Los audios que evidencian el racismo en el alquiler de pisos: “El propietario no quiere a nadie de fuera”

Alquilar un piso puede convertirse en una aventura tenebrosa, con una oferta escasa en las grandes ciudades y precios desorbitados. El problema, a veces, no es solo el dinero: puede serlo también el apellido. Lo han vivido en sus carnes Hamid Hmata, Yahya Aaboud y Redouane Mehdi, tres hombres de origen marroquí asentados en España con trabajos estables y buenos salarios. Su solvencia no les ha bastado para ser considerados buenos inquilinos. Han enfrentado episodios de discriminación por su origen. Y se han rebelado. Los tres, cada uno por su cuenta, han reunido pruebas que acreditan lo que la literatura científica constata desde hace años: el racismo inmobiliario como método, con agencias que incumplen la ley al aceptar las exigencias de los propietarios de no alquilar sus viviendas a extranjeros.

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Audio | "¿El dueño no quiere marroquíes?" "Eso también es verdad"

Hamid Hmata, de 50 años y nacido en Tánger, vive desde 2013 de alquiler con su familia en un piso confortable de una zona acomodada de Mataró, a 30 kilómetros al noreste de Barcelona. Trabaja en comercio internacional para una empresa multinacional. Está casado y tiene tres hijos. Después de la crisis del coronavirus, buscó una vivienda más grande, también de alquiler, para su familia. Contactó con 13 inmobiliarias de Mataró. “Vi que casi nunca me llamaban, me decían que el piso no se podía ver o que estaba apalabrado… Era raro”. Entonces se iluminó; vio por televisión la historia de Redouane Mehdi, marroquí como él: el Ayuntamiento de Barcelona había multado con 45.000 euros a los propietarios de un piso y a la inmobiliaria que lo arrendaba por discriminación. “Hablé con mi mujer y le dije: creo que eso es lo que me está pasando a mí”.

Así se ha convertido Hamid, con el tiempo, en el azote de las inmobiliarias que siguen prácticas racistas. Presentó 12 denuncias que el Ayuntamiento rechazó porque habían prescrito. “Me cansé y lo dejé estar un tiempo, porque también me había creado un estrés emocional”, cuenta. Pero en 2024, cuando retomó la búsqueda de vivienda y se topó con las mismas trabas, volvió a actuar. Presentó otras tres denuncias que han tenido más recorrido y están en manos de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat, que esta semana ha impuesto la primera sanción desde su creación hace seis años: 10.000 euros a la agencia que se negó a enseñar un piso a Hamid por su origen. La mayoría de casos de discriminación en el sector inmobiliario directamente no se denuncian, o bien caen en saco roto por falta de pruebas. Pero Hamid sí las tiene: guardó los mensajes y grabó las conversaciones que mantuvo con los comerciales. “¿Por qué no me lo puedes enseñar? Porque el dueño no quiere marroquíes, di la verdad”, pregunta en una visita. “Eso también es verdad, pero no tiene nada que ver con eso. Está reservado”, le contesta el agente inmobiliario. Los audios, a los que ha accedido EL PAÍS, están incorporados al expediente que ha acabado en sanción.

“Testing” inmobiliario

Las pesquisas de Hamid se basan en el testing inmobiliario, una práctica que los investigadores emplean para sus estudios. Dos personas, una autóctona y otra extranjera, se interesan por un mismo piso. Se trata de observar qué pasa con cada uno de ellos. Hamid ha recibido la ayuda de dos compañeros de trabajo, Jordi y Xavier, dos personas “comprometidas contra el racismo”. La secuencia paralela de correos es casi tan elocuente como el audio. Después de interesarse por un piso de casi 2.000 euros al mes en Vía Europa a través de Habitaclia, la agencia dio a ambos respuestas contrapuestas con apenas unos minutos de diferencia. “Te llamé para informarte que el piso ya está alquilado”, le dijeron a Hamid. “Podría ser hoy [la visita] a las 19.35”, contestaron a Jordi. No sabían que Hamid iba a presentarse por sorpresa a la visita y a grabarla.

El testing “puede parecer una artimaña, pero es válido porque revela un mal mayor, una vulneración de derechos”, explica Miguel Ruiz, abogado del Observatorio Desca y experto en racismo inmobiliario. Indica, a título de ejemplo jurídico, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó esa práctica en los años 60 del siglo pasado como herramienta legal para combatir la discriminación racial. La “infradenuncia” de este tipo de situaciones, añade Ruiz, tiene parangón con lo que ocurría antaño con “la violencia de género o el acoso sexual y laboral”. “Es un debate que empieza a estar en la calle, pero aún no ha impregnado a los juzgados ni a las administraciones públicas”, lamenta sobre la escasez de sanciones y las dificultades que afrontan los denunciantes para que su caso salga adelante, incluso con indicios sólidos.

