• Una investigación de EL PAÍS/Planeta Futuro halla pruebas de irregularidades en la asignación de concesiones de conservación y el comercio de carbono en la República Democrática del Congo.
• La investigación revela alegaciones de que millones de hectáreas fueron reasignadas ilegalmente en 2020 y convertidas, sin consulta pública, en proyectos para la venta de créditos de carbono. Los títulos, de propiedad portuguesa, se solapan con un área protegida y con tierras indígenas.
• El auge de opacos títulos de conservación en manos de inversores extranjeros abre la puerta a potenciales abusos conectados con la reducción de emisiones de CO₂.

Un gran grupo maderero europeo ha convertido de manera irregular más de una docena de sus permisos de tala en la República Democrática del Congo (RDC) en las llamadas concesiones de conservación. Después de extraer la madera tropical más valiosa de 15 de ellas –que cubren un área del tamaño de Bélgica—, el grupo de propiedad portuguesa Norsudtimber prevé ahora invertir en proyectos de venta de créditos de carbono en las antiguas zonas de explotación.

Hasta la fecha, las concesiones de conservación de la naturaleza en RDC se han usado básicamente para hacer proyectos de venta de créditos de carbono. La RDC subcontrata la gestión de algunas de sus áreas protegidas a ONG como WWF, pero son áreas públicas, mientras que una concesión es un terreno que el estado cede a una empresa privada o un particular durante un periodo de tiempo para que este le saque un rendimiento económico.

Desde finales de 2020, la RDC ha asignado 24 nuevas concesiones de conservación de la naturaleza en la segunda mayor selva del planeta en un gesto estimulado por el interés de los inversores en los mercados de carbono. Es decir: individuos y empresas, como las aerolíneas, pueden compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero invirtiendo en iniciativas que absorben ese CO₂ en otras partes del planeta. Esto se hace comprando y vendiendo los llamados “créditos de carbono” en mercados internacionales. En teoría, ello permite a iniciativas privadas ganar dinero protegiendo bosques –como los congoleños– mediante un tipo de proyectos de carbono conocido como REDD+ (Reducción de Emisiones procedentes de la Deforestación y Degradación de bosques).

Una investigación realizada por EL PAÍS/Planeta Futuro ha obtenido documentos no publicados que demuestran que, en diciembre de 2020, el ministro de Medio Ambiente saliente, Claude Nyamugabo, firmó contratos por los que se transferían millones de hectáreas de concesiones de las filiales madereras de Norsudtimber (Sodefor y Forabola) a Kongo Forest Based Solutions (KFBS). Esta última es otra subsidiaria del mismo grupo empresarial creada para gestionar sus operaciones de comercio de carbono.

Las concesiones se reasignaron fuera de la luz pública y sin involucrar a las poblaciones locales. Varias de ellas se solapan con una zona protegida y con las tierras ancestrales de los pueblos bambuti, bacwa y batwa, y casi un tercio de la superficie son turberas, un tipo de humedales vitales para el clima y para el desarrollo de los pueblos que allí habitan.

Como arrendatarias de concesiones de conservación, entidades como KFBS deben velar por valiosos ecosistemas y proteger el bienestar de las comunidades que dependen de los bosques para sobrevivir. Las selvas de la RDC albergan especies en peligro de extinción tales como pangolines –los animales más traficados del mundo–, chimpancés y okapis. También regulan la temperatura y los patrones de lluvia de toda la región, y sus árboles almacenan un tercio más de carbono por hectárea que la Amazonía.

Pero los contratos de arrendamiento de KFBS, con duraciones de entre 30 y 44 años, desafían la legislación congoleña, que exige presentar los planes financieros y técnicos en una reunión conjunta con funcionarios y comunidades. El objetivo es que todos ellos tengan la misma información y puedan evaluar si el proyecto cumple los requisitos de cada una de las partes. “El ministro apañó el trato”, afirma un alto funcionario del Ministerio de Medio Ambiente en Kinshasa, que habla bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Nyamugabo sabía que perdería su puesto en una remodelación del gabinete, y quería comer lo máximo posible antes de perder la silla”.

El exministro está acusado de haber asignado 4,4 millones de hectáreas adicionales en el norte y el oeste del país en 2020, violando las leyes de la RDC. Ello incluye nueve concesiones de conservación.

