Así frena el hacinamiento en las cárceles latinoamericanas la lucha contra la tuberculosis

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Cuando el doctor Guillermo Sequera accedió por primera vez al interior de la prisión paraguaya de Tacumbú, en 2016, se extrañó al toparse con una cancha de fútbol sala repleta de camas. “Yo me dije: ‘bueno, estarán ahí para tomar el sol”, relata, pero el funcionario que le acompañaba le sacó de su error: era una celda. “No es que los presos fueran allí a descansar, es que no había más espacio en las habitaciones del interior”, cuenta aún sorprendido el epidemiólogo, actual director del Centro de Vigilancia de la Salud de Paraguay. Con este ejemplo, intenta describir el nivel de hacinamiento que halló en este centro penitenciario, el mayor del país y con más de cuatro mil presos en su interior pese a que su capacidad máxima es de alrededor de mil.

El de Tacumbú es el ejemplo perfecto de las condiciones de las prisiones de América Latina y América Central, donde la superpoblación es la norma en vez de la excepción. Esto y las generalmente escasas condiciones de ventilación y salubridad son el caldo de cultivo perfecto para uno de los males más peligrosos del planeta: la tuberculosis. Tanto es así que un nuevo estudio recién publicado en la revista científica The Lancet señala a estas repletas cárceles como las responsables de estar socavando en buena parte los esfuerzos por acabar con esta pandemia. “Frecuentemente, no tienen ni las capacidades ni las condiciones para garantizar la salud de los presos”, explica Alberto García-Basteiro, investigador en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y coautor de la publicación. “La enfermedad se transmite más en condiciones de mala ventilación, de hacinamiento, de atención sanitaria deficiente, de pobreza, de VIH, de falta de higiene... Todos estos factores de riesgo están presentes en muchas prisiones del continente y son bombas de relojería para la transmisión”.

La tuberculosis es una infección causada por una bacteria que suele afectar a los pulmones y que se transmite entre las personas a través de gotículas generadas en el aparato respiratorio en pacientes con la enfermedad activa. Es curable con la medicación adecuada, pero también es mortal si no se trata en tiempo y forma. De hecho, hasta la llegada de la covid-19 en 2020, siempre se ha hablado de ella como la infección más mortal del mundo: cada año mata a más de un millón de personas ―en 2019 fueron 1,4 millones― y pese a que desde hace más un siglo se busca una cura definitiva, hoy en día no hay ni vacuna ni fármaco que haya logrado borrarla de la faz de la tierra. Pese a los avances en investigación y al aumento de la concienciación internacional y la financiación, en los últimos años la incidencia mundial ha disminuido solo a una tasa de un 1 a un 2% cada año.

En este contexto, el caso de América Latina llama la atención porque es el único continente donde los números suben, en vez de bajar, como ocurre en el resto del planeta. Para saber por qué, un equipo de 13 investigadores liderado por el Departamento de Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical de facultad de Medicina de la Universidad de Stanford se puso a indagar. Las respuestas están en las páginas del informe La escalada de la crisis de la tuberculosis en las prisiones de América Latina y Central. ”Nos asociamos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Ministerios de Sanidad para recopilar datos sobre contagiados en poblaciones encarceladas y no encarceladas, y descubrimos que el crecimiento de los casos en las prisiones de la región compensó con creces la disminución de la enfermedad en la población general”, resume Jason R. Andrews, médico e investigador de Stanford, además de uno de los principales autores del estudio. “En otras palabras, la crisis de la tuberculosis en las cárceles está socavando el control nacional y regional de la enfermedad”.

Los datos muestran que desde el año 2000 la población encarcelada en Centroamérica y Sudamérica aumentó un 206%, superando el millón y medio de personas. Este fue el mayor incremento en el mundo, pues la media global es del 24%. Durante el mismo período, los casos notificados de tuberculosis entre los presos del continente aumentaron un 269%, según calcularon los autores. No obstante, y dado que los datos se han ido recabando mejor en los últimos años, los investigadores se fijaron en un periodo más corto, de 2011 a 2017, para saber exactamente cuántos contagios se habían producido, y hallaron que solo en esos ocho años las notificaciones se cuadruplicaron en Centroamérica (de 538 a 2.489 casos) y fueron de más del doble en América del Sur (de 7.798 a 17.285 casos).

Aquí es donde entra en juego el problema del hacinamiento. Como la prisión de Tacumbú que visitó el doctor Guillermo Sequera (también coautor de este último informe), la inmensa mayoría de los centros penitenciarios en América Central y del Sur están mucho más llenos de lo que deberían: la ocupación media en toda la región es del 167%, según World Prison Brief, la mayor base de datos sobre población privada de libertad. La aglomeración es particularmente aguda en países como El Salvador, donde las cárceles funcionan al 346% de su capacidad.

