Balas contra la democracia en Colombia

El atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay revive uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Colombia: la violencia política como método de silenciamiento y ruptura democrática. El ataque, perpetrado por un adolescente de 15 años durante un acto público, no solo dejó al senador del Centro Democrático en estado crítico, sino que despertó el fantasma de los magnicidios que marcaron a sangre y fuego la vida institucional del país en las décadas de 1980 y 1990.

Los disparos contra Uribe Turbay tienen un enorme peso simbólico y político: ocurren en un momento de creciente polarización, a un año de las elecciones presidenciales, y están dirigidos contra una figura de proyección nacional. El uso de un menor de edad como autor material añade una dimensión aún más perturbadora, al evidenciar la forma en que los actores violentos instrumentalizan la vulnerabilidad social para fines criminales.

Las reacciones al atentado han sido firmes. El presidente, Gustavo Petro, canceló un viaje oficial a Francia y ordenó una investigación inmediata. Desde distintos sectores políticos se han expresado mensajes de solidaridad y condena. Pero el gesto institucional, por necesario que sea, no basta. Colombia necesita mucho más que una respuesta reactiva: requiere una estrategia integral para blindar el espacio democrático frente a la violencia, y garantizar que el debate político no vuelva a contaminarse con amenazas físicas ni con discursos que alienten el odio. Colombia ha vivido esto antes. La eliminación sistemática de candidatos presidenciales fue una constante en los años más cruentos del narcoterrorismo. Pero lo que más debe alarmar no es solo el eco histórico, sino la persistencia de las condiciones que permiten que hechos como este vuelvan a ocurrir: la infiltración del crimen organizado, la impunidad judicial, la desprotección de líderes políticos y sociales y un lenguaje político cada vez más envenenado, donde el adversario es tratado como enemigo.

El país tiene ahora no solo una oportunidad, sino la obligación de cerrar el paso a cualquier intento de reinstaurar la violencia como herramienta política. Eso implica encontrar rápidamente a los responsables materiales e intelectuales del ataque y blindar el proceso electoral del próximo año, garantizar la seguridad de todos los candidatos, restaurar el respeto por el disenso como valor democrático y el rechazo frontal a cualquier forma de intimidación.

Colombia debe actuar con firmeza y con unidad. Si se permite que la violencia vuelva a ocupar el centro del debate político, lo que está en juego no es solo una candidatura, sino la viabilidad misma de la democracia. Colombia ha recorrido un largo camino desde las décadas más sangrientas de su historia. De repetirse, sería una derrota colectiva. El atentado contra Miguel Uribe debe servir como un punto de inflexión: no para revivir los fantasmas del pasado, sino para conjurarlos definitivamente. La política no puede, no debe, volver a ser un oficio de alto riesgo.