• 16 a 18 de diciembre de 2020. El ministro Claude Nyamugabo otorga 15 concesiones de conservación a KFBS
• 27 de marzo de 2021. Sodefor y KFBS informan a la provincia de Tshopo sobre el nuevo título de conservación en la zona
• 12 de abril de 2021. Éve Bazaïba es nombrada viceprimera ministra de Medio Ambiente
• 1 de mayo de 2021. Sodefor notifica la nueva concesión a las comunidades en Isangi, Tshopo
• Octubre de 2021. Los juristas piden suspender otros 22 títulos firmados por Nyamugabo, nueve de ellos de conservación
• 31 de octubre a 13 de noviembre de 2021. Cumbre del Clima de la ONU (COP26)
• 2 de noviembre de 2021. CAFI firma un acuerdo de 10 años con la RDC
• 1 de enero de 2022. La RDC incumple la primera meta del acuerdo con CAFI
• Mediados de abril de 2022. Fecha límite para la revisión de los títulos madereros financiada por la UE

Norsudtimber está controlada por los hermanos portugueses Alberto Pedro y José Albano Maia Trindade, que dirigen tanto sus actividades madereras como las de carbono. Alberto Pedro representa a las empresas de tala industrial Sodefor y Forabola, mientras que José Albano representa a KFBS, que se encarga de los nuevos proyectos para la venta de créditos de carbono.

Global Witness, que es una de las principales ONGs de investigación ambiental del mundo, alegó en 2018 que el grupo Norsudtimber infringía el Código Forestal de la RDC en el 90% de sus concesiones. Norsudtimber negó toda irregularidad.

Hechos consumados

La legislación congoleña exige que las entidades interesadas en concesiones de conservación involucren de manera formal a todas las partes antes de firmar los contratos. Pero en ese caso, las autoridades provinciales solo recibieron una carta de cortesía en la que se les informaba de la conversión meses después de que esta se hubiera producido.

Este periódico obtuvo una de las cartas, recibida por las autoridades medioambientales de la provincia de Tshopo en abril de 2021. Fue enviada el 27 de marzo, cuando el ministro Nyamugabo aún estaba en el cargo. “Tenemos el honor de informarle de que Sodefor ha transferido recientemente su concesión forestal 59/14 [...] a KFBS. Ahora es una concesión de conservación”, señala la empresa. KFBS pide entonces el apoyo de la provincia para que el proyecto pueda avanzar “de forma participativa”.

La RDC es uno de los países más opacos del mundo en cuanto a transparencia financiera, y es fácil sacar partido de sus lagunas regulatorias. El decreto de 2011 sobre la atribución de concesiones de conservación, por ejemplo, no menciona de manera explícita la conversión de títulos de explotación forestal existentes.

Pocos conocen los recovecos de las leyes verdes de la RDC mejor que Augustin Mpoyi, un congoleño de voz suave que compagina sus funciones como uno de los principales juristas medioambientales del país y uno de sus activistas más implacables.

Como abogado, ha trabajado en leyes históricas como el Código Forestal de 2002 y una nueva política de planificación territorial. Como fundador de la ONG Codelt, fue el primero en llevar a un ministro de Medio Ambiente ante la Justicia por abusos de poder en RDC, y ha pedido al Gobierno que suspenda decenas de concesiones que, según los expertos, son ilegales. El Ejecutivo ya se ha comprometido a cancelar seis de ellas, todas de conservación.

Las concesiones de conservación son un asunto de interés público que requiere el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, así como la participación de las Administraciones provinciales desde las mismas fases de planificación, aclara Mpoyi. “Todo debe hacerse con la máxima transparencia, y ni siquiera un ministro puede burlar los procedimientos establecidos por la ley”, afirma. “De modo que sí; la creación de esas 15 concesiones [de KFBS] es muy, muy, muy problemática”.

A por las firmas

Se supone que las comunidades dependientes de las selvas están en el centro de REDD+, un mecanismo de las Naciones Unidas que busca combatir el cambio climático a través de la reducción de las emisiones de CO₂ producidas por la deforestación y la degradación de los bosques ofreciendo alternativas a prácticas habituales como la agricultura de tala y quema.

