Pulseras telemáticas: saltan las alarmas

La revelación la pasada semana de diversos fallos en el control telemático de los maltratadores ha generado una creciente inquietud en torno a estos dispositivos que resultan claves en la protección de las víctimas. La memoria de 2024 de la Fiscalía General del Estado denuncia un vacío de datos de varios meses causado por un relevo de empresas adjudicatarias del servicio y que provocó, según se lee en el informe, una “potencial desprotección de las víctimas” y “gran cantidad de sobreseimientos, provisionales y fallos absolutorios”.

A estas preocupantes afirmaciones se añadió la vaguedad de las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien las calificó de “alarmistas” sin más explicación sobre a cuántas mujeres afectó el incidente, durante cuánto tiempo carecieron de archivos telemáticos para demostrar judicialmente los quebrantamientos del alejamiento y cuántos casos se han malogrado por esta razón. Además de esta opacidad informativa, se acumulan indicios de que los fallos en las pulseras eran conocidos por el ministerio. Ni la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez, ni la ministra Redondo han dado aún explicaciones a la altura de la alarma social generada.

Merecen más transparencia, compromiso y rigor institucional las 4.515 víctimas portadoras de los dispositivos telemáticos activos, y sus hijos e hijas. La pulsera que mantiene al agresor localizado no solo debe asegurar el cumplimiento de la orden de alejamiento, sino que sirve para proteger a la víctima de una de las armas más destructivas del maltratador: el miedo que gobierna su día a día.

Es importante remarcar que las pulseras funcionan: ninguna de sus beneficiarias ha sido asesinada mientras portaba el dispositivo desde que se activaron, en 2009. Y también que no se puede garantizar la criminalidad cero ni la tecnología infalible. Tan preocupante como los fallos es que se utilicen de forma irresponsable con el único fin de desgastar al Gobierno. Las reacciones hiperventiladas del PP, hipócritas cuando pacta con un partido que niega la violencia machista, no amparan a las víctimas, sino que las acorralan en la desconfianza y el miedo.

Desde 2003, han sido asesinadas 1.322 mujeres por violencia machista en España. Uno de los pilares de la lucha contra este problema estructural es la confianza de las mujeres en la red institucional que las protege. Y ni el partidismo ni el paternalismo caben en ella. Lo que mina esa confianza no es que se produzcan fallos en los controles telemáticos, sino que se oculten, se minimicen o no se trabaje en aras de su solución. Las mujeres maltratadas necesitan unidad política e instituciones que actúen con rigor y transparencia, que asuman sus errores y los reparen. No cabe la tolerancia a un mínimo fallo en este asunto. Las víctimas merecen estar seguras de que el Estado no les falla.