La Fiscalía

Leo con mucho interés el libro de mi amigo Miguel Pasquau Liaño, juez y novelista, titulado El oficio de decidir (Debate, 2025). Es muy interesante meterse en la piel de alguien que soporta el poder del Estado para tomar una decisión que afecta a la vida de las personas. Sus meditaciones ponen en juego el conocimiento del derecho para decidir entre prejuicios, juicios paralelos, testimonios, pruebas, indicios y sospechas. Miguel Pasquau reconoce que los jueces pueden equivocarse, y eso supone una responsabilidad, porque el poder judicial no descansa en el CGPJ, que no dicta sentencias, sino en el juez que firma una resolución. En un mundo mediático crispado, hay muchos pseudoperiodistas dispuestos a sacar conclusiones fanáticas sin haberse leído siquiera una sentencia.

Mientras leía El oficio de decidir, he sentido el deseo de aclararme ciertos sentimientos. No creo ahora que el problema esté en que los partidos conservadores o progresistas manipulen a los jueces. Si existiera una decencia profesional inequívoca, este mal deseo no tendría mayores consecuencias. Más que en los partidos, el problema está en los jueces que se salen de su decencia profesional para sustituir a la voluntad del pueblo encarnada en la política. Aprovechan la crispación y buscan protagonismo, convertidos en una autoridad social sin límites que no distingue entre denuncias, pruebas, indicios y sospechas. Si este tipo de jueces consigue convertir su soberbia en costumbre jurídica, un poder judicial autopoderoso se convertirá en el problema más grave de la democracia.

Después de que el CGPJ quedara bloqueado, el único contrapoder que puede enfrentarse a la soberbia judicial es la Fiscalía. Ahora comprendo por qué soportamos en España una desmedida persecución mediática contra el fiscal general. Hay quien no quiere justicia, sino una soberbia sin límites dispuesta a borrar cualquier otro tipo de poder democrático.