En defensa de los consumidores

Bruselas está decidida a hacer valer la ley de mercados digitales (DMA, en sus siglas en inglés) con el fin de regular el funcionamiento de las grandes plataformas tecnológicas dentro de la Unión Europea y garantizar así una competencia justa en el sector. No ha dudado para ello en obligar a dos gigantes estadounidenses como Apple y Google a introducir cambios en sus sistemas para ampliar las opciones de compra para los consumidores.

En concreto, el fabricante de los iPhone y los iPad tendrá que permitir que sus dispositivos puedan conectarse a aparatos como auriculares, relojes o televisores fabricados por otras marcas y que puedan hacerlo con la misma facilidad y rapidez con que lo hacen sus propios artilugios. Esa posibilidad —conocida en la jerga como interoperabilidad— ya existe, pero es compleja para el usuario medio, por lo que estos suelen optar por comprar dispositivos del universo Apple, lo que constituye la base del modelo de negocio del gigante californiano y refuerza su posición de dominio en el mercado. De hecho, la cuota de mercado de Apple en la UE ha pasado del 20% en 2019 a rondar el 31% a finales de 2024. Se trata de una decisión histórica sobre la empresa con sede en Cupertino y se suma a la obligación adoptada en 2024 de forzar a la compañía a cambiar los cargadores de sus dispositivos móviles hacia un modelo universal.

En cuanto a Alphabet, matriz de Google, la Comisión ha comunicado que el buscador privilegia sus propios servicios de venta a la hora de ofrecer billetes de avión, tren o reservas hoteleras, lo que restringe la competencia y va contra la DMA. Ambas empresas se arriesgan a multas equivalentes al 10% de su facturación global si incumplen la normativa europea.

Aunque los consumidores todavía tardarán un tiempo en disfrutar de las consecuencias de estas medidas —que en el caso de Alphabet es todavía provisional—, son una señal inequívoca de la determinación de la Comisión de hacer cumplir la ley, como señalaba la propia vicepresidenta de Competencia, Teresa Ribera, “las empresas que operan en la UE, independientemente de su lugar de constitución, deben cumplir las normas de la UE”.

Bruselas desliga estas decisiones de las advertencias de la nueva Administración estadounidense o de la guerra comercial emprendida por Donald Trump. De hecho, la investigación sobre las tecnológicas se inició hace medio año, antes de que Trump ganara siquiera las elecciones. Además, los altos cargos comunitarios han intentado en las últimas semanas rebajar el tono sobre las tecnológicas para no añadir tensión a una relación que no atraviesa sus mejores momentos. No en vano, la UE comunicaba ayer la decisión de retrasar sus aranceles sobre productos estadounidenses —implementados en represalia por los gravámenes impuestos por EE UU al acero y el aluminio europeos— con el objetivo de dar más margen a la negociación con Trump.

Pero una cosa es el ejercicio de diplomacia y negociación propio de dos teóricos aliados y otra dejarse amedrentar por un estilo de gobierno y de relaciones internacionales que hace de la extorsión y la ley del más fuerte su principal arma de negociación. La Unión Europea está decidida a hacer valer el peso de la democracia sobre el imperio de las tecnológicas y la batalla por proteger el patrimonio y a los consumidores europeos empieza por obligar a cumplir la ley a todas las compañías, tengan el tamaño que tengan, que operan en Europa y se aprovechan del mercado europeo.