Migración irregular, el peor negocio del mundo

En un periodo en el que se suceden los cambios económicos, sociales y geopolíticos, no pocos refranes y frases hechas encuentran serias dificultades para seguir vigentes. “El amor es ciego” es una de esas expresiones que parecen desfasadas; nunca antes ha importado tanto entre quienes buscan pareja que la otra persona comparta visiones políticas similares a las propias. Esta es una de las conclusiones de investigaciones sociológicas como una llevada a cabo en 2020, según la cual ya solo el 21% de los matrimonios estadounidenses se dan entre personas que tienen ideas políticas diferentes. Y, entre estos, menos del 4% se dan entre declarados demócratas y republicanos.

La brecha entre derecha e izquierda, entre progresistas y conservadores, se acrecienta en Estados Unidos y en otros países. La división alcanza a todos. Por este motivo resulta tan valioso encontrar intereses comunes y ámbitos en los que adherentes a distintas opciones políticas puedan llegar a compartir diagnósticos, y si es posible, consensuar acciones. Una de esas coincidencias podría hallarse en el enorme valor que conservadores y progresistas confieren a la gestión racional de los recursos, aunque con algunos matices.

Desde posiciones de izquierda se enfatiza que los recursos del planeta son finitos, que se agotan a un ritmo acelerado, y que si se quiere evitar el colapso se debe reducir el consumo en las esferas pública y privada. Entre los postulados de derecha destaca el principio de que nada es gratis, de que todo va acompañado por un coste, así que gobiernos y hogares deben primar una gestión eficiente. Con este sentido común compartido debería ser sencillo que ambas orillas coincidieran, por ejemplo, en calificar como disparatadas las cuentas que se asocian a la experiencia migratoria de decenas de miles de personas.

Hagamos números. Para un joven de una comunidad rural de Guatemala, que no ha podido concluir la educación secundaria (situación en la que se encuentra el 80% de todos los y las jóvenes de entre 25 y 35 años) y con un salario promedio por debajo de nueve euros al día, emigrar hacia EE UU le puede parecer una clara opción de mejora. Otros familiares que ya emigraron lo animan en redes sociales a hacer lo mismo, además de argumentar con unos ingresos económicos que en promedio se multiplican por 10 respecto a los que tenían en sus comunidades de origen. A estos estímulos se suma la publicidad en carteles y anuncios de radio pagada por coyotes que ofrecen sus “servicios migratorios” y que animan a emigrar como una forma de salir de la pobreza. Existen diferentes precios (y riesgos) a la hora de contratarlos, así como garantías de pago, de forma que viviendas, parcelas y negocios pasarán a ser propiedad del coyote si en un plazo definido el migrante no logra devolver lo estipulado.

La necesidad de trabajar de un joven guatemalteco y su deseo de emigrar no solo se alimenta de las redes sociales de sus conocidos en el norte o de la publicidad de los coyotes; también se alinea con la mayor cantidad de empleos vacantes en la historia reciente de EE UU.

En este contexto, la emigración irregular de ciudadanos centroamericanos a través de intermediarios conforma un mercado que no deja de crecer y que algunos autores estiman en 2.200 millones de euros. El coste individual de emigrar por esta vía puede oscilar entre los 5.500 y los 18.000 euros, según sea el servicio contratado y los peligros que se quieran evitar en la ruta escogida. Se trata de un coste que el migrante contabiliza como inversión, pero como toda transacción comercial, también asume que el negocio puede salirle mal... incluso muy mal. En 2022, cerca de 2,5 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera entre México y EE UU, un 10% de los cuales procedían de Guatemala.

Para estos detenidos este fue el punto más al norte al que les llevó su “emprendimiento”. A partir de ahí solo les queda intentarlo de nuevo o hacer el viaje de vuelta al lugar de partida; un regreso al sitio en el que permanecen todos los factores que los empujaron a emigrar, y al que ahora retornan acompañados por una deuda que equivale a los ingresos económicos íntegros de tres a cinco años de trabajo en Guatemala. Pero los hay también que además de dinero pierden la vida, como los cerca de 700 migrantes que perecieron en 2022 en su intento por llegar a EE UU.

Al final, un número indeterminado de migrantes consiguen cruzar la frontera cada día de manera irregular e iniciar así una nueva vida. Se calcula que 1,7 millones de guatemaltecos viven en EE UU, la mitad de los cuales tienen un estatus informal. En promedio, un migrante en esa condición tarda 13,6 años en regresar a su país de origen, con el alto coste que esto conlleva de desarraigo y de rotura de vínculos familiares. Residir y trabajar de manera irregular también implica convivir con el riesgo permanente a ser detenido y deportado. Tan solo en 2022, 40.633 migrantes guatemaltecos fueron deportados desde EE UU vía aérea. Los deportados lo viven como un fracaso económico y personal. Al enorme coste individual se añade el gasto en el que incurren los gobiernos en el proceso de retorno, y que en el caso estadounidense podría rondar los 9.500 euros por persona.

En resumen, el ciclo que se inicia con el endeudamiento por 9.500 euros del migrante guatemalteco para pagar al coyote, la travesía incierta, el cruce de la frontera, su detención tras un tiempo de haberse instalado, el internamiento, proceso legal y deportación al país del que salió supone otro gasto adicional de 9.500 euros, en este caso asumido por el Gobierno norteamericano y sus contribuyentes. Este viaje de ida y vuelta tiene el mismo sentido económico y efecto que quemar en una pira 19.000 euros. Un negocio ruinoso para cualquiera que lo contemple, ya sea desde la orilla conservadora o desde la progresista.

En la esfera internacional y por medio de Naciones Unidas, los Estados ya han llegado a un amplio consenso para promover una emigración segura, ordenada y regular mediante el Pacto Global sobre Migración. En la práctica, gobiernos conservadores o progresistas, del Norte o del Sur, se encuentran atenazados a la hora impulsar cauces migratorios legales, suficientes y con garantías para todas las partes. La gestión racional de los recursos está de su lado, al igual que las evidencias disponibles sobre las ventajas notables de una migración regular.

Además de los datos disponibles, los tomadores de decisión de estos gobiernos podrían tener presente la imagen metafórica de la enorme hoguera alimentada tanto por los ahorros de miles de migrantes truncados como por las partidas de presupuesto público con el menor provecho para el bien común. Si por inercia persisten en contemplar las llamas del peor negocio del mundo, al menos esto pudiera dar sentido y vigencia a la segunda parte de la expresión con la que arranca el artículo, en versión latinoamericana y más completa: “El amor es ciego y la locura siempre lo acompaña”.

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