Reformas a la vista: cambia el mundo laboral, cambia el fútbol

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La reciente foto de un Tokio festivo tras concluir los Juegos Olímpicos se sobrepone a otras que suelen aparecer en la preparación de mega eventos: abusos de derechos humanos y laborales, asunto que los coorganizadores del campeonato mundial de fútbol United 2026 —Estados Unidos, Canadá y México— quieren evitar.

En 2014, la prensa internacional dejó al descubierto impactantes relatos sobre violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas constructoras en Qatar, que preparaban la infraestructura para la Copa Mundial de Fútbol del siguiente año, mostrando la convivencia de lujosas edificaciones con las peores condiciones humanitarias, explotación laboral y trata de personas. Los informes publicados por organizaciones como el Center for Sports in Human Rights y el Institute for Human Rights and Business fueron los primeros en alzar la voz, aunque mediáticamente han resonado los informes de Amnistía Internacional, que identifican graves abusos que enfrentan los trabajadores, principalmente migrantes, empleados en la construcción de infraestructura deportiva. Estos informes desvelaron sistemas laborales basados en arbitrarias cuotas entre extranjeros y empleadores, restricciones en la movilidad física y en la libertad sindical, retrasos e impagos salariales y sistemas fraudulentos de protección legal para trabajadores migrantes, entre otras prácticas delictivas.

En 2017, el New York Times publicó, citando a Human Rights Watch, 17 casos de trabajadores fallecidos durante el proceso de construcción de infraestructura y preparación para la Copa del Mundo de Fútbol de Rusia 2018, que se une a otras decenas de decesos registrados desde los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014. En América Latina, en la víspera del Mundial de Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Río 2016, se registraron también vulneraciones de derechos fundamentales, pero la atención de la opinión pública se centró en las disparidades de aquel país, la sostenibilidad de esa lujosa infraestructura y en temas de seguridad ciudadana.

Esta será la tercera vez que una copa del mundo de fútbol masculina se juega en México (tras 1970 y 1986), la segunda en EE. UU. (tras 1994) y la primera en Canadá, aunque esta vez el campeonato duplica en número de participantes a las citas previas. De 24 países en 1994, se pasa a 48, y se albergarán 80 partidos en 16 ciudades, de las cuales cada una podría beneficiarse con entre 90 y 480 millones de dólares en impacto económico local esperado. En su conjunto, el evento generará aproximadamente 5.000 millones de dólares en impacto total a corto plazo y 40.000 puestos de trabajo, según la federación estadounidense US Soccer.

Para mitigar riesgos y violaciones laborales, el equipo organizador de México, EE. UU. y Canadá ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia, la United 2026 Human Rights Strategy

Para mitigar riesgos y violaciones laborales, el equipo organizador de México, EE. UU. y Canadá ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia, la United 2026 Human Rights Strategy, preparada por encargo de la FIFA en 2018 y aprobada luego de dos años de consultas. Con un enfoque comprensivo, la estrategia incorpora a actores de la sociedad civil en la difusión, planificación, seguimiento e implementación de medidas para prevenir y mitigar dichos riesgos en la refacción de instalaciones deportivas y la cadena de valor asociada con la copa.

Su aplicabilidad en México, el país con una de las mayores incidencias de violaciones laborales en el continente se ha vuelto un tema relevante en la agenda pública. Se trata de un sistema de regulación laboral caracterizado por retrasos en la tramitación de los casos, esquemas de inspección infrautilizados, con insuficiencia de fondos y toma de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades laborales. Aun con la Reforma Laboral en ciernes, en 2020, la International Trade Union Confederation señaló a México en la categoría de países con “violaciones sistemáticas de derechos”, en su informe Los peores países para los trabajadores.

