Avances que no sean unilaterales

El Ministerio de Trabajo ha comunicado esta semana a los agentes sociales los detalles de su propuesta de alargar el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. Este pasaría de dos días (ampliables a cuatro en caso de desplazamiento) a 10, distribuibles en un periodo de cuatro semanas a partir de la muerte o la entrega de los restos. Igualmente se proponen permisos adicionales en caso de familiares en cuidados paliativos o que vayan a someterse a un proceso de eutanasia.

En la mayoría de los países de nuestro entorno, la norma general de permisos en estos casos es similar a la actual española (entre uno y cinco días), pero hay cualificaciones en casos especiales. Por ejemplo, en Francia puede extenderse hasta 14 días en caso de la muerte de un hijo o persona a cargo menor de 25 años, mientras que en Portugal el permiso se extiende hasta 20 días para el cónyuge, pareja de hecho o hijos.

Ampliar los permisos por deceso según la propuesta del ministerio consolidaría como derecho de los trabajadores lo que es una respuesta normal y humana ante un drama personal. El duelo es una reacción natural a una pérdida y no todos son iguales ni se pasan igual. E, igualmente importante, la muerte de un allegado exige una serie de trámites y actuaciones que requieren tiempo y, en algunos casos, la presencia física de sus familiares.

Ahora bien, la propuesta del ministerio, como otras presentadas durante los últimos meses, peca de una aparente falta de coordinación con los agentes sociales, especialmente con la patronal, pero también con los sindicatos, que ya han subrayado su disconformidad por haber recibido una propuesta concreta sin tan siquiera arrancar antes una negociación al respecto.

Igualmente problemática es la aparente descoordinación con los socios del Gobierno. El primer anuncio de la medida por parte de Yolanda Díaz fue acogido con cautela por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no la desautorizó explícitamente pero afirmó que el Ejecutivo busca “una forma equilibrada de seguir hacia adelante teniendo en cuenta a las empresas”. El objetivo del diálogo social es evitar la conflictividad laboral buscando el consenso en el desarrollo de derechos y un equilibrio entre la situación económica y laboral, la productividad y la calidad de vida de los trabajadores.

El Congreso ya rechazó el mes pasado la reducción de la jornada laboral, la propuesta estrella de Díaz, que consiguió sacar adelante la ampliación del permiso por nacimiento y cuidados a 19 semanas. El 5 de noviembre sindicatos, patronales y Trabajo celebrarán una reunión específica para analizar la propuesta. Cualquier modificación que incluya nuevos derechos como la ampliación del permiso de fallecimiento exigirá un cambio legal y una votación en la Cámara Baja. Sería deseable que la propuesta que termine votándose sea fruto de un acuerdo amplio entre los agentes sociales. Es la mejor forma de garantizar tanto su viabilidad en el presente como su consolidación para el futuro.