Alumnado especial

El sistema educativo de una sociedad avanzada como la española ha ido afrontando en los últimos tiempos nuevos retos y nuevas necesidades que son consecuencia de su propio progreso. Uno de los más relevantes es cómo atender a los alumnos con necesidades de apoyo educativo, una categoría oficial que —desde la entrada en vigor de la Lomloe en 2021— incluye a los alumnos con discapacidad o con trastornos que dificultan su aprendizaje, pero también a los escolares inmigrantes que desconocen el idioma, los que están en una situación económica vulnerable o los que tienen altas capacidades intelectuales. Ese aumento de las necesidades no ha ido acompañado, en cambio, por un crecimiento análogo de los recursos necesarios para cubrirlas.

Entre 2017 y 2024, este grupo ha crecido un 75,2%, pasando de 621.000 personas en las enseñanzas de régimen general a casi 1,1 millones. Entre tanto, los fondos para atenderlos han aumentado un 31%. Dos razones explican el rápido incremento, en todas las etapas, de quienes precisan apoyo: un mejor diagnóstico de los trastornos y problemas de aprendizaje y la llegada de menores de otros países con retraso curricular, desconocimiento del idioma o carencias socioeconómicas. El alumnado con necesidades específicas ha pasado de suponer el 7,6% del total en las enseñanzas no universitarias al 13%. Ese crecimiento ha recaído de forma mayoritaria en la escuela pública, que acoge a tres de cada cuatro estudiantes que requieren apoyo, más de ocho puntos por encima de lo que le correspondería por su peso en el conjunto de la red educativa.

Realidades tan distintas requieren respuestas igual de diferentes, pero lo común es la necesidad de mayores recursos para que la enseñanza sea realmente inclusiva y compense las desigualdades. Solo de esa forma se podrá garantizar un derecho protegido por mandato legal: que todos los estudiantes consigan su máximo desarrollo personal e intelectual.

Por ello, aunque un 31% más de fondos no resulta en absoluto desdeñable, las administraciones deben reforzar las partidas específicas para estos estudiantes, en particular los gobiernos autonómicos, que gestionana más del 80% de los fondos públicos destinados a educación. Únicamente así se podrá asegurar tanto el avance de los propios estudiantes como que el desajuste entre necesidades y recursos no derive, como sucede en la actualidad en muchos centros, en una sobrecarga de trabajo para los profesionales de la enseñanza. Una escuela más diversa e inclusiva beneficia a toda la sociedad; por eso tiene que ser un objetivo de todos.