Negar un techo por el color de piel

El racismo en el alquiler de viviendas es una perversa combinación de dos de los mayores problemas que ponen en riesgo la convivencia social: la crisis habitacional y el avance del discurso antinmigración. El problema que más preocupa a los españoles, según el CIS, es la vivienda, que se ha encarecido un 70% en los últimos 10 años. Un coste al que hay que sumar las exigencias añadidas que sufren los inmigrantes a la hora de alquilar: el 99% de las agencias inmobiliarias aceptan cláusulas racistas de los propietarios, según datos de Provivienda de 2025, especialmente contra personas de África, Asia y Latinoamérica. Es la tormenta perfecta para gran parte de los ciudadanos procedentes de otros países, que suponen ya la quinta parte de nuestra sociedad (10 millones, sobre una población de 49,5 millones). La discriminación en el alquiler impide su integración social y laboral, y los condena a habitar en zonas convertidas en guetos, que a su vez realimentan los prejuicios.

La mecánica es sencilla. A igualdad de condiciones económicas de los aspirantes, se cancelan con excusas las visitas a quienes tienen un acento extranjero, se les exigen garantías abusivas o precios desorbitados. Aunque no existen datos oficiales sobre el número de afectados, algunos han dado el paso de denunciar. Pero son los menos: la mayoría de los inmigrantes, que tienen que afrontar cada día numerosos prejuicios, no contemplan presentarse en una comisaría o acudir a los tribunales.

Los propietarios de pisos tienen la sartén por el mango en un mercado que se ha tensionado hasta límites inéditos en España. A la hora de elegir inquilino, pueden poner sus condiciones, pero entre ellas no están los prejuicios raciales. Eso atenta contra el artículo 14 de la Constitución y contra la ley para la igualdad de trato de 2022, que prohíbe expresamente la discriminación en el acceso a la vivienda. Por supuesto, también la propiedad privada está protegida por la Constitución y por una ingente legislación. Pero en una sociedad democrática la libertad contractual no es absoluta: las líneas rojas son el racismo y la xenofobia.

Los límites legales, pues, existen. Y, desde luego, es deseable una mayor profesionalización del sector inmobiliario, que establezca protocolos contra estas prácticas y aumente la transparencia en las contrataciones. Pero son las autoridades —especialmente las autonómicas, competentes en vivienda— las responsables últimas de que se cumplan estas leyes, garantizando inspecciones eficaces y creando canales de denuncia accesibles y seguros para los más vulnerables.

El derecho a la vivienda y el principio de igualdad quedan en mera retórica legal si las autoridades no fijan medios para hacerlos efectivos. El racismo en el alquiler no se reduce a un mero fallo moral individual: es un problema público, que apela a toda la sociedad y exige políticas ambiciosas y valientes.