La incidencia de casos notificados de tuberculosis entre la población encarcelada desde el 2000 en América Latina aumentó un 269%

Si se miran los números de pacientes con tuberculosis entre la población libre y la población presa, las diferencias también son enormes: el 11% de todos los casos notificados en la región ocurren entre los reclusos, que comprenden menos del 1% de los habitantes del continente. “Ahora en Tacumbú hay cuatro mil personas, tres o cuatro veces más de lo que corresponde, pero si ves cuántas entran y salen al cabo del año...”, lamenta Sequera. “La mayoría ingresa un mes, tres, seis... Si vas a hacer un censo, hay tres mil personas ahora, pero si lo haces de las personas que han pasado por allí en un año, encuentras cinco veces más. Es un lugar espectacular de dispersión de enfermedades, además de una escuela de violencia”.

Este epidemiólogo, de hecho, publicó otra investigación en diciembre 2020 centrada en las prisiones paraguayas en el contexto de un país donde los indicadores son los mismos de hace 20 años. “La cárcel es, proporcionalmente, la que tiene mayor cantidad de enfermos y luego, cuando busco en la comunidad, los infectados son quienes estuvieron presos o los familiares de estos; quienes pasan por prisión cogen la bacteria y la contagian por la comunidad”, explica. Andrews aporta su experiencia en Brasil, donde observó la misma cadena de transmisión que en Paraguay. “Nuestro trabajo en Brasil ha demostrado que hay tasas muy altas entre las personas liberadas hasta siete años después de su puesta en libertad, así que la verdadera magnitud del impacto de las cárceles en la epidemia es aún mayor”, asegura.

Una cuestión de derechos humanos

La facilidad para contagiarse de tuberculosis u otras enfermedades en las prisiones latinoamericanas no es tan solo un problema de salud pública, sino una cuestión de derechos humanos. “Cuando veo las condiciones, veo un problema de derechos humanos, aquí me saco la bata de médico”, expresa Sequera, que lleva más de cinco años visitando estos centros y evaluando sus problemas sanitarios. “Podemos detectar precozmente y hacer pruebas antes de que un recluso entre o salga… Pero solo con eso seguiremos manteniendo el problema del hacinamiento, la mala alimentación, el de las causas penales que duran muchísimo tiempo por la burocracia estatal...”.

El estudio publicado en The Lancet alerta de que el encarcelamiento tiene graves consecuencias sociales y de salud pública, y pone a las personas en mayor riesgo de enfermedades mentales, crónicas e infecciosas como la covid-19, el VIH y la hepatitis C, entre otras. “Si quiero una sociedad saludable, tengo que tener prisiones saludables”, sostiene Sequera, que aboga por ampliar el concepto de seguridad ciudadana para incluir las cuestiones relacionadas con la salud.

El número de detenidos preventivos representa más del 36% de la población encarcelada en las Américas

La solución a largo plazo será política, sostienen los investigadores, porque pasa por medidas como la reducción de población carcelaria, algo que ya se ha hecho en muchos países como respuesta a la covid-19 con éxito: la ONU estima que se ha autorizado la liberación de más de 700.000 prisioneros en el mundo durante la pandemia. “Será difícil controlar la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas si seguimos encarcelando a más y más personas”, vaticina Andrews. Los autores del estudio, en línea con numerosas organizaciones en defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sostienen que el encarcelamiento debe considerarse un último recurso y que en su lugar deben estar disponibles alternativas como enfoques de justicia restaurativa. “Reducir el número de detenidos preventivos, que representan más del 36% de la población encarcelada en las Américas, es una de las muchas formas de reducir la población que corre un mayor riesgo de contraer esta y otras enfermedades infecciosas”, aconseja el estudio.

En abril de 2020, justo cuando la covid-19 alcanzó categoría de pandemia mundial, HRW hizo un llamamiento para pedir que se descongestionaran las cárceles para evitar brotes de esta enfermedad, que de hecho se transmite igual que la tuberculosis. En aquel entonces, alertó de que uno de los factores que contribuyen a esa sobrepoblación es el elevado número de personas en prisión preventiva en muchos países. Por ejemplo, en Paraguay, más del 77 % de todas las personas encarceladas está a la espera de un juicio, conforme indica el Institute for Crime and Justice Policy Research. En Haití, esta cifra es del 75%; en Bolivia, del 70%; y en Venezuela, del 63%. Por su parte, Amnistía Internacional denunció que la población penitenciaria en general ha sido “olvidada” en los planes para combatir la pandemia.

Otros puntos conflictivos que agravan el problema son el reciente aumento de la duración de las penas de prisión en algunos países y la criminalización de las drogas, que contribuye a ese incremento de las encarcelaciones: solo en Brasil, el número de presos por posesión y tráfico de estupefacientes aumentó en un 345% entre 2005 y 2013. “Es imperioso que la comunidad internacional, y la latinoamericana en particular, se conciencie de este problema, lo estudie en profundidad, lo cuantifique bien y establezca medidas de forma urgente”, solicita el doctor García-Basteiro. “Hacen falta medidas multisectoriales desde el sector de la salud, de las infraestructuras, la política penitenciaria, la justicia, etcétera, que alivien esta crisis sanitaria y de derechos humanos entre la gente privada de libertad”.

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