No es hora de borrar del mapa los barrios populares de Argentina

A tan solo una media hora caminando de la Casa Rosada está el puerto. Allí, a un paso del pleno centro de Buenos Aires, en el barrio Padre Múgica, viven 14.300 familias en la más completa exclusión y privadas de servicios urbanos esenciales como acceso a agua potable, electricidad y saneamiento básico.

El barrio popular siempre ha estado ahí, a la vista de todo el mundo. Su gente, también. Pero no fue hasta 2016 que se supo con certeza cuánta gente vivía en él. Ese año, el Gobierno argentino, con el respaldo de TECHO, el sindicato UTEP y Cáritas, conformó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) para incluir a los habitantes informales en el censo nacional, y otorgarles derechos como a todos los ciudadanos. “Cuando con pocos recursos, pero mucha organización, comenzamos el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, no imaginamos que íbamos a ver resultados concretos tan rápido” afirma Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana de la Nación. En total han detectado ya más de 6.400 barrios donde viven 1,1 millones de familias, pero sus esfuerzos están ahora en peligro. El nuevo gobierno del ultraderechista Javier Milei ha integrado el Ministerio de Desarrollo Social en una cartera nueva, bautizada de Capital Humano. Si deja de tener fondos, el RENABAP tiene peligro de desaparecer y devolver a más de cinco millones de argentinos al ostracismo.

Frecuentemente, los barrios populares, también conocidos como asentamientos informales, quedan fuera del radar de las autoridades locales. Los habitantes de estas áreas, al no poseer derechos legales sobre sus viviendas, se enfrentan a la privación de servicios urbanos esenciales como acceso a agua potable, electricidad y saneamiento básico. Esta ausencia de reconocimiento por parte del gobierno no solo conlleva la exclusión de servicios urbanos vitales, sino que también resulta en su omisión en censos y planes de desarrollo, lo cual puede acarrear consecuencias graves, como los desalojos multitudinarios.

La ONU calcula que una de cada cuatro personas vive estas áreas informales, pero en la mayoría de los países, debido a su ausencia en los censos, no se conoce el número exacto de personas que residen en estos asentamientos. Ello complica la planificación y ejecución de campañas de salud, como por ejemplo, las campañas de vacunación. A pesar de los esfuerzos de organizaciones locales y ONG para resaltar estas condiciones de pobreza, la obtención de datos precisos y sistemáticos sobre estas poblaciones sigue siendo un desafío importante.

Sin embargo, Argentina se ha convertido en una nación líder que ha implementado medidas relevantes en esta área. El RENABAP ha proporcionado a los residentes de los asentamientos informales protección, bajo la ‘Ley de Barrios Populares’, la cual otorga el ‘Certificado de Vivienda Familiar’ que acredita a los ciudadanos la tenencia de sus hogares. “Conseguimos aprobar por unanimidad la Ley que, entre otras cosas, autorizó al Poder Ejecutivo Nacional crear un Fideicomiso para fondear las obras de integración y la adquisición de suelo” cuenta, orgullosa, Miño. Por primera vez, se puso en marcha una política nacional que financia y monitorea obras para integrar asentamientos informales de todas las provincias argentinas, mientras a su vez crea nuevo suelo urbano para dar respuesta a las generaciones más jóvenes.

No obstante, el carácter cambiante y el rápido crecimiento de estos asentamientos representa un desafío constante para RENABAP. La evolución y transformación de los barrios exige un monitoreo y actualización constante y desde el Ministerio de Desarrollo Social se había apostado por la innovación y la tecnología para avanzar en los procesos. El Ministerio colaboraba con el proyecto IDEAtlas, liderado por la Universidad de Twente, en Países Bajos, y financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA). En él, hacen uso de la inteligencia artificial y tecnología espacial para detectar asentamientos informales automáticamente a través de imágenes satelitales. Esta colaboración permitió incluir barrios populares no detectados anteriormente, los cuales han sido visitados y verificados por el RENABAP, y ya han sido incluidos en el Registro Nacional.

El proyecto de escala global colabora con siete ciudades de distintos continentes, incluyendo Buenos Aires, Ciudad de México, Jakarta, Lagos, Medellín, Mumbai y Nairobi, por lo cual es adaptable a una variedad de entornos urbanos muy distintos. IDEAtlas demuestra cómo la combinación de tecnología, innovación y participación comunitaria puede abordar el mapeo de barrios invisibles para las autoridades, pero que son el hogar de un gran número de ciudadanos. Este proyecto ha suscitado mucho interés a organizaciones intergubernamentales como la ONU o la OCDE, y lo que comenzó como una iniciativa científica, tiene el potencial de convertirse en una herramienta global para una urbanización más inclusiva y equitativa.

Sin embargo, para lograrlo, se debe contar con el apoyo público local. Y es por ello imprescindible que el nuevo Gobierno mantenga la financiación y el buen trabajo del RENABAP para poder avanzar en los derechos de más de cinco millones de ciudadanos que hasta hace poco más de un lustro estaban olvidados. Argentina es referencia en ello y es hora de mejorar los procesos, no de borrarlos del mapa.

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