Malí: las vidas LGTBIQ+ que quedaron fuera de la ley

Aminata guarda el teléfono en el fondo del bolso antes de salir de casa. No es una manía ni una precaución menor. Es una rutina aprendida. En Bamako, desde que Malí reformó su Código Penal para criminalizar explícitamente las relaciones entre personas del mismo sexo, la seguridad empieza por ocultar huellas.

Aminata tiene 27 años y vive en el modesto barrio de Badalabougou en Bamako. Hasta hace dos años trabajaba como mediadora comunitaria en un pequeño proyecto de salud urbana. El proyecto cerró poco después de que la nueva legislación entrara en vigor. “Nunca nos dijeron que era por la ley”, explica. “Solo que ya no era seguro seguir”. Desde entonces, encadena trabajos informales y ha reducido su vida social al mínimo imprescindible.

La reforma penal, aprobada en 2024 y consolidada en 2025, marcó un antes y un después. Mali pasó de un marco legal ambiguo —donde la homosexualidad no estaba explícitamente tipificada como delito— a uno en el que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo pueden ser duramente castigadas.

Una ley que cambió el clima social

Antes de la reforma, existía un frágil equilibrio. La presión social era intensa, pero había espacios grises: asociaciones que trabajaban en prevención del VIH, redes informales de apoyo, lugares donde la discreción funcionaba como pacto tácito. La nueva ley rompió ese acuerdo implícito.

“No es que ahora haya redadas policiales constantes”, dice Aminata. “Es que ahora todo puede ser usado en tu contra”.

El texto legal es deliberadamente impreciso. Permite perseguir no solo actos, sino también identidades y expresiones de género. Aunque hasta el momento no existen cifras oficiales sobre detenciones o procesos judiciales, organizaciones locales alertan de un aumento de arrestos informales, extorsiones policiales y violencia social legitimada por el nuevo marco legal. La opacidad es total, y no es casual: la incertidumbre forma parte del mecanismo de control.

Moral, soberanía y poder

La criminalización de las personas LGTBIQ+ no puede entenderse al margen del contexto político. Desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, Mali vive bajo un régimen de transición prolongada, con un discurso soberanista y una retórica de ruptura con Occidente. En ese relato, la defensa de los “valores tradicionales” ocupa un lugar central.

La homosexualidad se presenta como una importación extranjera, asociada a ONGD internacionales, diplomacias europeas y agendas globales. En un país golpeado por la inseguridad, la elevada inflación y el cansancio social, este discurso funciona. Convertir a una minoría en enemigo interno permite reforzar la autoridad del Estado y desviar la atención de otros frentes.

“Cuando el Gobierno habla de nosotros”, explica Aminata, “no habla de personas. Habla de símbolos”.

Desde la entrada en vigor de la ley, la vida de Aminata se ha encogido. Ha dejado de ver a algunas amistades por miedo a ponerlas en riesgo. Evita determinados barrios. Ya no participa en actividades comunitarias. “Antes, al menos, existía la posibilidad de encontrarnos”, cuenta. “Ahora todo ocurre en casas, en espacios cerrados, y cada vez menos”.

La clandestinidad tiene también consecuencias directas: abandono de tratamientos médicos, deterioro de la salud mental o rupturas familiares. Para muchas personas jóvenes, la única salida es marcharse, primero dentro del país y, cuando es posible, hacia países vecinos como Senegal o Costa de Marfil. No siempre como exilio declarado, sino como desplazamiento silencioso.

Sociedad civil en retirada

La nueva legislación también ha transformado el trabajo de la sociedad civil. En este 2026, muchas organizaciones locales han eliminado cualquier referencia explícita a diversidad sexual de sus proyectos. Otras han cerrado. Las que permanecen operan bajo un lenguaje técnico cuidadosamente neutro: “poblaciones clave”, “juventud vulnerable”, “salud comunitaria”.

Este repliegue no implica desinterés, sino adaptación forzada. “Si nos nombramos, desaparecemos”, resume un trabajador de una asociación local. “Si no nos nombramos, al menos podemos seguir ayudando”.

La cooperación internacional se mueve en un terreno incómodo. Tras la reforma penal, algunos donantes redujeron o congelaron su apoyo en sectores vinculados a derechos humanos. En 2026, esa retirada ha dejado un vacío difícil de llenar. El dilema es evidente: cómo defender derechos sin reforzar el discurso oficial que acusa a Occidente de injerencia cultural.

A pesar del clima represivo, no todo es inmovilidad. Entre jóvenes urbanos, especialmente en redes sociales, circulan discursos alternativos. Músicos, artistas y creadores de contenido cuestionan el uso político de la moral. No siempre hablan de homosexualidad; hablan de libertad, de hipocresía, de control.

Son mensajes fragmentarios, a veces cifrados, pero persistentes. Aminata los observa con cautela. “No sé si es esperanza”, dice. “Pero es una grieta”.

Lo que revela Mali

En 2026, la situación de las personas LGTBIQ+ en Mali dice mucho más que una ley discriminatoria. Revela un modelo de Estado donde el control social se ejerce también a través de la moral, y donde ciertas vidas se consideran prescindibles para construir una idea homogénea de nación.

Aminata no se define como activista. Dice que solo quiere vivir tranquila. Pero su vida, reducida y vigilada, se ha convertido en un espejo incómodo porque cuando un Estado decide que amar puede ser delito, lo que queda fuera de la ley no es solo una parte de su población. Es la promesa misma de un futuro compartido.