero yo sé que es para ellas”, comenta con una media sonrisa. Una mujer —siempre la misma, para evitar procesos de “revictimización”— las acompaña al centro, sigue el proceso y mantiene el contacto con ellas. “Nos reciben bien, pero en caso de denuncias muchas no quieren. Muchas también tienen miedo”, dice sobre la experiencia de dos años con esa labor.

La propia Tania Sánchez; la secretaria ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo y la directora de Planificación Estratégica de ONU Mujeres en Bolivia, Elizabeth Salguero, coinciden en destacar los avances normativos y el buen diseño de la ley 348. Lo mismo dicen informes de organizaciones internacionales como la CEDAW (un organismo de la ONU dedicado a eliminar la discriminación por razón de género) o la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Pero los halagos a la normativa dan paso a las críticas a su aplicación. La CEDAW, en su último informe de noviembre de 2015, valora "los profundos cambios legislativos" en el país, pero añade que necesitan "refuerzo administrativo". Salguero —que antes de trabajar para la ONU fue ministra de Culturas y diputada nacional con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que gobierna Bolivia desde 2006— apunta a la falta de acciones específicas de “formación y sensibilización” en las instituciones públicas. Novillo asegura que la norma “no está funcionando” después de más de tres años de promulgarse, sobre todo porque no prevé asignación presupuestaria. “Nosotros vemos la falta de presupuestos como un indicador de la voluntad política de los gobernantes en relación al problema de la violencia”, dice.

En Bolivia no existe un ministerio ni una oficina de alto nivel dedicada a la igualdad

Parte del trabajo de la Coordinadora de la Mujer es tender puentes entre instituciones, ya que la falta de entendimiento y comunicación entre Policía, operadores de justicia y poder ejecutivo resta eficacia a la respuesta contra la violencia, explica Novillo. En Bolivia no existe un ministerio ni una oficina de alto nivel dedicada a la igualdad y la ley 348 convoca la acción de varios ministerios, departamentos —regiones— y municipios. Estos últimos deben ejecutar presupuestos específicos para construir y mantener casas de acogida para víctimas de violencia y servicios legales destinados a garantizar el acceso gratuito a la justicia.

Un estudio del centro Gregoria Apaza concluyó que en 2015 los municipios sólo dedicaron el 2% de sus presupuestos de inversión en políticas de género y sólo ejecutaron el 47% de los recursos totales destinados a la lucha contra la violencia machista, 7,75 millones de dólares. Los gobiernos departamentales sólo ejecutaron el 4% de lo presupuestado para la construcción de los refugios, una cifra que no llega a 200.000 dólares.

Según Novillo, la formación profesional es una prioridad de las organizaciones sociales, pero la rotación de personal en las instituciones resta efectividad a estas acciones. Pasaba con la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), un cuerpo especializado en delitos contra las mujeres. “Durante mucho tiempo, trabajar para la FELCV era como un castigo para la Policía”, lamenta Novillo.

En ese entorno de debilidad institucional, las Gregorias desarrollan desde hace más de 30 años labores de prevención y atención de la violencia contra las mujeres y de empoderamiento a través de programas de capacitación profesional, socialización y formación en derechos humanos.

Ellas inspiraron la figura de promotora comunitaria que recoge la ley 348. Alrededor de 35 mujeres formadas en la organización desempeñan este trabajo voluntario en cuatro hospitales de la ciudad de El Alto. Su lugar de reunión y formación una sede de la ONG con varias plantas, salas de reuniones, talleres textiles y un estudio de radio. Sus muros están decorados con murales que reivindican los derechos y recuerdan a heroínas indígenas como la propia Gregoria Apaza.

Son personas que en casi todos los casos llegaron a la organización por haber sufrido violencia machista. Ahora aprovechan la espera de los pacientes para dar información sobre cómo reconocer situaciones de maltrato y de qué manera enfrentarlo. También orientan directamente a quienes acuden a consulta médica por casos de violencia. “A veces es muy difícil acercarse a un profesional, pero cuando ven a una mujer como ellas se abren mucho más”, argumenta la abogada de la organización Magaly Achá.

Tania Sánchez explica que la ley anterior “no era punitiva”, sino que tenía un enfoque de conciliación familiar. “Ahora sucede a menudo que las mujeres no quieren denunciar por consecuencias penales”, apunta. Deben recurrir por fuerza a un abogado y afrontar un proceso largo y costoso.