Pero los habitantes de Isangi –un exuberante territorio del norte de la RDC con leopardos y pangolines terrestres gigantes– fueron informados de todo lo que se iba a acometer en sus tierras, por primera vez, cinco meses después de la firma del contrato.

En diciembre de 2021, los representantes de la empresa entregaron pizarras y materiales para tejados a las comunidades como compensación final por la actividad maderera. Luego, los jefes locales firmaron un nuevo acuerdo que la empresa necesita para emitir créditos de carbono. Entre los asistentes a la reunión se encontraban el administrador del territorio y el coordinador de Medio Ambiente de la provincia.

En el documento, KFBS se compromete a pagar 3.100 euros mensuales a cada una de las comunidades y el 8% de las futuras ventas de carbono, así como a mantenerlas informadas de las fluctuaciones del precio de los créditos de carbono.

Perez Bolengelaka estuvo en la reunión como representante de la sociedad civil de Isangi. Según explica, KFBS no habló sobre los planes financieros y técnicos, ni explicó las actividades del proyecto más allá de referencias generales a la conservación de la naturaleza. Tampoco describió qué opciones ofrecerían a las personas que dependen de la agricultura itinerante y la tala artesanal. “Examinar bien toda esta información y celebrar una consulta adecuada habría llevado días, pero la reunión fue directamente a por las firmas”, declara Bolengelaka. “Es una pena. Se podría haber forjado una auténtica colaboración”.

Una selva tropical en juego

La selva del Congo es diferente a cualquier otra. Es más impenetrable, más prístina y un sumidero de carbono más potente que sus homólogas del Sureste Asiático y América Latina. Hace poco, los científicos confirmaron que la cuenca del Congo tiene las mayores turberas tropicales del mundo, un tipo de humedal boscoso que encierra miles de toneladas de carbono en el suelo, acumuladas durante miles de años como materia orgánica semi descompuesta.

Casi un tercio de las concesiones de KFBS están en turberas, y varias de ellas se solapan con un área protegida en Oshwe, en la provincia de Maï-Ndombe, en el suroeste de la RDC.

Dos de los títulos en Oshwe pertenecían a la compañía hermana de KFBS, Sodefor, hasta que el ministro Nyamugabo los adjudicó a la empresa congoleña Groupe Services como concesiones madereras en junio de 2020. En octubre de 2021, los juristas congoleños solicitaron formalmente al Consejo de Ministros la anulación de esos contratos por violar la moratoria de asignación de nuevas concesiones de tala industrial. Lo que no sabían es que Nyamugabo ya las había reasignado nueve meses antes. Volvían a estar en manos de Norsudtimber, ahora en forma de títulos de conservación.

Uno de esos juristas es Augustin Mpoyi. Al enterarse, sacude la cabeza con incredulidad. “No es posible... Esto es un escándalo”.

Jeff Mapilanga, del Instituto Congoleño para la Conservación de la Naturaleza (ICCN), afirma que las zonas protegidas no deberían solaparse con las concesiones privadas, incluidas las de conservación. “Oímos hablar de estas concesiones por primera vez antes de la Cumbre del Clima de la ONU en Glasgow”, dice.

Historial controvertido

El acuerdo de Norsudtimber es el último de una serie de contratos polémicos firmados por Nyamugabo, protegido del expresidente de la RDC, Joseph Kabila. Este último se enfrenta ahora a acusaciones de haber malversado 123 millones de euros.

En 2021, la sociedad civil congoleña emprendió acciones legales contra el exministro de Medio Ambiente, algo inédito en la historia del país. Las ONG, lideradas por Codelt, acusaron a Nyamugabo de asignar ilegalmente una superficie de bosque del tamaño de Dinamarca. En este contexto, el Gobierno admitió “la ilegalidad de muchos contratos” en un Consejo de Ministros celebrado solo dos semanas antes de la Cumbre del Clima COP26, en octubre. Ello incluía seis concesiones de conservación otorgadas a Tradelink, una empresa fundada por inversores belgas e italianos dedicados a la explotación forestal y minera.

