Unos Presupuestos para Cataluña

El Gobierno catalán retiró ayer su proyecto de Presupuestos ante la falta de apoyo parlamentario y para seguir negociando con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Aprobar estas cuentas, aunque sea con un nuevo retraso, representa una prueba de fuego para un Ejecutivo que nació mediante un acuerdo de investidura de los socialistas con los Comuns y ERC que incluía, entre otras medidas, un nuevo sistema de financiación autonómica que recogiera las “singularidades” de Cataluña. El pacto se ha ido desarrollando sin grandes sobresaltos durante el último año y medio, pero su viabilidad está ahora en cuestión por la negativa de los republicanos a aprobar las cuentas de Illa si antes el Gobierno central no hace un gesto para que la Agencia Tributaria de Cataluña pueda recaudar la totalidad del IRPF.

A falta del gesto que exige ERC, las cuentas han tenido que retrasarse —al menos hasta junio— por una cuestión que no figura en los Presupuestos y que a corto plazo no tendrá sobre la vida de los ciudadanos el impacto que sí tiene la aprobación o no de la ley más importante de cualquier gobierno. En este caso, las cuentas son especialmente importantes porque la Generalitat sigue trabajando con las que prorrogó de 2023, un marco que se ha visto desbordado por el crecimiento de la población y de las necesidades de la Cataluña de 2026. Si se aprueban, el Ejecutivo catalán tendrá vía libre para aumentar en 9.000 millones las inversiones y el gasto público.

La recaudación del IRPF consta, efectivamente, en el acuerdo de investidura que fijaron Esquerra y los socialistas catalanes y que fue validado posteriormente por la ejecutiva del PSOE. Sin embargo, el aterrizaje de esta medida implica un cambio estructural de grandes dimensiones que la Agencia Tributaria Catalana no está aún en condiciones de asumir por falta de recursos tanto técnicos como humanos. Sería poco realista forzar la máquina para que la Generalitat pudiera recaudar ya todos los impuestos, por lo que se impone cierta flexibilidad en los plazos.

Los poco más de tres meses que se han dado ambas partes pueden ayudar. Durante este tiempo, el Gobierno central también tendrá que decidir si sigue apoyando políticamente un traspaso de este calibre, que levanta ampollas en otras comunidades pero es un apartado básico del pacto que los socialistas mantienen en Cataluña con los republicanos. Tanto si se puede cumplir como si no, es importante que se aclaren las razones de una u otra decisión, y no supeditarla ni al periodo electoral que afronta Andalucía —con la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como candidata del PSOE— ni a otros factores externos a la gobernabilidad de Cataluña. Los catalanes, que sufrieron las consecuencias de la inestabilidad de los años del procés, piden acuerdos, y hasta el 70% exige priorizar los presupuestos, según encuestas de la propia Generalitat.

Que descarrilen unas cuentas que tienen el apoyo de sindicatos, patronales y entidades sociales sería un fracaso sin paliativos para una comunidad que necesita urgentemente desatascar los servicios públicos, mejorar las infraestructuras y poner al día la administración. Las consecuencias de no alcanzar un acuerdo podrían además derivar en una mayor inestabilidad política, hasta el punto de empujar a unas elecciones anticipadas que supondrían un fracaso mayor. Es imprescindible que Esquerra Republicana y los socialistas aprovechen el nuevo plazo que se han dado: los ciudadanos no pueden ser rehenes del desacuerdo permanente.