La espiral de la corrupción

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán actuaba como supuesto “enlace” entre la constructora Acciona y el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos para conseguir contratos millonarios de obra pública a cambio de comisiones. En la trama participaban Cerdán y su socio comercial, Antxon Alonso; el exministro Ábalos; el hombre de confianza de ambos, Koldo García, y un directivo de la constructora. Presuntamente, Cerdán conseguía las obras para Acciona y esta contrataba después a una empresa propiedad de Cerdán y Alonso, Servinabar, por un importe equivalente al 2% de la adjudicación. A lo largo del periodo investigado, al menos 6,7 millones de euros.

El último informe aportado por la Guardia Civil al juez instructor del Tribunal Supremo es un contundente golpe a cualquier intento de minimizar la gravedad de los hechos investigados. Si ya las grabaciones telefónicas dejaban poco margen a la defensa política de Cerdán —hasta el punto de que el PSOE lo expulsó de inmediato— las evidencias aportadas ahora son abrumadoras. Según el relato policial, la presunta trama funcionaba desde 2015, cuando Cerdán era secretario de Organización en Navarra. El acceso al Gobierno de España el permitió escalar el operativo.

La difusión del explosivo informe se produjo el día antes de que el magistrado decretara la libertad provisional de Cerdán, cuyos intentos de desacreditar la instrucción como una cacería política no tienen ningún recorrido. Hoy sabemos qué sospechaba el juez cuando el pasado 30 de junio, nada más tomarle declaración, lo envió a la cárcel por riesgo de destrucción de pruebas. Ahora el instructor entiende que ya no hay riesgo y lo deja en libertad con cargos. Son decisiones equilibradas, sólidas y bien razonadas. Nada que ver con las instrucciones creativas y el derecho procesal a la carta aplicado en otros casos de alto vuelo político.

El burdo modus operandi para robar al Estado —repetido una y otra vez con distintos nombres, administraciones y partidos— sitúa de nuevo a los ciudadanos ante el asombro de ver que la corrupción de siempre campa a sus anchas. Y que nunca se han establecido verdaderos controles preventivos que hagan saltar las alarmas ante irregularidades de libro. Cerdán se interesaba por obras públicas con toda naturalidad sin tener ninguna atribución que lo justificase.

Es necesario recordar que la trama fue desvelada a partir de un contrato de mascarillas en la pandemia, cuando la emergencia llevó a relajar los controles de la contratación pública. Por otro contrato de compra de mascarillas, fueron detenidos ayer el expresidente y el exvicepresidente de la Diputación de Almería y un alcalde, todos del PP. Solo en 2020 se firmaron en España, sin las reglas de supervisión habitual, 22.000 contratos relacionados con la covid por valor de 6.400 millones de euros. A partir del llamado caso Koldo, una aparente serie de turbias maniobras de influencia por parte de arribistas del poder, ha brotado ya una presunta trama de corrupción millonaria que operaba desde el corazón del partido socialista. La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer 24 años de prisión para el exministro Ábalos, que precedió a Cerdán en la secretaría de organización.

Es evidente el daño político para el PSOE. Los dos principales implicados en la trama llevaron las riendas de Ferraz durante un total de ocho años, por lo que la sospecha sobre una hipotética mezcla de su afán de lucro personal con las cuentas de la formación solo se disipará con la máxima transparencia. La sociedad —justamente indignada por una corrupción que, gobierne quien gobierne, parece abonada a parasitar las arcas públicas— no entendería que se intentara restar importancia a este caso.