El compromiso de la FIFA puede aprovechar los cambios que la legislación laboral promulgada en 2019, que contiene reformas estructurales al sistema laboral mexicano, aprobado al calor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA, por sus siglas en inglés), coincidentemente entre los tres países organizadores del campeonato. La nueva Ley Laboral busca fortalecer el sistema laboral nacional con nuevas instituciones de conciliación y registro sindical y el desahogo del sistema jurídico tradicional mediante la transferencia de casos a tribunales laborales.

La organización de uno de los campeonatos deportivos más grandes del mundo puede agravar los desafíos que enfrenta México, pero también es una oportunidad para promover el cumplimiento de los derechos laborales. También servirá para mandar señales desde México sobre el compromiso con la democratización y libre afiliación sindical, negociación colectiva y cumplimiento de los estándares internacionales, muchos de ellos reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo.

Aunque por calendario y percepción pública, pareciera pronto para pensar en los efectos de la copa mundial de 2026 —sin haberse celebrado la de 2022—, existen dos factores que hacen que los próximos tres años sean claves para celebrar un evento exitosamente. El primero es el momento: aún se puede actuar preventivamente; lo que ocurra en 2026 podría causar daños irreparables de infracciones y reputación difíciles de revertir en términos sociales y comerciales. El segundo es que simultáneamente a la preparación del evento, se llevará a cabo en México progresivamente la implementación de la mencionada reforma, que concluirá en 2023. Hay estados donde se está avanzando en la primera etapa, pero no todavía donde se encuentran las tres sub sedes, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

El Gobierno estadounidense ha movilizado fondos de cooperación técnica para socializar la reforma y prevenir posibles violaciones laborales, pero sobre todo para facilitar el uso de herramientas legales por parte de los trabajadores, sindicatos y público en general. Entre esos recursos está el proyecto México United 2026, patrocinado por el Departamento de Estado e implementado por la ONG Partners of the Americas (POA), con seis décadas de trabajo en 30 países de la región, en temas de protección de la niñez y adolescencia, deportes para el desarrollo, intercambios educativos y empoderamiento económico.

Hay esperanzas puestas en una copa mundial que busca dejar crecimiento económico sin maltratar la fuerza laboral

Mexico United 2026 busca aumentar el conocimiento de los trabajadores sobre legislación laboral relevante para la Copa del Mundo 2026 y coordinación entre las organizaciones de derechos laborales, sector privado y sindicatos, mientras se sensibiliza al público en general sobre los compromisos de México. Asimismo, el proyecto trabaja para fortalecer la capacidad de organizaciones de la sociedad civil para documentar y denunciar abusos laborales mediante los mecanismos disponibles, a través de redes de conocimiento y coordinación, y así garantizar la transparencia y precisión de la información. Las organizaciones involucradas en el proyecto son el Centro de Reflexión y Acción Laboral, el Centro de los Derechos del Migrante y la Red de Mujeres Sindicalistas.

Los esfuerzos de Partners of the Americas complementan otros proyectos financiados por el Departamento de Trabajo de EE. UU. para incrementar el entendimiento que implica esta reforma y así reducir las violaciones laborales hasta 2025. Se espera que estas acciones repercutan en el clima laboral y productividad de las empresas, en la libertad sindical y en revertir viejas prácticas como la fraudulenta compraventa de contratos, según vaticina la investigadora laboralista de FLACSO, Kimberly Nolan, en un artículo en el New York Times.

Ante la actual crisis económica y sanitaria, y en vista de la mejora en las relaciones comerciales por el nuevo T-MEC, hay esperanzas puestas en una copa mundial que busca dejar crecimiento económico y curar diferencias históricas, sociales y comerciales, sin maltratar la fuerza laboral de aquellas urbes que recibirán durante un mes la atención de todo el planeta. Es tiempo de lograr un respeto renovado por los derechos humanos y así vivir la fiesta del deporte, unidos, como dice el eslogan de United 2026.

Fadrique Iglesias es director de la Unidad de Protección de la Niñez y Adolescencia en la ONG Partners of the Americas. Representó a Bolivia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008.

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