En la cumbre climática, la Unión Europea y el Reino Unido prometieron 1.300 millones de euros para proteger los bosques de la cuenca del Congo, mientras que la Iniciativa Forestal de África Central (CAFI) anunció un acuerdo de diez años, con una aportación 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros) durante los primeros cinco años. La CAFI está financiada por Alemania, Bélgica, Francia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Corea del Sur y la UE.

La iniciativa CAFI está ayudando a la RDC a cumplir los requisitos para levantar la moratoria sobre nuevas concesiones de tala industrial. La medida se instauró hace 20 años para evitar el saqueo de los bosques ecuatoriales tras la Segunda Guerra del Congo, que acabó de forma oficial en 2003. Más de 40 ONG medioambientales internacionales encabezadas por Greenpeace y UK Greenforest Foundation sostienen que el país no está preparado para poner fin a la prohibición.

“La verdad es que mantener bajo control una concesión maderera es más fácil que controlar un bosque abierto a todo tipo de actividades informales, incluida la tala no regulada que realizan las comunidades locales e incluso grupos organizados”, señala François Busson, experto en recursos naturales con experiencia en la Comisión de Bosques de África Central. Por lo menos, dice, siempre y cuando las nuevas concesiones se ciñan a la legalidad.

“No es de interés público”

Planeta Futuro presentó los hallazgos de la investigación a los titulares de las concesiones. En una respuesta por correo electrónico, KFBS dijo: “Sus descripciones de los hechos, que no comentamos explícitamente, deben entenderse como irrelevantes para nosotros y no merecen una [respuesta] por nuestra parte”.

KFBS argumenta que el Ministerio de Medio Ambiente liderado por Nyamugabo había considerado que las concesiones de conservación eran fruto de una transferencia entre filiales de un mismo grupo empresarial, en lugar de nuevas atribuciones. También subraya haber seguido las directrices de las autoridades en aquel momento, aunque declinó aportar pruebas que apoyaran sus declaraciones. “Nuestro grupo no tiene intención de proporcionar información que no sea de interés público o que no deba ser divulgada por ley o por decisión de la Justicia”.

Sin embargo, el jurista Augustin Mpoyi indica que, si una empresa quiere cambiar el uso de una concesión maderera, debe devolverla primero al Estado. Luego, este puede reatribuirla como concesión de conservación, pero siguiendo el proceso de consulta pública descrito en la ley.

Nyamugabo no respondió a las peticiones de comentario de este medio enviadas por correo electrónico.

Auditorías no publicadas

Diez días antes de la Cumbre del Clima COP26, en la que la RDC se presentó como un “país de soluciones”, el presidente Félix Tshisekedi pidió una auditoría de las concesiones forestales de la RDC y la suspensión de todos los “contratos cuestionables”.

El primer requisito del acuerdo de 446 millones de euros con CAFI era la publicación, antes de finales de 2021, de una auditoría realizada el año anterior por la Inspección General de Finanzas (IGF) del país. El análisis se centró en todas las concesiones adjudicadas o transferidas desde julio de 2014. Los resultados todavía no se han publicado.

En 2021, CAFI también encargó una revisión independiente de la legalidad de los títulos de explotación forestal, dirigida por un consorcio hispano-búlgaro con financiación de la Unión Europea. La investigación de EL PAÍS/Planeta Futuro tuvo acceso a un informe interno de dicho consorcio en el que los expertos expresan su frustración por la “falta de cooperación de las administraciones públicas congoleñas a todos los niveles.” Funcionarios de Medio Ambiente y madereros argumentaban que el equipo de la UE no tenía autorización oficial del Ministerio de Medio Ambiente. Y así era.

“Esto hace dudar de la voluntad real de la Administración Forestal de facilitar la revisión, a pesar de estar oficialmente comprometida con... [el acuerdo con CAFI] y ser su principal beneficiaria”, dice este informe del pasado junio.

El Gobierno acabó firmando el permiso dos meses después de que el jefe de la delegación de la UE en la RDC lo solicitara. Y este es solo uno de los varios obstáculos que han frenado de forma activa la revisión, retrasando su fecha de entrega nueve meses, hasta abril de 2022.

Se lleva hablando de este análisis desde 2017, pero la dificultad para acceder incluso a las informaciones más básicas sobre las concesiones forestales significa que las conclusiones sobre su legalidad siguen siendo esquivas. A raíz de las indagaciones para realizar este reportaje, el equipo de expertos de la UE inició la investigación sobre la conversión de las 15 concesiones.

