Barcelona multa con 45.000 euros a los dueños de un piso por no alquilarlo a un marroquí

El Ayuntamiento de Barcelona se ha convertido en la primera administración municipal en multar a los propietarios de un piso y a una agencia inmobiliaria por “discriminación directa en el acceso a la vivienda por razón de origen”, es decir, por no alquilar el piso a alguien por racismo.

La infracción está prevista en la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda y el Ayuntamiento ha concluido que la propiedad de un piso en la Barceloneta y la empresa que los comercializaba deben ser sancionados con una multa de 45.000 euros por no alquilárselo a Redouane Mehdi, un ingeniero informático de origen marroquí.

¿Cómo se ha concluido que existió racismo en esta operación? Mehdi compartía piso y buscó un apartamento para vivir solo en la Barceloneta a diez minutos de su trabajo y cerca de la playa. Localizó un inmueble en un portal de internet y tras visitarlo manifestó interés en alquilar la vivienda y acreditó que tenía un nivel de solvencia suficiente para alquilar el inmueble.

“En la mayoría de ocasiones con las inmobiliarias no pasas del teléfono. La primera pregunta que me hacen es de dónde soy. Esta vez fui con mi compañero de piso que se llama Carlos y vimos el apartamento”, recuerda el joven. “El piso estaba bien. Entregué los documentos: tres nóminas, contrato indefinido, antigüedad y una explicación de a lo que me dedico. Pero a partir de ese momento dejaron de contestarme al teléfono y me dijeron que se lo habían alquilado a otra persona”, asegura Mehdi. Semanas más tarde constató que el piso todavía estaba disponible.

Mehdi volvió a pedir ayuda a un amigo “con nombre europeo” que acudió a la inmobiliaria interesándose por el mismo piso, lo pudo visitar y acreditar un nivel de solvencia similar al de su amigo. El agente inmobiliario mostró su disposición a alquilarle el piso y constataron que no era ni un problema de solvencia ni de disponibilidad del piso.

Los hechos tuvieron lugar a principios de 2020 y fueron denunciados en la Oficina para la No Discriminación (OND). El caso también lo estudió la Unidad de Disciplina y Antiacoso del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) que desarrolló todo el proceso administrativo del expediente sancionador. Durante toda la tramitación del expediente los propietarios – tres personas físicas- y la inmobiliaria han presentado alegaciones que han sido desestimadas por la Unidad de Disciplina y Antiacoso.

Marc Serra, concejal de derechos de la ciudadanía, mantiene: “El objetivo no es multar sino transformar la realidad. Este caso debe llegar a la ciudadanía y debe ser un aviso a los operadores de vivienda para que eviten las discriminaciones”.

Es la segunda vez que el Ayuntamiento sanciona un caso de discriminación en el acceso a la vivienda por razón de origen aunque en el primer caso se trataba de un anuncio de un piso que se ofrecía solo a personas españolas. El Consistorio admite que es muy complicado perseguir estas discriminaciones ya que es muy extraordinario que se deje constancia escrita o registrada de este tipo de comportamientos. La falta de pruebas es una de las causas de que no se denuncie, lo que lleva a las víctimas a relativizar y normalizar la discriminación y resignarse. Aún así, la OND ha abierto durante el primer trimestre de 2021 un total de 13 expedientes por situaciones donde se ha vulnerado el derecho a la vivienda mientras que en 2020 fueron nueve y en 2019 cinco.

El Ayuntamiento, para profundizar en este tipo de desigualdades, encargó un estudio donde se enviaron 1.000 solicitudes a 500 anuncios de portales inmobiliarios, la mitad con un nombre árabe y la otra mitad con nombre o catalán o castellano. Las solicitudes en árabe recibieron un 20% menos de contestaciones. En cuanto al ofrecimiento de citas de las agencias para visitar el piso, por cada dos citas que recibían los autóctonos los que tenían nombre árabe solo recibían una.