Lo dice por Yahya Aboud, un hombre de 32 años que trabaja como experto financiero en una empresa vasca y vive en Irún (Guipúzcoa). En 2022, quiso independizarse y empezó a buscar un piso de alquiler. “Pensé que iba a ser fácil, pero no. Me ponían en lista de espera. O me decían que ya tenían a otro… Vi que me trataban diferente y que siempre se daba prioridad al español, salvo que fuera un piso malo, que entonces sí”, explica. También supo, por los medios, del caso de Redouane. Algo se removió en su interior. Y decidió poner a prueba el sistema. Llamó interesándose por visitar un piso de 950 euros, pero le informaron por escrito de que el propietario “prefiere esperar a la respuesta del dossier” [de solvencia económica]. El mismo día, una amiga suya de apellido inequívocamente español (Rodríguez) llamó y pudo visitar la vivienda esa tarde.

Para sorpresa de la comercial, Yahya y Rodríguez se presentaron juntos a la visita y grabaron la conversación en busca de pruebas. Las encontraron. “He visto que tus condiciones son estupendas. Pero [el propietario] no quiere a nadie de fuera (…) Por teléfono no te puedo decir que porque te apellidas Abdul o lo que sea…”, le dice la agente. Con ese archivo, el hombre presentó una denuncia en el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, que rechazó iniciar un expediente sancionador al no ver por parte de la agencia “acciones u omisiones que supongan acoso inmobiliario o discriminación”. Había empezado un periplo judicial que acabó mal, porque el TSJ vasco rechazó su demanda. “Me ha jodido mucho que, teniéndolo todo, las capturas, la grabación, haya acabado así. La inmobiliaria ha de seguir las leyes y decirle al propietario, aunque sea su cliente, que no puede aceptar excluir a los extranjeros. La vivienda está difícil para todos, pero para las personas de origen extranjero hay una capa más”.

Decir “no” al propietario

“Las agencias, que son intermediarias, están sometidas a la ley como todos. Tienen una responsabilidad clarísima de rechazar sin miramientos las propuestas de sus clientes que sean discriminatorias”, recuerda Aliou Diallo, investigador de racismo institucional en el Departamento de Derecho Público de la Universitat de Girona. Diallo pide que la administración sea más proactiva y cree, por ejemplo, un cuerpo de inspectores, porque el racismo inmobiliario no es una excepción o una anomalía, sino “la forma habitual de funcionar del mercado”, que golpea aún más a personas sin tantos recursos (humanos, materiales, etcétera) como Hamid o Yahya. “Mucha gente que lo sufre no sabe ni que se puede denunciar. Y probarlo para ellos es todavía más difícil”.

Los estudios que han aflorado al compás de la demanda confirman que es un problema estructural. En ¿Se alquila? Racismo y segregación en el alquiler de vivienda (de la entidad Provivienda, marzo 2025), los investigadores hicieron 100 llamadas a agencias de Barcelona y Madrid haciéndose pasar por propietarios que querían alquilar su piso salvo a extranjeros. Pues bien, 99 de ellas “aceptaron prácticas discriminatorias explícitas” frente a las 72 de un estudio similar, realizado por los mismos autores, hace cinco años. Algunas respuestas constan transcritas. “Que tú quieres perfil nacional, pues nacional”. En otras 600 llamadas de supuestos inquilinos (la mitad con acento castellano, la mitad con acento extranjero), el estudio constata diferencias de trato: al extranjero se le ofrecen pisos peores, menos alternativas, se le facilita menos la visita o se le dan menos detalles del anuncio.

El precio del prejuicio (IDRA, 2024) constató mayores dificultades de acceso de la población migrante, que es mayoritariamente inquilina (70%). Y en La clau pot ser un nom (Ayuntamiento de Barcelona, 2020), quedó en evidencia que las agencias respondían menos a peticiones interesándose por pisos de alquiler de personas con nombre árabe que con nombre autóctono.

Hay casos flagrantes, como el de un anuncio publicado en Idealista que pedía “personas estudiantes, españolas, con contrato indefinido”. El Ayuntamiento de Barcelona impuso, en octubre de 2022, una multa de 90.000 euros al propietario, a la agencia y al portal. Un juzgado contencioso de Barcelona finalmente anuló la sanción a Idealista (por ser un mero intermediario), pero mantuvo las otras. El anuncio pretendía “excluir a inquilinos de nacionalidades distintas” y, por tanto, es “discriminatorio” e incumple todas las normativas, recoge la sentencia. Pero en general, las situaciones son más sutiles.

Redouane Mehdi es el ingeniero informático que, por primera vez, logró una sanción por racismo inmobiliario. Quería vivir solo en un piso de Barcelona, pero se negaron a alquilárselo por su apellido. En agosto de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona impuso una sanción por esa discriminación, la primera reconocida en España. Pero el final de la historia aún está por escribir. Redouane, que ahora tiene 36 años, cuenta que un juzgado anuló la sanción porque el Ayuntamiento no aportó las pruebas (grabaciones de audio) que había presentado en la denuncia. No se rinde y ha acudido a la vía penal, aunque por ahora el caso no prospera. Sea como sea, se siente orgulloso de haber abierto camino e inspirado a otros a denunciar. “Es importante que la gente actúe, que sepa que, además de obligaciones, también tiene derechos”.