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El “lado oscuro” de Catar 2022

Amnistía Internacional denuncia que el país con la renta per cápita más alta del planeta recurre al trabajo forzoso de inmigrantes para construir las infraestructuras del Mundial

Protesta el pasado mes, en Zúrich, ante la sede central de la FIFA, por los derechos de los trabajadores en Catar Ampliar foto
Protesta el pasado mes, en Zúrich, ante la sede central de la FIFA, por los derechos de los trabajadores en Catar REUTERS

Desde la ventana del dormitorio colectivo se ven los focos del estadio Al Khor. Sin embargo, el recinto, en el que se alojan varias decenas de obreros asiáticos, carece de electricidad y de las mínimas condiciones sanitarias. Sus ocupantes han pasado ocho meses sin cobrar salario alguno ni poder salir del país. Como ellos, muchos de los cientos de miles de trabajadores extranjeros llegados a Catar para construir las millonarias infraestructuras del Mundial de 2022 viven en condiciones atroces y sufren abusos laborales, según denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe titulado El lado oscuro de la inmigración: Atención al sector de la construcción en Catar ante la Copa del Mundo.

Se explota de forma despiadada a miles de trabajadores”, señala un informe

“Ha sido horrible. No sé por qué vine. Lo considero la peor etapa de mi vida. Mi padre se murió y no pude ir a verle por última vez, a pesar de implorar [al responsable], llorar y echarme a sus pies”, contó a los investigadores de AI un ciudadano indio de 31 años que trabajaba como supervisor de sistemas de ventilación para Kranz Engineering.

Esa empresa tenía a 250 trabajadores subcontratados en la construcción de un campus en Ras Laffan. Los alojaron en Al Khor, cerca de uno de los estadios previstos para el Mundial. A partir de julio de 2012 dejaron de recibir su salario, al parecer porque la obra se prolongaba más de lo previsto. Cuatro meses más tarde, los obreros se plantaron e intentaron volver a sus países, India, Nepal y Sri Lanka. Pero estaban atrapados. La compañía se negó a devolverles los pasaportes, tramitarles el visado de salida y pagarles los billetes de regreso tal como estipulaban los contratos.

Los obreros han pasado ocho meses sin cobrar y sin poder salir del país

La situación era desesperada. Sin enviar dinero a casa en meses, sabían que sus familias no podían pagar los alquileres y en algún caso se habían quedado en la calle. En febrero de este año, uno de los obreros, al que su prometida esperaba para casarse en marzo, amenazó con suicidarse. La intervención de AI y de la Comisión de Derechos Humanos logró que la empresa accediera a liberarles. No se trata de un caso aislado.

“El Gobierno asegura que quiere proteger a los trabajadores. Hay algunas leyes que debieran protegerlos, pero no se cumplen”, denuncia James Lynch, uno de los autores del informe.

A veces, según Lynch, el problema son las propias leyes. El sistema de patrocinio (kafala en árabe) impide que los trabajadores cambien de empleo o salgan del país sin permiso de sus patrocinadores, compañías abastecedoras de mano de obra o ciudadanos cataríes que avalan a los trabajadores y los ceden a las empresas por un precio. Muchos de éstos confiscan los pasaportes mientras dura el contrato. El relator especial de la ONU para los derechos de los emigrantes, François Crepeau, también ha pedido la abolición de la kafala.

Amnistía ha documentado abusos habituales y generalizados de los inmigrantes, que “en algunos casos constituyen trabajo forzoso”. A menudo, los obreros trabajan turnos de 12 horas siete días a la semana, incluidos los seis meses de verano cuando las temperaturas superan los 45ºC. Las medidas de seguridad son escasas (el año pasado hubo al menos un millar de ingresados por traumatismos en accidentes de trabajo, de los que un 10% quedaron incapacitados). Y las condiciones en que les alojan las empresas son atroces: hacinados, sin aire acondicionado y, en casos extremos como en el campamento de Al Khor, sin electricidad.

Amnistía dice que la seguridad es escasa y que viven hacinados e incluso sin luz

“Es sencillamente inadmisible que en uno de los países más ricos del mundo se explote de forma despiadada a tantos trabajadores migrantes, se los prive de su salario y se los aboque a intentar sobrevivir”, declaró Salil Shetty, secretario general de AI, con motivo de la presentación del documento.

Catar, en la costa oriental de la península Arábiga, es un país del tamaño de la provincia de Murcia y con apenas 250.000 ciudadanos de pleno derecho. En contrapartida, cuenta con unas gigantescas reservas de hidrocarburos, sobre todo de gas, que les proporcionan la renta per cápita más alta del mundo según Forbes, 88.222 dólares (65.330 euros) en 2012. Pero para explotar esos recursos y hacer frente a las ambiciones de la familia gobernante, no le queda más remedio que recurrir a la mano de obra extranjera.

Se calcula que la población aumenta en 20 personas cada hora

Esa dependencia se ha hecho más evidente desde que el emirato logró hace tres años ser la sede del Mundial de 2022. La necesidad de construir una decena de grandes estadios, hoteles, medios de transporte y alojamientos para el personal de apoyo ha hecho que la población se duplique hasta los dos millones de habitantes. Los extranjeros suponen el 94% de la fuerza laboral. La mayoría son obreros no cualificados procedentes de Asia. Y aún no han empezado a construirse las principales infraestructuras.

“La población aumenta en 20 personas por hora”, señala el secretario general de AI, lo que da una idea del ingente movimiento humano. “Muchos migrantes llegan a Catar llenos de esperanzas, que se ven frustradas poco después. No hay tiempo que perder: el gobierno y las empresas deben actuar ya para poner fin a estos abusos”, pide Shetty.

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