Conflictos de intereses

Una iniciativa de gestión forestal de cuatro años cofinanciada por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y CAFI también se ha visto retrasada por escollos administrativos en la RDC. En junio de 2021, la consultora francesa Forest Resources Management (FRM) fue una de las empresas preseleccionadas para brindar apoyo técnico al Ministerio de Medio Ambiente, que es el responsable de implementar el programa. Una de las tareas de la entidad elegida sería crear un método para que observadores independientes congoleños pudieran realizar sus propias auditorías de las concesiones industriales en un futuro.

Sin embargo, FRM cayó de la lista de candidatos después de que un investigador independiente especializado en el sector forestal en África central alertara sobre un conflicto de intereses. En una cadena de correos electrónicos enviados a la AFD y a funcionarios congoleños, y vistos por este medio, decía: “FRM tiene relaciones comerciales de larga fecha con muchos de los madereros más notorios de la RDC; eso incluye dos que, en 2018, representaron el 81% de la producción total de madera industrial declarada”. Uno de ellos es el grupo Norsudtimber.

Según este investigador, la empresa parecía haber empezado la contratación de personal para el programa cuatro meses antes de que el Ministerio abriera la licitación. La descripción del puesto era casi idéntica a los objetivos del proyecto apoyado por AFD y CAFI, observó.

El FRM no respondió a las peticiones de comentarios de este medio. La AFD dijo que los retrasos del programa se debían a “requisitos administrativos”, y añadió que el proceso de contratación de nuevos consultores concluiría en marzo de 2022.

A pesar de los obstáculos para sacar a la luz las concesiones de tala ilícitas, los donantes también están decididos a revisar, para 2024, la nueva ola de concesiones de conservación, 27 en total. De estas, 21 son propiedad inversores vinculados a la explotación forestal y que buscan diversificar sus carteras.

Comercio de créditos de carbono

La lucha contra el calentamiento global permite a los inversores ganar dinero de forma legítima cuidando el clima y protegiendo algunos de los ecosistemas más bellos y vulnerables del planeta. Los proyectos REDD+ de la RDC, por ejemplo, pueden lucrarse vendiendo créditos de carbono a empresas o individuos que quieran compensar sus emisiones financiando la conservación de los bosques congoleños. Cada crédito, conocido como “unidad de carbono verificada”, corresponde a una tonelada métrica de emisiones de dióxido de carbono.

Eso es lo que la familia estadounidense Blattner lleva haciendo en la RDC desde que convirtió su concesión maderera en Isangi en un título de conservación en 2009. Los registros muestran que el proyecto REDD+ de Isangi, en la provincia septentrional de Tshopo, ha vendido más de un millón de créditos de carbono a docenas de organizaciones de todo el mundo.

Entre las entidades que compraron créditos de Isangi se encuentran la aerolínea estadounidense Delta Airlines, el Ayuntamiento de Davos (Suiza), la empresa de viajes británica Exodus Travels, la compañía logística sueca Scanlog y universidades como la Marymount California University y la University of Tasmania. Una parte de los créditos se vendió a 15 dólares (unos 13 euros) a través de la plataforma Stand for Trees, apoyada por USAID, la agencia de desarrollo internacional de Estados Unidos.

Los precios de las llamadas “unidades de carbono verificadas” que vende un proyecto como el de Isangi se pueden negociar de forma privada, por lo que un observador no puede calcular cuánto ha ganado una entidad sumando los créditos que ha vendido. En países con una gobernanza débil, poca capacidad técnica y una opacidad financiera generalizada, las cosas se complican aún más.

La gran pregunta

Cuando se le muestran las transacciones del Proyecto REDD+ Isangi, el que fue Coordinador de Medio Ambiente de Tshopo hasta el pasado 2021, Félicien Malu, las contempla incrédulo. “No tenía ni idea de que hubieran estado vendiendo créditos”, admite, aunque un informe del proyecto destaca que los responsables del mismo se comunican frecuentemente con él y con otras autoridades. El administrador del territorio de Isangi, Joseph Mimbenga, niega que realicen consultas mensuales con él, como reza el documento:”¡Es falso y archifalso!”. Según Mimbenga, desde la iniciativa le aseguran que nunca ha vendido créditos de carbono.

