Sin presupuestos: aguantar por aguantar

Llega un momento en la vida de toda persona, e incluso de todo aragonés, en que le puede la lógica. “Lo comentábamos la semana pasada en el debate sobre el estado de Aragón. Comentábamos la necesidad de que el señor Azcón tuviera presupuestos: si no tenía presupuestos debía convocar elecciones. Y trayéndolo desde aquí al Estado decimos lo mismo desde Chunta Aragonesista. Si el presidente no es capaz de aprobar unos presupuestos, debe convocar elecciones”, dijo en el Congreso Jorge Pueyo, diputado por CHA (integrada en Sumar), en una intervención que Carlos Alsina vinculó al humor somarda tipificado por José Luis Cano.

Tampoco hay que sobrevalorar la duración de estas epifanías: pueden obedecer a un momento de debilidad, son incómodas, enseguida vienen a echarte la bronca y además andamos sobrados de distracciones. La realidad ofrece muchos reclamos, y la tarea en la que más destaca el Gobierno es el entretenimiento, que produce para afines y críticos. Lo genera con anuncios de medidas (el anuncio suele ser la medida en sí), posicionamientos políticos y humoristas a sueldo, a través de crisis de gestión que nunca se solucionan con la asunción de responsabilidades y por medio de maniobras orquestadas de polarización, pero también a base de enrevesados escándalos legales que afectan a colaboradores y familiares del presidente del Gobierno (y a sus rivales, porque todo tiene que ir por duplicado). En medio de tantas circunstancias extraordinarias, puede resultar difícil distinguir qué es lo más grave. La anomalía esencial, tan obvia que puede pasar inadvertida, responde a la aritmética parlamentaria: un pacto de impunidad por votos para lograr la investidura y una legislatura donde no se aprueban los presupuestos y se prorrogan las cuentas de años anteriores. Los problemas prácticos, como que estuvieran pensados para otro momento, se pueden solventar porque las cifras económicas son buenas y hay fondos europeos, leemos. Es dudoso que sea un argumento —como podemos hacerlo, lo vamos a hacer; es decir: como no podemos aprobar la ley en el Parlamento, nos saltamos los controles— y más que sea convincente.

Si lo que nos preocupa es el interés común, es una situación disfuncional: las transformaciones prometidas se reducen a ejercicios de trilerismo y simulacro; ya no se defiende un proyecto político sino de salvación personal. Y resulta injustificable en términos normativos: se incumple la Constitución, se hurta el debate público, se ningunea a los representantes. Se degrada la democracia: la violación del procedimiento es también un desprecio a los ciudadanos.