Jugar con la confianza en la sanidad

Cuando se instauró el modelo de colaboración público-privada en la gestión de algunos hospitales de la Comunidad de Madrid, muchos expertos advirtieron del peligro de parasitación del sistema público por parte de gestoras privadas. El caso del hospital de Torrejón de Ardoz y diversos informes conocidos en las últimas semanas sobre el resto de los hospitales de provisión pública y gestión privada confirman que esas advertencias tenían fundamento. La Comunidad de Madrid ha sancionado con multas que suman 2,2 millones de euros a siete hospitales público-privados por incumplir los estándares de calidad exigidos. La Intervención general encontró incumplimientos y errores en la facturación de los centros de Majadahonda, Parla, Coslada, San Sebastián de los Reyes, Arganda del Rey, Aranjuez y Vallecas, que entre enero de 2021 y agosto de 2024 facturaron 563,8 millones a la caja de los madrileños.

El modelo rige para una docena de centros sanitarios construidos por empresas privadas a cambio de gestionarlos durante un periodo de tiempo. En algunos casos las adjudicatarias solo gestionan los servicios no asistenciales, pero en los siete hospitales mencionados también gestionan los servicios médicos. La Administración les paga un canon anual por asumir la cobertura sanitaria de la población de su área. En su momento, las empresas adjudicatarias se curaron en salud y pactaron la posibilidad de solicitar un reequilibrio financiero por mejoras en los servicios o en las infraestructuras. Durante el mandato de Isabel Díaz Ayuso la Comunidad ha inyectado a estos hospitales 2.354 millones más de los presupuestados. Ahí están los mecanismos que pueden favorecer la parasitación. La Intervención encontró numerosas anomalías, entre ellas gastos facturados por obras sin fiscalizar por valor de 10,9 millones. El modelo permite un amplio margen de interpretación y da lugar a una litigación constante. Hasta finales de 2024 se habían interpuesto 209 recursos judiciales.

Cuando en la gestión de la sanidad se introduce el ánimo de lucro, el peligro de distorsión es evidente. Puede ser por una interpretación abusiva del contrato o mediante estratagemas para conseguir beneficios extra: reducir la duración de tratamientos, aumentar las listas de espera de la población asignada para atraer a enfermos de otras áreas de bajo coste, reutilizar material de un solo uso o derivar a un nivel superior los pacientes propios más costosos.

En un momento de saturación del sistema, este tipo de prácticas introducen riesgos en la atención, dañan las finanzas públicas y erosionan la confianza en la sanidad pública. La ética pública obliga a hacer el uso más eficiente posible de los recursos. Es necesaria la máxima vigilancia para asegurar que los fondos que perciben las adjudicatarias son los que realmente les corresponden y que en la gestión económica y organizativa de los centros no se juega con la calidad asistencial para aumentar los beneficios.