Vías seguras frente al Pacto Europeo
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo supone el cierre de fronteras y la desprotección de los derechos de las personas migrantes, obstaculizando su llegada a los países europeos. Ante esta política, se necesitan normativas que permitan los desplazamientos seguros y la integración en la sociedad de acogida
Las medidas adoptadas a lo largo de las últimas semanas respecto a la llegada de personas migrantes a Canarias ponen de manifiesto el adelanto del Gobierno español al nuevo enfoque de la futura política europea en materia de migración, recogida en el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea el pasado 23 de septiembre. Este Pacto apunta a “un nuevo comienzo en materia de migración”, considerándola “una característica constante de la historia de la humanidad” y, sin embargo, conlleva una serie de recomendaciones y propuestas legislativas que inciden en una gestión migratoria reactiva y deshumanizada.
Una vez más, la vigilancia y el cierre de fronteras son las principales medidas para combatir la entrada irregular de personas con un Frontex reforzado con reserva permanente y el uso incesante de la detención en el contexto de unos procedimientos fronterizos poco claros. Además, propone ayudas sobre terreno a terceros países, normalmente países de origen y tránsito, de nuevo con el fin de obstaculizar la migración, algo impropio de un conjunto de Estados de Derecho como la UE.
Por otro lado, si bien menciona el objetivo de proteger el derecho al asilo, lo hace mediante un procedimiento en el cual las personas que no cumplan los requisitos serán enviadas a un proceso de tránsito rápido en las fronteras, sin preservar así su dignidad, lo que a efectos prácticos supone que quienes buscan protección puedan ser devueltos de inmediato, negándoles toda posibilidad de acceder a vías de regularización seguras.
Igualmente, el nuevo Pacto Europeo por las migraciones camina en la línea de la solidaridad entre los países miembros con un “patrocinio de reubicación o retorno” para evitar que la responsabilidad o presión recaiga en países fronterizos como Grecia o España, un reparto equitativo de la responsabilidad que, si bien es necesario, no responde al tipo de solidaridad que tanto necesita la UE.
Con todas estas medidas, este Pacto pretende fortificar y externalizar fronteras, dejar de lado los derechos de las personas migrantes, la apertura de vías seguras para la migración y la inclusión, en sus diferentes dimensiones, y de acentuar los aportes positivos de la migración. Esto provoca rechazo y prevención frente a la migración.
Este Pacto pretende fortificar y externalizar fronteras y dejar de lado los derechos de las personas migrantes
Frente a la creación de muros y una visión alarmista y estigmatizada, se hace necesario un cambio de orientación hacia un modelo europeo distinto en materia migratoria, que ponga fin a la pérdida de vidas humanas, que haga frente a la criminalización de la solidaridad y que apueste por vías de cooperación alineadas con el desarrollo sostenible. Unas políticas migratorias solidarias y justas que valoren la diversidad y respeten las convenciones internacionales sobre derechos humanos, tanto en la dimensión exterior, como en asuntos de interior.
Uno de los primeros pasos debe ser adoptar medidas concretas para facilitar la movilidad laboral, sin clasificar a buenas o malas personas migrantes, flexibilizar y abrir nuevas vías para el acceso a los permisos de residencia y trabajo, facilitar visados humanitarios y de reasentamiento que permitan protección, o facilitar autorizaciones a las personas que ya están en el territorio.
En el caso de España, se valora que hay más de 500.000 personas extranjeras en el territorio español que no cuentan con las autorizaciones necesarias de estancia y trabajo y que no tienen reconocidos sus derechos. Los requisitos exigidos por la normativa actual no se ajustan al contexto económico y social actual, imposibilitando que todas estas personas puedan acceder a dichas autorizaciones. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia que está dejando a miles de personas en situación de exclusión y mayor vulnerabilidad ante abusos y discriminaciones.
Para avanzar en la protección de los derechos de las personas migrantes, y que no se den situaciones de tal gravedad en cuanto vulneración de derechos como las que estamos viviendo, resulta imprescindible adecuar la normativa a la situación actual de forma que se flexibilicen los requisitos para acceder a las autorizaciones necesarias para que estas personas puedan contribuir a la construcción de la sociedad.
Lucía Maquieira es directora de la Federación Red Acoge. José Miguel Morales es secretario general de la Federación Andalucía Acoge.
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