Los créditos de carbono pertenecen al Estado congoleño, y los operadores privados deben pedir autorización para venderlos e informar de sus transacciones. La idea es que las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles puedan hacer un seguimiento detallado de los proyectos REDD+.

De las entrevistas realizadas para este reportajes se puede entrever que ninguna persona o institución de la RDC tiene una visión de conjunto sobre quién vende qué y los beneficios que obtiene, si es que los obtiene. Incluso los inspectores del Ministerio de Finanzas del país andan perdidos con la fiscalidad de los proyectos de carbono.

Entonces, ¿cómo hacen entes públicos como las provincias, que carecen de los conocimientos y recursos más básicos, para saber cuánto dinero deberían recibir, y cuándo, de los proyectos REDD+? “Esa es la gran pregunta”, dice el coordinador nacional de REDD+, Hassan Assani, cuyo propio servicio solía operar desde una estructura prefabricada bajo un árbol de mango en Kinshasa. “De momento, depende en gran medida de la buena voluntad de los proyectos”.

Este medio preguntó a los propietarios del proyecto Isangi REDD+ cómo informan de las ventas de créditos de carbono. Un informe de seguimiento 2014-2019, que consta como pendiente de verificación, afirma que el proyecto “envió informes de transacciones de reducción de emisiones al registro en marzo de 2020″. Preguntado sobre a qué registro se refiere, el director ejecutivo Brandon Blattner afirmó por correo electrónico que se trata del Registro Nacional REDD+.. Pero la Coordinación Nacional de REDD+ de la RDC asegura no tener esos datos. “Nuestro expediente sobre este proyecto está vacío”, confirma el organismo. “Tal vez hayan hablado con otras autoridades”.

El proyecto Isangi REDD+ defiende que se comunican con “las partes interesadas del Gobierno” y se reúnen con ellas a nivel provincial. No aportan más detalles. Añadió que aún no ha registrado beneficios netos anuales y que, por lo tanto, no ha activado el reparto de beneficios con el Ejecutivo, aunque sí afirma estar cumpliendo los acuerdos con las comunidades y haber presentado informes de beneficios financieros en diciembre.

“Lo llamo el Salvaje Oeste”

Al tomar posesión de su cargo en abril de 2021, la ministra de Medio Ambiente, Ève Bazaïba, se comprometió a tomar medidas drásticas contra la corrupción. También anunció su intención de crear una autoridad reguladora de los mercados de carbono que facilite la transparencia y la recaudación de impuestos. El anuncio de Bazaïba, conocida localmente como “la Dama de Hierro”, coincidió con la petición del presidente Tshisekedi de que se multiplicara por 20 el precio de los créditos de carbono para proteger el segundo bosque tropical del mundo.

Un año después, las lagunas normativas, una gobernanza débil y la falta de transparencia siguen dejando una puerta abierta a potenciales abusos por parte de cargos político-administrativos e inversores, incluso a través de la evasión fiscal.

“Las empresas y los cargos públicos oportunistas pueden aprovecharse fácilmente de la ignorancia de los congoleños sobre los mercados de carbono”, sostiene un experto en REDD+ del Ministerio de Finanzas, que habla bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Los créditos de carbono son diferentes de los de la madera: no se puede ver cómo los talan y los sacan del bosque. Y, en cualquier caso, algunas personas son intocables”.

Pocos inversores llevan más años trabajando en la RDC que los de la familia Blattner. Uno de ellos es Elwyn Blattner, que prosperó comprando tierras a bajo precio y adquiriendo negocios coloniales en quiebra tras el ascenso de Mobutu Sese Seko al poder en 1965, según explicaba en 1989 a The New York Times. A sus 33 años, Elwyn ya controlaba más de 15 millones de hectáreas en la RDC, una superficie mayor que la de Grecia. “Yo llamo a esto el Salvaje Oeste”, añadía hablando, sin saberlo, por futuras generaciones de inversores en el país. “Si estás dispuesto a arriesgarte, hay un horizonte abierto allí fuera”.

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Los contratos forestales irregulares en las selvas de Congo | Planeta Futuro

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