Patinetes más seguros

Las ciudades españolas han vivido en los últimos años un cambio radical en las formas de moverse por ellas. Uno de los ejemplos más evidentes es la gran proliferación de los vehículos de movilidad personal (VMP) eléctricos, muy mayoritariamente —pero no solo— patinetes. Como ocurre con tantos otros avances tecnológicos, su desarrollo no ha ido acompañado a igual velocidad de la necesaria regulación normativa, algo que resulta particularmente relevante cuando hablamos de seguridad y responsabilidad en la circulación. Uno de esos limbos legales quedará cerrado el próximo 2 de enero —o antes si el Gobierno desarrolla la correspondiente norma reglamentaria—. Desde esa fecha, los dueños de un patinete eléctrico deberán tener un seguro de responsabilidad civil para poder circular.

Tras más de un año de tramitación desde que el Consejo de Ministros aprobase en mayo de 2024 el correspondiente proyecto de ley, el Congreso aprobó a finales del pasado julio la trasposición de una directiva europea de 2021 sobre el seguro a terceros de los vehículos a motor. El texto, que incluye también diversas mejoras en las indemnizaciones a las víctimas de accidentes de tráfico, fija en una disposición adicional dicha obligación para los que llama vehículos personales ligeros, cuya definición establece. Antes del 2 de enero, el Gobierno deberá además poner en marcha un registro público de estos medios de transporte personal y regular su identificación obligatoria.

Pese a su auge, su propia vulnerabilidad y los problemas de convivencia en las calles entre sus usuarios y los de otro tipo de vehículos y los peatones, hasta ahora no existía una legislación nacional que garantizase la cobertura de las indemnizaciones por los daños que causasen en accidente. Y ello pese al creciente número de siniestros en que se ven implicados. Un estudio de la Fundación Mapfre difundido en marzo cifró en 396 los siniestros registrados el año pasado en España en que se vio implicado un VMP, un 23% más que en 2023. Más grave es el creciente número de usuarios de VMP fallecidos en accidente: 16 el año pasado (13 en vías urbanas y 3 en carreteras), la cifra más alta en una década, frente a nueve en 2023 (ocho en ciudades). Son números que, junto a la experiencia de cualquier día de cientos de miles de ciudadanos, muestran lo necesaria que resultaba esta regulación para garantizar la necesidad social de la protección a terceros a la que está obligado cualquier conductor.

La nueva normativa, junto al veto a las empresas de alquiler en varias grandes ciudades, las mayores exigencias en su homologación técnica o el endurecimiento de las sanciones municipales por su empleo inadecuado, debe servir para poner orden en este ámbito. La movilidad urbana sostenible es clave en la lucha contra la crisis climática, pero su desarrollo debe armonizarse con la garantía de los derechos de todos los ciudadanos.