Vox, purgas y opacidad

La purga dictada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, contra destacados miembros del partido y el manifiesto en el que una quincena de exdirigentes critican la opacidad en las finanzas del líder y le exigen la convocatoria de un congreso extraordinario tienen una relevancia que va más allá de la vida interna de la formación ultraderechista. Las batallas entre familias o sectores por lograr parcelas de poder son habituales en todos los partidos. También, aunque afortunadamente menos, que se aleje a los disidentes de los cargos de relevancia orgánica o institucional. El problema es que las actuaciones y declaraciones pasadas y recientes de algunos de los purgados en los últimos dos años y medio, como Iván Espinosa de los Monteros, Macarena Olona, Juan García-Gallardo o Javier Ortega Smith, no solo retratan una formación amordazada por el hiperliderazgo de Abascal, sino que vuelven a proyectar sombras sobre las cuentas del tercer partido de España.

Pese a su electoralista discurso antisistema, Vox es, gracias a sus votos, tan parte del sistema como sus rivales, a los que, siempre sin aportar pruebas, acusa repetidamente de corruptos. Tiene 33 diputados en el Congreso, dos senadores, 130 diputados autonómicos y cientos de concejales; formó parte de cinco gobiernos autonómicos y está negociando regresar a tres de ellos. Como cualquier otro partido, su financiación no puede ser opaca. Se debe pues investigar aquello que la justicia o el Tribunal de Cuentas consideren necesario para asegurarse de que cumple unas leyes que obligan a todos. También como en cualquier otro partido, su estructura interna y su funcionamiento deben ser democráticos porque así lo establece la Constitución.

Los interrogantes sobre la financiación de Vox no son nuevos, pero están cobrando relieve suficiente como para ser tenidos muy en cuenta, más todavía cuando quienes los ponen sobre la mesa son personas que ocuparon en su estructura cargos de primera fila. Los más interesados en aclarar cualquier duda deberían ser el propio Abascal y su actual dirección. Por ahora, sin embargo, solo han respondido a sus críticos con la habitual retahíla de descalificaciones. Ortega Smith —fundador de la formación, de la que fue sucesivamente secretario general y vicepresidente casi ocho años— afirma que su destitución de ese primer puesto en octubre de 2022 se debió a que denunció internamente irregularidades económicas. Ortega ha aludido además a “inconfesables intereses que algún día se sabrán”.

Por su parte, el manifiesto impulsado por Espinosa de los Monteros —ex secretario general y ex portavoz en el Congreso— señala “la existencia de un entramado paralelo de entidades opacas” que la mayoría de los afiliados desconocen y “vinculadas a intereses e intercambios económicos que exigen transparencia”. Los puntos más opacos de la financiación de Vox, cuya dirección nunca ha aclarado de forma suficiente, son las transferencias multimillonarias a la Fundación Disenso, de la que Abascal es presidente y patrón perpetuo, y los contratos de asesoría por una cuantía total desconocida con empresas de dos de los asesores más cercanos al líder ultra.

La primera exigencia a cualquier fuerza política es que sus cuentas sean claras. A la dirección de Vox corresponde despejar cualquier duda. A sus disidentes, aportar pruebas de aquello que denuncian sin esperar a que “algún día” se sepa de qué inconfesables intereses hablan. Es una demanda mínima de la democracia. También para quienes no acaban de creer plenamente en ella.