Las grietas del pacto de migración y asilo

Desde que Ursula Von der Leyen incluyó en la agenda de la Comisión Europea la elaboración de un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, al asumir su presidencia en 2019, se crearon muchas expectativas. Actores como la Fundación Alternativas han planteado que dicho pacto debería responder a necesidades como una reforma del Sistema Europeo Común de Asilo y del reglamento de Dublín, que estuvieran orientadas a una mayor protección y seguridad para las personas y sus derechos; así como incluir propuestas dirigidas a favorecer vías seguras y legales, y realizar un viraje desde las medidas de externalización de fronteras hacia modelos de co-responsabilidad con los terceros países de origen y tránsito de las personas migrantes y refugiadas.

Sin embargo, a pesar de algunas referencias del pacto a un “enfoque humano”, a “salvar vidas”, a “obligaciones legales y morales” o a la “solidaridad del conjunto”, la propuesta, publicada finalmente el pasado 23 de septiembre, ha quedado reducida al “pacto de las tres erres: retención, rastreamiento y retorno”.

Retención: porque pone bajo las cuerdas a los países terceros, supeditando el diálogo y financiación europea a su buen “comportamiento migratorio”. Deben encargarse de retener a las personas para que no lleguen a la UE, y de readmitirlas si eventualmente lo consiguen y son expulsadas.

Rastreamiento: porque el pacto se sustenta en cuestiones como el refuerzo de FRONTEX para un mayor control marítimo y terrestre, o en la identificación de las personas y su rastreamiento y detención en caso de fuga.

Retorno: porque otro de los mecanismos claves es el procesamiento rápido de las solicitudes de asilo en frontera, y todavía más rápido para el retorno cuando las solicitudes son desestimadas. Y si las personas consiguen cruzar las fronteras y pisar suelo europeo, se pone en marcha un sistema de solidaridad “a la carta”, obligatorio pero flexible, fundamentado en instrumentos como “el patrocinio de retornos” para aquellas personas “que no cuenten con el derecho a quedarse”.

Quizás no sorprenda a los más realistas o escépticos sobre el pacto, pero claramente decepciona, porque no responde a las expectativas de una Europa de cambio y de valores sustentados en el derecho internacional.

En lo que llevamos de 2020, hemos podido ver en la Unión -o por fin nos hemos dado querido dar cuenta de ello, en plena pandemia- cómo las personas refugiadas y migrantes, también aquellas en situación administrativa irregular, realizan tareas esenciales para la vida, en sectores como la alimentación o los cuidados. Y hemos podido ver qué ocurre dentro de nuestras fronteras cuando dejamos de aplicar las convenciones de derechos humanos de las que nuestros países son signatarios: el mundo arde. En Moria o, incluso más cerca, en los asentamientos donde se ven forzadas a malvivir personas migrantes sobreexplotadas en las zonas agrícolas de España.

Pero nada de ello ha servido para que el pacto se haga bajo un marco de derechos humanos o de justicia, o que sea honesto y reconozca las responsabilidades europeas en el origen de la migración forzosa en muchos países, o los incontables aportes que realizan las personas de origen migrante que residen en Europa, también aquellas en situación irregular.

Y, sin embargo, hemos visto, ya incontables veces, cómo el enfoque de seguridad no funciona. Al menos no para los objetivos que se verbalizan: no sirve para frenar la migración, sólo transforma en mucho más mortíferas las travesías y el cruce de las fronteras. Sin embargo, eso sí, mueve mucho dinero.

Por delante queda una larga hoja de ruta de negociación entre los Estados miembros y las instituciones europeas para la implementación del pacto. Aquí yace tal vez la oportunidad para que desde la ciudadanía y desde los distintos actores sociales podamos hacernos oír y decir que #EsteNoEsNuestroPacto.

* Jara Henar es responsable de Migraciones en Alianza por la Solidaridad-Action Aid