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De Chile para el mundo: la apuesta por la innovación pública

El país latinoamericano lanza el primer medidor de impacto de políticas estatales para evaluar la gobernanza, fomentar la colaboración entre administraciones y enmendar las brechas

Un grupo de vecinos espera su turno de vacunación en el colegio público Carmela Carvajal, en Santiago de Chile.
Un grupo de vecinos espera su turno de vacunación en el colegio público Carmela Carvajal, en Santiago de Chile.Esteban Felix / AP
Florencia Attademo-Hirt|Roman Yosif Capdeville

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La pandemia de la covid-19 ha tensionado la capacidad institucional de todos los Estados, incluso en los países más desarrollados. Ante situaciones de crisis, la necesidad de generar respuestas ágiles y sistémicas suele contrastar con estructuras de gobierno rígidas y compartimentadas, que ponen de manifiesto las capacidades limitadas de las instituciones.

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Así, la capacidad de los Estados es crítica para la superación de problemas públicos complejos, especialmente aquellos de índole sociosanitaria. De hecho, el tratamiento eficaz de enfermedades que han azotado a la población en otros momentos de la historia se ha superado en gran medida gracias a la capacidad de coordinación de las instituciones públicas, como la educación, los servicios sanitarios o el transporte.

¿De qué manera, entonces, es posible abordar los desafíos actuales, si los Estados continúan operando de manera muy similar a como lo hacían hasta antes de la pandemia? ¿Se han planteado nuevas formas de coordinación que permitan abordar la implementación conjunta de soluciones?

Para comenzar a responder estas preguntas, Chile ha sido pionero en desarrollar el primer Índice de Innovación Pública. Esta iniciativa del Laboratorio de Gobierno de Chile, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mide las capacidades de innovación de entidades públicas del Estado. Uno de los principales hallazgos de la primera medición del Índice es el insuficiente nivel de desarrollo de las capacidades que tienen las administraciones para transformarse, de cara a una mejor entrega de servicios a sus usuarios. Las 37 instituciones medidas en 2020 reportan, en promedio, una capacidad de 29,1 puntos de un máximo de 100. Existen además grandes diferencias entre instituciones: mientras algunas sobrepasan los 55 puntos y se convierten en referentes, muchos otros organismos se sitúan por debajo de los 25 en puntaje.

Las 37 instituciones medidas en 2020 reportan, en promedio, una capacidad de transformación de 29,1 puntos de un máximo de 100

Si bien los resultados dan cuenta de un trabajo en progreso, las brechas más relevantes radican en la inexistencia de procesos instalados donde la experimentación colaborativa permita llegar a soluciones más pertinentes. A esto se suma la necesidad de tener una gobernanza que impulse la generación de innovaciones públicas, y la urgencia de generar mecanismos de mayor colaboración entre instituciones y ciudadanos.

Entender al Estado como un gran proveedor de servicios, y no como un grupo de instituciones que ejecutan leyes o entregan productos de forma independiente, es crucial para realizar las transformaciones estructurales que son necesarias. La medición del Índice arroja luces esperanzadoras en esta dirección. Un ejemplo concreto es el diseño e implementación del Subsidio al Empleo, como un servicio encadenado e integral de ocho instituciones públicas que está generando el 80% de satisfacción en la entrega de más de 500.000 subsidios durante la pandemia. También es el caso de simplificación de burocracia del programa “Hoy Nací y soy Fonasa”, basándose en la interoperabilidad de bases de datos para la inscripción automática de recién nacidos al seguro público de salud, el cual benefició a más de 130.000 niños en 2020.

Así, el Índice emerge como una brújula para autoridades y funcionarios que se comprometen con un nuevo tipo de Estado, como un servicio para guiar a las instituciones respecto a la implementación de políticas y programas que tengan al ciudadano como una pieza esencial. Este servicio podría ser replicado en otros países de la región que, como Chile, quieran promover la innovación pública para dar saltos cualitativos en la prestación de servicios a sus ciudadanos.

Esto será posible en tanto que la metodología sea pública y aplicable a cualquier administración, el instrumento de recolección de datos se desarrolle en una plataforma de código abierto y, finalmente, toda la sistematización de aprendizajes se publique para la transferencia de conocimiento entre países. El paradigma no es más o menos Estado, sino un Estado más amigable, ágil y resolutivo.

Florencia Attademo-Hirt es el representante del Grupo BID en Chile y Roman Yosif Capdeville el director ejecutivo del Laboratorio de Gobierno de Chile.

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