Ruperta Poma, Susana Luque e Isabel Guzmán toman un refrigerio después del taller de formación en la sede de Gregorias.
Ruperta Poma, Susana Luque e Isabel Guzmán toman un refrigerio después del taller de formación en la sede de Gregorias.

Las promotoras son mujeres de todas las edades que tienen en común un contacto con la violencia. Ruperta Poma emigró a El Alto en 1975, con 15 años. Ella informa a los pacientes de un hospital de atención primaria con unidad de maternidad. Lee fragmentos del manual de agentes comunitarias. “Les pregunto qué han entendido. A algunas les hablo en aymara, porque algunas señoras no entienden”, dice.

El Alto es una ciudad pegada a La Paz que pasó de tener 400.000 habitantes a 850.000 entre 1992 y 2012. “Tres o cuatro” de los 14 distritos en los que se divide no tienen luz eléctrica, carreteras asfaltadas o saneamiento de agua, hace notar Achá, la abogada. Por la dependencia administrativa de La Paz —sede del Gobierno y capital departamental—, existen pocas instituciones a las que dirigirse. La inseguridad ciudadana y la mayor incidencia del empleo informal en las mujeres se añaden como factores de vulnerabilidad.

Quienes frecuentan el centro de Gregorias valoran la experiencia de voluntariado como un empoderamiento mutuo. Lourdes Mamani se forma allí para ser promotora, pero primero recibió ayuda en otra asociación paceña que cesó su actividad. Tuvo un proceso de separación y sufría violencia de su pareja. “Eso me ayuda mucho para trabajar con otras”, apunta. Mamani vende ropa en los mercados como trabajadora ambulante. “Tengo 40 años, me es difícil encontrar un trabajo. Tengo una hija que tengo que cuidar y tienes que hacer algo”, dice.

Otras mujeres contactaron con la ONG para mejorar su formación profesional, como Isabel Guzmán, que llegó en 2011 a través de su parroquia para recibir un curso de costura a máquina. “Yo vivía violencia en mi casa, pero por mi educación no lo sabía diferenciar”, reflexiona. Lleva varios años actuando como agente comunitaria y ayuda a su familia tejiendo ropa para una empresa que exporta tejidos bolivianos a Dinamarca y Canadá. “Mis hijos son mayores y por suerte no tengo necesidad. Ayudo a mi hija. Tenemos que ayudarnos entre mujeres”, zanja.

Según una nota publicada por el Ministerio de Comunicación el 1 de julio, desde la tipificación del feminicidio en marzo de 2013 hasta entonces hubo 47 sentencias condenatorias por ese delito. La ley ordena crear juzgados específicos contra la violencia, pero éstos se dedican también a corrupción y delitos administrativos.

En 2015 los municipios sólo dedicaron el 2% de sus presupuestos de inversión en políticas de género

Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud de 2012 concluyó que Bolivia era el país de América Latina con mayores tasas de violencia física contra las mujeres. Según las encuestas que recoge, el 53% de las mujeres bolivianas que habían vivido en pareja sufrieron violencia física o sexual alguna vez (2003), mientras que el 25,5% habían sufrido violencia en los doce meses anteriores (2008).

A pesar del trabajo de la sociedad civil y los avances normativos, queda mucho por hacer en términos de capacitación, aumento del presupuesto y coordinación institucional. Mónica Novillo advierte de que las tendencias no son positivas. “La violencia en pareja se está produciendo en edades más tempranas y en relaciones de noviazgo”, señala. “Estamos concentrándonos mucho en incidir en cambios culturales de la forma de ver a las mujeres en nuestro contexto”, dice.

Para Salguero también es fundamental incidir en las pautas culturales a través de la educación y los medios de comunicación, cuya labor critica por “naturalizar” la violencia contra las mujeres. Y destaca la necesidad de las campañas de prevención, que en lugar de sólo animar a las mujeres a denunciar a sus agresores, deberían dirigirse a los hombres. “No hay una sensibilización y campañas de prevención antes de que pasen los feminicidios, antes de que pasen los golpes, antes de que pasen los casos de agresiones físicas, psicológicas y sexuales”, lamenta.

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