Los cinco principales desafíos de España en cuestión de migraciones y asilo

La crisis sanitaria, económica y social provocada por la covid-19 ha provocado un deterioro progresivo de las condiciones de vida de la población migrante en España. Este 2021 va a ser un año clave en política migratoria

Cerca de 200 inmigrantes marroquíes esperaban frente la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria sin un lugar donde pernoctar ni al que ir después de la Policía les dejase abandonar el campamento de emergencia del muelle de Arguineguín en noviembre de 2020.
Cerca de 200 inmigrantes marroquíes esperaban frente la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria sin un lugar donde pernoctar ni al que ir después de la Policía les dejase abandonar el campamento de emergencia del muelle de Arguineguín en noviembre de 2020.Quique Curbelo / EFE

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Nuestro país encara este 2021 con múltiples desafíos superpuestos en materia de política migratoria y de asilo. Estas reformas estarán entre las tareas más delicadas a las que se enfrente el Gobierno de coalición, dada la complejidad y repercusión de los asuntos, pero también por las posturas tan dispares que ya se han puesto de manifiesto entre ambas formaciones.

Las propuestas de reforma que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, hacía en febrero 2020, no han podido llevarse a cabo dada la falta de consenso entre las distintas fuerzas políticas, pero también por la llegada de la pandemia que ha obligado a reorganizar prioridades.

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Así, desde que Escrivá y la Secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul Muro, renovasen casi por completo el organigrama de la anterior Secretaría de Estado, que lideraba Consuelo Rumí, pocas medidas de las planteadas se han implementado. Además, el equipo ha tenido que reestructurarse en dos ocasiones, la última, este pasado diciembre, en un momento crítico de llegadas de cayucos a Canarias, cambiando al anterior director General de Inclusión y Atención Humanitaria, Francisco Dorado, por María Teresa Pacheco Mateo-Sagasta.

En este sentido, desde su nombramiento, Hana Jalloul ha tenido que resolver distintas situaciones que se han producido en materia migratoria y de protección internacional de forma muy rápida, y sin apenas tiempo para pensar. La pandemia de la covid-19 ha cambiado el orden de las prioridades, y ha forzado a desarrollar un cuerpo normativo y distintas acciones no previstas en materia migratoria (instrucciones, prórrogas, nuevas medidas, planes de acogida) para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus.

Se trata de una situación que está adquiriendo características muy singulares en relación con la población migrante, que sufre un deterioro progresivo como lo muestran los indicadores sociales relativos al desempleo, la carencia material o el nivel medio de renta.

Por ello, este 2021 será un año clave en política migratoria ante los desafíos que se presentan.

Primero. La Ley de Extranjería y su reglamento. Uno de los anunciados y grandes proyectos es la reforma de la LOEX, pero también la de su reglamento. El reto será que la reforma brinde una respuesta más adecuada y real a la realidad migratoria que en estos momentos tenemos. Algunos de los puntos más importantes que se han anunciado: modificación del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura; simplificar los procedimientos para adaptar los flujos migratorios a las necesidades del mercado laboral; homogeneizar las autorizaciones de residencia. Así mismo, adecuar a la actual realidad migratoria los modelos de detención e internamiento, y en especial en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES) y las controvertidas devoluciones sumarias en el contexto de frontera.

Segundo. La Ley de Asilo y su reglamento. Actualmente, el sistema de acogida de refugiados y solicitantes de asilo se encuentra colapsado; por ello es necesario reforzarlo. Pero también descentralizarlo siguiendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ M 369/2018), que establece una transferencia competencial a las Comunidades Autónomas. Además, habrá que redefinir el papel que jugarán las entidades sociales en el nuevo modelo, de qué forma los Programas de Patrocinio Comunitario vendrán a complementar el sistema estatal de acogida, el papel de la sociedad civil y las comunidades locales, y si el Estado, como anunciaba el Ministro Escrivá, tendrá una mayor implicación. Otra de las claves será la dotación de ayudas a los solicitantes de asilo que pretende ser más selectiva; y para la que la secretaria de Estado de Migraciones ya ha firmado una instrucción donde las personas solicitantes de protección internacional solo podrán ser derivadas a la segunda fase, si son beneficiarias de dicha protección. Con este objetivo, ya se ha anunciado que el Ministerio contará con el asesoramiento técnico de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO).

La pandemia de la covid-19 ha cambiado el orden de las prioridades

Tercero. Estrategia de Convivencia Intercultural. España lleva más de seis años sin una estrategia de convivencia intercultural o de integración para las personas de origen inmigrante. En este sentido, la actual situación social y económica urge a intensificar iniciativas normativas estatales, autonómicas o provinciales de convivencia intercultural. Así, son únicamente cinco las Comunidades Autónomas con planes autonómicos vigentes de convivencia intercultural o integración: Aragón, Cataluña, Castilla y León, Madrid y País Vasco.

Igualmente, el Gobierno deberá restituir el Fondo para la Integración, Acogida y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes, para dotar de los necesarios medios económicos a los municipios y autonomías en el desarrollo de sus planes.

Cuarto. El tema de la irregularidad. La evolución de la inmigración irregular en nuestro país sigue una tendencia creciente. Destacar la elevada incidencia de la irregularidad sobrevenida, que llegan fundamentalmente vía: solicitantes de protección internacional que ven denegada su solicitud; personas que no pueden mantener un empleo; y jóvenes ex tutelados que con la mayoría de edad quedan desamparados. En concreto, la covid-19 está suponiendo un profundo deterioro económico y personal en las personas y familias migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país, tal y como señalan trabajos recientes de investigación. En el próximo año volveremos a escuchar con fuerza voces desde el propio Gobierno de coalición, organizaciones sociales y ayuntamientos, para regularizar a estas personas (se estima que rondaría entre 500.000 y 600.000 personas) en nuestro país.

Quinto. La transposición de las reformas políticas de migración y asilo de la UE. Desarrollar una política migratoria y de asilo común será de las tareas más difíciles que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenga por delante para este año. El reto será vencer la inercia de fronteras y seguridad, institucionalizada en el seno de la UE con la externalización de las fronteras, poniendo en marcha medidas y actuaciones orientadas hacia la integración de la mano del recién aprobado nuevo Pacto sobre el asilo y la migración. A este respecto, el Parlamento Europeo y el Consejo este año irán adoptando toda la legislación necesaria para hacer realidad esa auténtica política común de asilo y migración de la UE. En el horizonte está el Plan de acción global sobre integración e inclusión para el período 2021-2027, que pretende ser un impulso para la inclusión de todas las personas, reconociendo la importante contribución de los migrantes a la UE y haciendo frente a las barreras que pueden obstaculizar su participación en nuestra sociedad.

Sergio Barciela es Doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo e investigador del Instituto de Migraciones (IUEM) en la Universidad Pontificia Comillas.

Alberto Ares es Doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Director del Instituto de Migraciones (IUEM) en la Universidad Pontificia Comillas.

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