El debate autonómico imprescindible

La ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, comunicó ayer a los representantes de las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que a principios del próximo año, entre enero y febrero, presentará una propuesta para nuevo modelo de financiación autonómica. El anuncio es una buena noticia, porque de esta bolsa dependen los recursos para los servicios más cercanos al ciudadano, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que prestan las comunidades. No puede caer en saco roto como pasó con iniciativas anteriores: la reforma del sistema es imprescindible y urgente, y el momento económico es propicio para llevarla a cabo. El actual sistema entró en vigor en 2009 con el compromiso de revisarlo a los cinco años. Sin embargo, ningún gobierno desde entonces ha cumplido con la tarea.

La reforma de la financiación autonómica es un asunto técnicamente endiablado y políticamente espinoso, que genera grandes fricciones y sobre el cual es difícil encontrar un consenso. Las propias comunidades del PP, que gobiernan en la mayoría de los territorios —11 de las 15 comunidades de régimen común—, no tienen una posición unitaria al respecto. Los partidos independentistas catalanes han pactado con el PSOE una “financiación singular” para Cataluña a cambio de apoyos a los gobiernos catalán y central.

Esta discusión bilateral que exige el nacionalismo catalán supone un desafío en el alambique de las finanzas autonómicas. Es indispensable que la propuesta del Gobierno sea capaz de generar un reparto que no dañe la equidad y que, sin causar fracturas, comprenda la diversidad económica.

Hacienda también ha anunciado que las entregas a cuenta (anticipos) del próximo año alcanzarán un récord de 157.731 millones de euros y que las comunidades podrán incurrir en un déficit del 0,1% entre 2026 y 2028. Ese dinero adicional es fruto del sólido crecimiento económico de España, y supone una condición imprescindible para modificar el sistema: todas las reformas acometidas hasta ahora han implicado que se inyectaran más recursos en el sistema. Además, hay que abordar los desequilibrios que genera el esquema actual y que ya no son sostenibles. La brecha de financiación por habitante entre el territorio peor tratado, la Región de Murcia, y el mejor parado, la comunidad de Cantabria, ronda los 1.000 euros, un máximo histórico.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha prometido hacer compatibles las aspiraciones de unos y las exigencias de otros. Por dura que sea la negociación, todos parten de un punto en común: reconocer que España no puede tener hoy un sistema de financiación autonómica diseñado hace 15 años.